Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Miércoles 15 de enero de 2003
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Capital

Revisión de cuentas públicas en la Asamblea Legislativa

Apremia la Comisión de Gobierno a investigar faltante de $74 millones

RAUL LLANOS Y GABRIELA ROMERO

Para la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la falta de documentación del gasto de más de 74 millones de pesos durante la pasada legislatura es una irregularidad que no va a prescribir, pues ya tomó cartas en el asunto la Contraloría Interna.

No obstante, diputados de PRI y PAN exhortaron a la Comisión de Gobierno de la ALDF para que apremie a esa instancia fiscalizadora y tenga pronto resultados acerca de quiénes son los responsables de que no aparezcan los documentos que comprueben en qué se utilizaron esos 74 millones de pesos, durante el periodo del primero de enero al 15 de septiembre de 2000.

Entrevistados ayer antes de su reunión con los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la CMH, los contadores Carlos Sierra y Carlos Nava precisaron que ya se entregó a la Contraloría Interna de la Asamblea todo el expediente donde se señala como "presuntos responsables" a los tesoreros de la primera y segunda legislaturas, César Cordero Madrigal y Miguel del Rosal, respectivamente, quienes influyeron para causar daño al erario por el monto señalado.

Durante la reunión con los diputados, los contadores presentaron el estado que guardan las recomendaciones relacionadas con la revisión de las cuentas públicas de 1998, 1999 y 2000, y respecto a las 36 entidades que aún no cumplen con las mismas. Los diputados Marco Antonio Michel, del PRI, y Jaime Guerrero, de Democracia Social, pidieron un informe pormenorizado sobre las dependencias que se encuentran en esa situación y cuáles son las leyes que desacataron.

De acuerdo con el informe presentado, en 1998 se hicieron 52 fincamientos de responsabilidad resarcitoria por 40.7 millones de pesos; en 1999 se tuvieron 24, equivalentes a 58 millones de pesos, y en el caso del ejercicio fiscal de 2000 se tuvieron 25 fincamientos de responsabilidades administrativas, por un monto de 19 millones de pesos.

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