Ayer por la noche, en una reunión realizada en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, el gobierno federal y dirigentes de diversas organizaciones campesinas lograron un acuerdo de fechas y formato para iniciar un diálogo incluyente y sin limitaciones temáticas a fin de construir un Acuerdo Nacional para el Campo. De esa forma se encauzó, cabe esperar que de manera permanente, la tensión política y social generada por la entrada en vigor, el pasado primero de enero, del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuyas consecuencias, en el marco regulatorio actual y ante una política agraria oficial abiertamente sectaria y favorecedora de las agroindustrias, serían desastrosas de necesidad para la mayoría de los ejidatarios, comuneros, jornaleros y pequeños propietarios dedicados prioritariamente al autoconsumo.

Ha de entenderse que por las características del diálogo anunciado -"sin prejuicios y abierto a todos los temas pertinentes", en palabras del secretario de Gobernación, Santiago Creel- tendrán que ponerse sobre las mesas de trabajo dos asuntos cruciales: la renegociación de los actuales términos del TLCAN en su capítulo agropecuario y la reformulación de las estrategias gubernamentales de desarrollo agrario, toda vez que las actuales hacen caso omiso de las categorías de campesinos arriba enumeradas y se concentran únicamente en las empresas agrícolas capaces de competir exitosamente con los productores estadunidenses y canadienses.

Debe saludarse, por otra parte, el que haya prevalecido el buen sentido político, sensato e incluyente, y que se haya abierto la convocatoria a los gobernadores de todas las entidades federativas y al Poder Legislativo. Ello significa una derrota para los empeños gubernamentales -encabezados, según la información disponible, por el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga- por imponer una ficción de diálogo que era, en realidad, un monólogo intergubernamental carente de representación y políticamente provocador.

Las mesas de trabajo que habrán de arrancar el próximo 10 de febrero quedaron, a fin de cuentas, configuradas como un espacio propicio para sensibilizar a la actual administración sobre la improcedencia de generar competitividad y productividad a partir de la marginación y la miseria, y para persuadirla de la necesidad de adoptar estrategias de desarrollo social que saquen al agro nacional de la postración en que se encuentra como resultado de más de dos décadas de fórmulas neoliberales y de un periodo aún más amplio de corrupción oficial y de políticas clientelares y caciquiles. El primer paso obligado en la solución de cualquier problema es reconocer su existencia, y el diálogo para el campo es una oportunidad para que las organizaciones campesinas participantes informen a los funcionarios del gabinete foxista sobre las lacerantes realidades del agro mexicano y para que el poder público pueda imaginar, formular y aplicar medidas orientadas a contrarrestar los enormes rezagos económicos, políticos y sociales que convierten los reclamos de productividad en meras bromas de mal gusto.

Por el bien de todos, es de esperar que Usabiaga, el secretario de Economía, Fernando Canales, y otros altos funcionarios, asistan a los encuentros con ánimo abierto y disposición para escuchar, y que pueda concretarse, en las reuniones, una verdadera política agraria de Estado.