OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA EDUCACION

Comunicado No. 91

ƑMás recursos para 2003?

Lejos, un 8 por ciento del PIB para educación
Disminuidos, los fondos para ciencia

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO los diputados corrigieron la propuesta de gasto de la Secretaría de Hacienda. Entre 15 y 16 de diciembre aprobaron un presupuesto para 2003 con casi 48 mil millones de pesos adicionales a la iniciativa del Ejecutivo, de los cuales el área educativa obtuvo poco más de 6 mil millones. A diferencia de 2002, la aprobación ocurrió en la fecha prevista, pero hubo apresuramiento, cierta confusión por los renglones de gasto educativo favorecidos y dificultades para ajustar las cifras. Además, semanas antes los mismos diputados aprobaron una reforma al artículo 25 de la Ley General de Educación (LGE) para obligar por ley al Estado a asignar un gasto educativo no menor a 8 por ciento del PIB, lo que supondría que, siendo los diputados quienes lo autorizan, avanzarían en esa dirección.

DESDE 1997, FECHA en la que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, los legisladores han adquirido mayor responsabilidad en el diseño del gasto público y mayor peso en la definición de prioridades. Por esta razón, las agrupaciones que demandan mayores recursos públicos han buscado por diferentes vías y cada vez con más insistencia la interlocución con los legisladores.

EL PRESUPUESTO APROBADO es el último en la 58 Legislatura. Este año se realizarán elecciones de diputados y probablemente se modifique el actual balance de fuerzas políticas en el Congreso. La Cámara de Diputados, sin embargo, continuará desempeñando papel relevante en materia presupuestal. La aprobación del Presupuesto de Egresos es una de sus atribuciones exclusivas, pero no la única razón. Por un lado está la reforma legal que prescribe destinar un gasto educativo como proporción del PIB -misma que los senadores ratificaron- y que al parecer deberá cumplir la siguiente Legislatura en el presupuesto del año próximo. Por otro, los legisladores se han ubicado como interlocutores para lograr mayores recursos; ha sido recurrente el incremento a la propuesta de gasto público del gobierno federal y las negociaciones al límite. Conviene reparar en el apresuramiento en la toma de decisiones, las modificaciones sugeridas y las tendencias previsibles.

EL GOBIERNO FEDERAL hizo llegar el pasado 4 de noviembre su proyecto de egresos a los diputados. En la exposición de motivos se establece el propósito de destinar 267 mil 452 millones de pesos a educación (p. 48), que significaría, según el proyecto, 1.6 por ciento más en términos reales respecto al año anterior. También se proponía que del total de gasto cerca de 60 por ciento se ejerciera por las entidades federativas y municipios mediante el ramo 33. El supuesto incremento no coincide con las cifras de gasto de 2002. Los legisladores en diciembre de 2001 aprobaron 273 mil 752 millones de pesos y en los anexos estadísticos del segundo Informe de Gobierno se reportan 277 mil 38 millones de pesos (p. 35). Como estas últimas cifras son superiores a la propuesta del gobierno federal, lo que aparece en la iniciativa de Hacienda no es un aumento del gasto, sino lo contrario. Pero no necesariamente es así: una posible explicación es que la clasificación administrativa y funcional del gasto nuevamente fue modificada y la información no es comparable con la del año anterior. Tendría que aclararse.

A DIFERENCIA DE administraciones anteriores y aun del esquema utilizado en 2002, la exposición de motivos no desglosa cifras por nivel educativo o programa, sólo enfatiza que los recursos permitirían alcanzar diferentes objetivos en el año. En los anexos de la propuesta gubernamental, dentro de la clasificación del gasto por ramos se aclaran partidas generales: 104 mil 371.6 millones de pesos al gasto que la SEP ejerce mediante sus dependencias (ramo 11), 152 mil 404.5 millones de pesos de gasto educativo para entidades federativas y municipios (ramo 33), y 21 mil 392.7 millones de pesos para Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, que es el gasto educativo para el Distrito Federal (ramo 25). La suma de estos parciales tampoco coincide con el monto de 267 mil 452 millones anotado en la exposición de motivos; es superior en casi 10 mil millones de pesos. Desafortunadamente no existen notas aclaratorias ni explicación en los anexos.

LA PROPUESTA DEL gobierno de gasto para ciencia y tecnología -incluyendo Conacyt- fue de 22 mil 11.9 millones de pesos. Sorprendió la disminución de recursos, ya que es inferior en más de 4 mil millones de pesos a la del año anterior (datos del segundo Informe de Gobierno). En efecto, tal como lo definieron las reformas legales del área científica de junio de 2002, que implican la desectorización del Conacyt, se estableció un ramo de gasto independiente (ramo 38) y se propuso dotarlo con 7 mil 935.8 millones de pesos para el ejercicio 2003. Aunque esta cifra significaba aparentemente duplicar los recursos de Conacyt, en realidad implicaba una disminución de 20 por ciento en el monto global de recursos públicos para ciencia y tecnología.

AUNQUE TAL DISMINUCION fue advertida por los legisladores, el presupuesto para ciencia y tecnología no se incrementó de forma sustantiva. Los diputados adicionaron a la propuesta del gobierno federal 300 millones de pesos para los centros públicos de investigación, con lo que el nivel de gasto científico pasó de 22 mil a 22 mil 308 millones de pesos, cifra aún inferior en 4 mil millones a la del año anterior. El punto está en que, según la reforma del artículo 25 de la LGE aprobada por los diputados, el gasto para ciencia y desarrollo tecnológico en las instituciones de enseñanza superior deberá ser al menos de uno por ciento respecto del PIB. Según datos de los anexos estadísticos del último Informe de Gobierno, el gasto del año anterior representaba una proporción de 0.43 por ciento (p. 111). Ahora la proporción disminuiría a 0.42 por ciento. Más lejos el propósito de alcanzar el uno por ciento y menos probable de alcanzar en 2006.

LA CORRECCION QUE HICIERON los diputados de la propuesta de Hacienda de gasto educativo se dio en el contexto de la reforma de la LGE, que implica garantizar que el presupuesto de educación alcance una proporción de 8 por ciento de PIB en 2006. No obstante, el aumento de 6 mil millones de pesos adicionales es poco significativo en la perspectiva de alcanzar tal meta: se hubieran requerido 30 mil millones adicionales para aumentar medio punto de PIB.

EN LA SESION en que se discutió el presupuesto hubo cierta confusión por los rubros de gasto que se estaban incrementando, lo que generó una aclaración del secretario de la comisión responsable del dictamen del Presupuesto de Egresos. El diputado Guillermo Hopkins Gámez, en nombre de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, anotó: "con objeto de que los diputados tengamos claridad de cuáles fueron las ampliaciones de gasto que están autorizando en este proceso y que no quede ninguna duda.... voy a dar lectura a los montos totales por dependencia y en algunos casos por programa" (versión estenográfica de la sesión, 15/12/02). Efectivamente, el incremento para educación era de poco más de 6 mil millones de pesos, "para que los maestros no tengan ninguna duda ni ninguna diferencia por ramo presupuestal ante la Secretaría de Educación Pública", señaló. El aumento de 6 mil 240 millones se dividió en 3 mil 540 millones para el gasto que ejerce la SEP (ramo 11) y 2 mil 700 millones al gasto educativo para el Distrito Federal (ramo 25).

ASPECTO RELEVANTE, QUE ahora depende de los legisladores, es el fundamento puntual del incremento del presupuesto y los renglones de gasto educativo beneficiados. Pero, al igual que el gobierno federal, los legisladores tampoco fueron claros. El dictamen de la comisión correspondiente, que sirve de base para la discusión, justificación y aprobación en el pleno, no ha sido publicado como debiera en la Gaceta Parlamentaria.

EN RESUMEN, si tomamos como referencia la cifra 267 mil 452 millones de pesos que proponía el gobierno federal y sumamos los 6 mil 240 millones de incremento, tenemos un gasto educativo de 273 mil 692 millones para este año. Este monto es aún inferior en casi 4 mil millones de pesos al del año anterior. Y si tomamos como referencia las cifras del decreto del Presupuesto de Egresos publicado en el Diario Oficial de la Federación, que sería la fuente correcta para estos efectos, tenemos un gasto educativo neto de 282 mil 687 millones de pesos (DOF 301202: p. 202 y ss.). Lo que supondría un incremento de cerca de 3 por ciento respecto del año anterior, que se anula si tomamos en cuenta el nivel de inflación del año, cercano a 5 por ciento. Sin embargo, persiste el problema sobre la confiabilidad de cifras, organización y distribución de recursos.

LOS DIPUTADOS introdujeron en el decreto de presupuesto un artículo transitorio que señala que Hacienda deberá enviar a la comisión legislativa correspondiente el presupuesto aprobado con información actualizada. Añaden: "El Tomo I de Exposición de Motivos deberá incluir los cuadros modificados con el presupuesto aprobado, la información que los haga comparables con las clasificaciones administrativa, económica y funcional utilizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2002" (DOF. p. 202). Esto significa que los diputados en el fondo ignoran el esquema de organización y distribución del presupuesto que aprueban. Si los legisladores tienen un peso cada vez mayor en la definición de prioridades del gasto, cabría precisar quién debe asumir la responsabilidad en el diseño del gasto, lo mismo que diferenciar el papel de Hacienda y legisladores.

INTERROGANTES: ƑQuién se responsabiliza por el diseño del presupuesto? ƑCuáles son los ámbitos de responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y de los legisladores? ƑQué elementos utilizan para decidir modificaciones, razonar su voto y aprobar el nivel de gasto educativo? ƑPor qué la organización y clasificación del gasto no es transparente y comparable con la de ejercicios anteriores? ƑCómo se entera la ciudadanía en qué se gastan los recursos? ƑPor qué los legisladores no avanzaron en la meta de 8 por ciento del PIB en el gasto educativo?

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