La determinación del gobierno federal de asegurar las instalaciones de Canal 40, ante la falta de acuerdo entre la corporación de Javier Moreno Valle y Tele- visión Azteca, constituye un grave error oficial y un inquietante precedente de impunidad tolerada, o incluso auspiciada, desde el poder público.

En primer término, al margen de a cuál de las partes involucradas en el conflicto le ampare la razón en relación con su contencioso judicial, es claro que la toma de las instalaciones de CNI en el cerro del Chiquihuite por parte de la empresa de Ricardo Salinas Pliego fue un acto arbitrario, un atentado contra la libertad de expresión y una amenaza para toda la sociedad. La apropiación de la señal de Canal 40 y de su infraestructura de transmisión es un probable delito que el gobierno federal, hasta el momento, no ha enfrentado con la determinación que corresponde a tan graves acontecimientos, máxime cuando la frecuencia operada por Canal 40 es propiedad de la nación y las instalaciones del Chiquihuite son un centro estratégico para las comunicaciones del país. Que un comando armado pueda ocupar por la fuerza un bien en disputa, sin resolución judicial alguna y sin que la autoridad competente cumpla su obligación legal y moral de revertir tal situación, implica que en el país impera la ley de la jungla y que el gobierno ha claudicado de sus obligaciones de preservar el estado de derecho. Los peligros que tal actitud oficial acarrea a toda la sociedad son enormes, pues la decisión gubernamental de avalar por omisión un acto de fuerza -en este caso la toma de las instalaciones y la señal de Canal 40 por parte de Tv Azteca- abre el paso a la impunidad y a la eventual preparación de nuevos atentados por parte de cualquier persona que pretenda cobrarse por su cuenta afrentas falsas o verdaderas.

El gobierno federal ha amparado un acto irregular y ha cometido una injusticia al dictar el aseguramiento de las instalaciones del Canal 40. La corporación de Javier Moreno Valle es, hasta el momento, la legítima tenedora de la concesión de la frecuencia televisiva en disputa, misma que le debió ser devuelta por las autoridades. El propio artículo 104 bis de la Ley Federal de Radio y Televisión, invocado por la Secretaría de Gobernación para justificar esta medida, señala que el aseguramiento será procedente contra quien "sin concesión o permiso del Ejecutivo federal opere o explote estaciones de radiodifusión". Es claro que quien ha incurrido en tal comportamiento ha sido Tv Azteca, pues sin ser titular de la concesión de Canal 40 operó su frecuencia tras apoderarse de ella irregularmente. Además, en el mismo artículo se señala que quien cometa tal falta "perderá en beneficio de la nación todos los bienes muebles e inmuebles dedicados a la operación o explotación de la estación que se trate", de lo que se desprende que las instalaciones de Canal 40 no pueden ser aseguradas por el gobierno a menos que sean propiedad de quien operó una estación de radiodifusión sin contar con la concesión respectiva. Así, al dictar el aseguramiento, el gobierno federal asume que el titular de los bienes muebles e inmuebles de Canal 40 en el cerro del Chiquihuite es Tv Azteca, y con ello valida el apoderamiento del que CNI fue víctima, pues sólo una autoridad judicial puede sentenciar la transferencia de la propiedad de un bien en disputa, fallo que a todas luces no ha tenido lugar.

¿Por qué el gobierno federal se ha prestado a tal injusticia y se ha colocado del lado del agresor y no de la víctima? ¿Qué mensaje envía a la sociedad al actuar así? ¿Se trata de un error o de una parcialidad facciosa? ¿Por qué el secretario de Gobernación señaló que corresponde ahora a las instancias jurisdiccionales resolver la controversia, cuando el propio gobierno federal se ha anticipado ya a los jueces y ha asumido erróneamente, al asegurar las instalaciones de Canal 40, que éstas son propiedad de la empresa que operó una estación de radiodifusión sin concesión, es decir, de Tv Azteca? ¿Por qué las autoridades se han colocado del lado del agresor y le han negado a la víctima el legítimo derecho a la restitución de lo que le pertenece? ¿Por qué el titular de Gobernación no se pronunció expresamente sobre la toma de Canal 40 por parte de Tv Azteca y, en cambio, recurrió a una medida que avala implícitamente lo ocurrido el 27 de diciembre en el cerro del Chiquihuite?

La pasividad inicial del gobierno federal en esta caso, y la equivocación -o complicidad- oficial registrada ayer minan severamente la credibilidad de las autoridades y el estado de derecho, situación que pone en grave riesgo la estabilidad general del país. Por ello, es urgente e indispensable que el Ejecutivo federal rectifique su decisión y reintegre a la empresa de Javier Moreno Valle las instalaciones y la señal televisiva de la que es concesionaria, con el propósito de que este conflicto pueda sustanciarse en los tribunales sin la presente adulteración perpetrada desde Tv Azteca y avalada ayer por el gobierno. Sólo así podrá restablecerse la legalidad, mantenerse vigente la libertad de expresión y mostrarse ante la ciudadanía que el Estado y la presente administración están realmente comprometidos con la justicia.