Aunque no es responsable por omisión, sí fue requerido, dice el subprocurador Campos

Deslindan a Bermúdez Molina de la corrupción en la FEADS de Tijuana

CAROLINA GOMEZ Y JORGE A. CORNEJO CORRESPONSAL

El procurador Rafael Macedo de la Concha "confía plenamente" en los elementos de la Procuraduría General del República y "por el momento" deslinda de cualquier responsabilidad en los hechos ocurridos en Tijuana, Baja California, al titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Salud (FEADS), Estuardo Mario Bermúdez Molina, quien demostró con "documentales" haber cumplido con la orden de que las poco más de 30 subsedes de la FEADS se integraran operativamente bajo el mando de los delegados.

En conferencia de prensa, José Jorge Campos Murillo, subprocurador de Procedimientos Penales C de la dependencia, aseguró que Bermúdez hasta ahora no es responsable por omisión, aunque aclaró que "sí fue requerido" para que explicara por qué la subsede en la que se decomisaron 4.85 toneladas de mariguana no se había seguido la instrucción, y aclaró que los siete elementos consignados eran de reciente ingreso a esa plaza de la FEADS. "Algunos estaban recién llegados, y otros tenían sólo seis meses allí".

No obstante, según la procuraduría de Baja California, desde octubre de 2002 comunicó a la delegación estatal de la PGR sus sospechas de que el personal de la FEADS en Tijuana era presunto responsable de "levantones", secuestros y asesinatos.

El procurador general de Justicia de Baja California, Antonio Martínez Luna, dijo hoy que en varios casos investigados por la Policía Ministerial del Estado (PME) relativos a homicidios y secuestros, algunas de las líneas de investigación establecen como posibles autores a elementos de la PGR.

Esta corrupción fue reconocida por Bermúdez, quien en entrevista señaló que lo ocurrido en Tijuana "pone de manifiesto (...) la firme determinación de las autoridades de limpiar una estructura que por desgracia con tan poquito tiempo de vida se corrompió tanto, como fue la FEADS".

Según Campos, quien encabezó el grupo que se trasladó a Tijuana para las primeras investigaciones, el pasado 10 de enero el procurador Macedo supo de acciones ilícitas de los agentes federales en Tijuana, por lo que solicitó la intervención del Ejército.

Tras negar que el procurador general haya optado por el Ejército porque está debilitada la confianza en sus funcionarios, Campos cayó en contradicciones, al señalar inicialmente que había sospecha de que en la sede de la FEADS en la Mesa de Otay habría armas escondidas. Luego cambió su versión, sostuvo que la expectativa era encontrar droga y que por esa razón el procurador Macedo prefirió que interviniera el 28 batallón de infantería.

Informó que Othoniel y Jaime Díaz García, los presuntos narcotraficantes a quienes se decomisó la droga, podrían pertenecer al cártel de los Arellano Félix. Agregó que el estupefaciente tenía como destino final Estados Unidos.

Se negó a dar detalles para no interferir con las pesquisas sobre el paradero de los detenidos. Sin embargo, en Tijuana se conoció el domingo que tras ser consignados, el comandante de la FEADS, José Miguel Uribe, cinco agentes y un empleado de la institución, acusados de extorsionar a dos narcotraficantes, fueron trasladados a la penitenciaría de La Mesa, donde se les colocó en una zona apartada del resto de la población carcelaria por temor a que fueran objeto de alguna agresión por parte de los internos.

En tanto, Othoniel y Jaime Díaz García fueron trasladados en el mismo grupo al penal, pero ubicados con el resto de la población.

Martínez Luna adelantó que a partir de la próxima semana las instalaciones de la procuraduría estatal podrán ser inspeccionadas sin previo aviso por personal militar para constatar las condiciones en las que se da cumplimiento a la licencia colectiva de uso de armas de fuego por parte de los agentes de la PME.

Las instalaciones de la FEADS en la delegación municipal de Mesa de Otay continuaban todavía este lunes resguardadas por efectivos militares.