Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Viernes 10 de enero de 2003
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Política

Jaime Martínez Veloz

Julio Sandoval, indígena preso en Baja California

Con su desconocimiento, ignorancia y actitud, sectores mayoritarios de la nueva administración "del cambio" están contribuyendo a em-peorar las condiciones de opresión estructural contra los indígenas mexicanos. Si el régimen anterior apostó al olvido y la descomposición del conflicto chiapaneco, la nueva "autoridad" supone que para resolver las demandas indígenas basta con una suerte de acondicionamiento mental, como concentrarse fervientemente para lograr cualquier meta.

El presidente Vicente Fox cree sinceramente que su buena fe es suficiente argumento para que los indígenas dejen de molestarlo, contengan sus demandas, se armen de paciencia cristiana y esperen a que les toque su turno para ser atendidos, algo así como varios cientos de años.

La administración foxista debería reconocer que nunca apoyó la verdadera reforma constitucional por los derechos y cultura indígenas; nunca con la intensidad que ha dedicado a las reformas eléctrica y laboral. La reforma indígena sí es estructural y necesaria para garantizar el desarrollo nacional, por lo que es muy sintomático que la publicidad gubernamental la haya excluido de las mentadas reformas estructurales.

Los compromisos del Presidente pueden ser muchos, pero es un hecho que ha relegado a los indígenas mexicanos. El incumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar constituye un vergonzoso episodio de la historia nacional, porque la soberbia racista de importantes figuras políticas pudo más que la obligación de Estado.

Veamos el trato a los indígenas en Baja California, así como la actitud de la administración local, cuyas acciones rayan en lo ridículo. Si no fuera por la delicadeza del asunto, el concierto de desatinos panistas mataría de risa.

En los 13 años que tiene el PAN en el poder nunca ha detenido a un narcotraficante, por el contrario, se ha coludido con ellos. Sobran ejemplos en que los lugartenientes de los cárteles han asumido cargos importantes en los órganos de seguridad pública del estado y no es un secreto que dependencias públicas han sido lavadoras de dinero proveniente del narcotráfico. Más grave aún es que el gobernador realice negocios directos en bienes inmuebles, en los que, según autoridades federales, existe presunción de lavado de dinero. Estos casos están ampliamente documentados en los medios de comunicación locales. Y como no pueden con los capos por miedo, incapacidad o complicidad, optan por aplicar la "fuerza de Estado" a los más pobres, los indefensos, sobre todo a los luchadores sociales indígenas.

Ejemplos siniestros de la arrogancia del poder hay muchos, pero expongamos uno, el del líder indígena Julio Sandoval, prisionero de conciencia del foxismo, encarcelado en Ensenada, Baja California.

El indígena oaxaqueño ha experimentado lo que es padecer la fuerza del Estado: fue sentenciado a seis años de prisión bajo una aberración jurídica que la "legalidad panista" ha tenido a bien inventar para reprimir cualquier tipo de disidencia y organización social.

Desde las más altas autoridades hasta el celador de más bajo rango se han encargado de hacerle saber a Julio Sandoval "quién es la ley". Inclúyase entre los eslabones de la cadena de mando a burócratas federales de medio pelo de una muy gris dirección o coordinación política con entidades federativas y municipios, así como de Gobernación, que se niegan a tomar una simple llamada telefónica de Sandoval. "Cualquier consulta -ha dicho el kafkiano subdirector- debe ser por escrito." Y, por si hubiera dudas, añadió en tono grave: "nosotros somos muy serios".

Quizá ésas sean minucias comparadas con el trato cotidiano que le dan los representantes de la ley y el orden en la prisión. A pesar de que Julio Sandoval padece una enfermedad crónica se le niega el acceso a una atención médica seria. Cuando no les ha quedado de otra lo han llevado a consulta encadenado de pies y manos, como animal. En la Navidad pasada impidieron a su esposa entregarle tamales: "podían llevar droga", argumentaron las autoridades. A la indígena le resultó inútil insistir, sólo habla triqui. Tal vez si hablara inglés, lengua materna de algunos importantes políticos panistas, al menos hubiera sido escuchada.

ƑExiste alguna diferencia entre el actual y el pasado régimen en su trato hacia los indígenas? Claro, debe haberlas, porque ahora vivimos bajo un régimen democrático y de libertades. Aunque usted no lo crea.

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