Bertha Luján comenta que la decisión de la ALDF es una trampa en año electoral

Peligra labor de la Contraloría del GDF por el recorte presupuestal

En riesgo programas para combatir la corrupción; despiden a 50 colaboradores

ELIA BALTAZAR

Al aplicar un recorte de 70 millones de pesos en el presupuesto solicitado por la Contraloría General del Gobierno del DF, la Asamblea Legislativa ha puesto en riesgo la actuación de vigilancia y fiscalización de este órgano, así como los programas emprendidos para combatir la corrupción. Esto ocurre precisamente en un año particularmente difícil por la coyuntura electoral y sus implicaciones, lo que pone a prueba la imagen y el trabajo de un órgano cuyas funciones deben mantenerse al margen de intereses políticos.

Así lo advierte la contralora general capitalina, Bertha Luján, al explicar las responsabilidades que deberá cumplir esta instancia en el año electoral, a pesar de las restricciones en su presupuesto, que significan no sólo el recorte de personal, sino aún la prórroga o suspensión de programas y acciones contra la corrupción, contra el rezago de quejas y resoluciones de administraciones anteriores, así como el aplazamiento del proyecto de modernización informática que reforzaría los controles de vigilancia en el servicio público.

Para la funcionaria, la actuación de los diputados del PRI y PAN deja al descubierto una contradicción con el compromiso de todos por combatir la corrupción y mejorar las funciones de fiscalización de la Contraloría, sobre todo en el contexto de un año electoral, en el que a todos conviene demostrar el buen uso de los recursos públicos.

Luján, incluso, no descarta que la decisión de la ALDF estuviera teñida de "tintes políticos" que tengan como propósito entorpecer las funciones de la Contraloría para provocar y señalar deficiencias. "Evidentemente hay una trampa que busca impregnar de duda la imagen pública de la Contraloría limitando su operación, aun cuando el trabajo se incrementará considerablemente". Sobre todo, dice, si se toma en cuenta que muchos han tenido la intención de convertir esta instancia en un espacio de contienda política.

"Hemos hecho un planteamiento muy claro en el sentido de que somos un organismo técnico y no político. Para este proceso electoral, decimos que todo asunto que tenga que ver con la aplicación de la legislación electoral debe presentarse ante el tribunal en la materia, pues a nosotros sólo nos corresponde revisar la actuación de los funcionarios públicos y el uso de los recursos".

Así delimitada su función en el ámbito de la contienda electoral, la Contraloría pondrá en marcha una estrategia en dos sentidos para afrontar esta coyuntura. Uno es reforzar el trabajo de los contralores internos para cuidar muy bien que los recursos públicos no se utilicen con fines electorales, actuando de manera inmediata si es el caso. El otro tiene que ver con la actuación de los funcionarios públicos, que deberán acatar el acuerdo emitido por el jefe de Gobierno en el que pide a los servidores públicos separarse de su puesto antes de entrar a la contienda electoral.

Pero hay otro frente qué cubrir y tiene que ver con el relevo de aquellos servidores, sobre todo de las delegaciones, que participarán en las elecciones. Para este caso, la Contraloría ha solicitado a los jefes delegacionales contratar despachos externos que lleven a cabo auditorías en torno de las actas de entrega-recepción, para que puedan contar con un dictamen sobre su gestión, antes de dejar sus funciones. Sobre esto la Contraloría llevará un seguimiento.

Inédito hasta ahora, esta instancia se ha propuesto, llevar adelante un trabajo de capacitación para quienes se integren a la administración pública y así evitar problemas en el cumplimiento de la normatividad, para que se ejerza el presupuesto en tiempo y forma, no se incurra en subejercicio y se cumplan las metas de gobierno, a pesar de los cambios políticos, explica Luján.

Expuestas a grandes rasgos las tareas que emprenderá en este año electoral, la contralora ha solicitado la revisión de su presupuesto ante el Ejecutivo para que, en caso de ser posible, se lleve a cabo una reasignación de recursos, en los términos de la ley, pues ha tenido que prescindir del servicio de al menos 50 colaboradores a partir del recorte en sus recursos.

La situación no es fácil, advierte Luján, pues PRI y PAN incluso dejaron a la Contraloría sin el 2 por ciento que le correspondía por auditoría de obra. Se trata de un pago que por ley deben cumplir las empresas contratadas por el gobierno al aplicárseles una auditoría por el trabajo a cumplir.

Sólo el año pasado la Contraloría recibió más de 4 mil quejas, de las cuales procedieron aproximadamente mil. Para cada una de ellas hubo que abrir un expediente, llevar adelante un proceso que incluye citar a testigos, desahogar testimoniales, llamar a audiencias para la aportación de pruebas y finalmente emitir una resolución que, de ser apelada, alarga un proceso que las autoridades deben seguir hasta la última instancia. Todo esto, agrega, sólo en lo que al área de recepción de quejas y legalidad corresponde.