Julio Hernández López

Indecisión, lentitud, grupismo

La increíble tardanza para enfrentar el caso Castañeda

El poder federal, al servicio del panismo de Nuevo León y Chihuahua

EL PRESIDENTE DE la República está sufriendo un acelerado desgaste a causa del expediente Castañeda, que no acierta a presentar políticamente resuelto. De manera abierta, el jefe del Estado mexicano ha aceptado un papel secundario, reactivo, condicionado, ante la renuncia que le ha presentado un colaborador que ya no quiere estar con él. Como si hubiese sido tomado por sorpresa, o sus movimientos políticos requirieran de largos días para coordinarse, o sus decisiones tuviesen que ser tomadas en otros centros políticos, el titular del Poder Ejecutivo federal fue incapaz de fijar una postura firme y de trazar líneas resolutivas de cara al futuro, ante una maniobra de su canciller largamente anunciada y presuntamente convenida días atrás. Todo un agitado día de presiones periodísticas (que tuvo sus momentos de exasperación ya al final de la gira por estados norteños) desembocó torpemente en una tregua que se concedió a sí mismo Vicente Fox para tratar de convencer al declinante de que siguiera en su cartera (al menos eso dijo, aunque todos los indicios muestran que la citada renuncia ya es un hecho consumado) o, en dado caso, para anunciar el siguiente lunes (esa vocación presidencial por las vacaciones, por los descansos, por los fines de semana) una serie de movimientos que la prensa ya adivinaba y que fuerzas políticas que se supone deberían estar en espera de la resolución presidencial ya asumían como realidades (dos ejemplos: los gobernadores priístas norteños, que en presencia de un Fox que trataba de hacerse el desentendido vacilaban el miércoles a Fernando Canales Clariond por su sabida incorporación al gabinete, y los panistas de Nuevo León que ya tenían preparada la estrategia para que Fernando Elizondo sea el gobernador interino y para, al mero estilo priísta, poner el gobierno del estado al servicio del candidato oficial, que es Mauricio Fernández Garza).

LA IMAGEN DE un Presidente indeciso, lento y entrampado no proviene, sin embargo, sólo del increíble espectáculo ofrecido por él al darse unos días para ver si convence a un subordinado de que no le renuncie y para anunciar lo que ya todo mundo sabe. El torbellino del arranque oficial de 2003 (es decir, después del 6 de enero, pues antes de ello todo fue paz y felicidad en la intimidad guanajuatense) ha mostrado a Fox en una lamentable condición de simple testigo protegido de los hechos que él debería conducir conforme a un mandato constitucional. La sensación de inseguridad política que llenó el segundo semestre del año pasado, con los machetes de Atenco como sustitutos de la política y la ley, fue rápidamente instalada al principio de éste con la abdicación gubernamental de responsabilidades frente al ataque armado contra instalaciones federales de transmisión de señales televisivas. Y luego, a las carreras, como si el problema hubiera estallado ese mismo Día de los Reyes Magos en que las instituciones federales parecieron resucitar, el foxismo se sacó de la manga la idea de requisar la señal de la discordia, colocándose nuevamente en evidente riesgo de sufrir nuevo descalabro jurídico, pues las causales de emergencia o de atentado a la seguridad nacional no se dan en el caso del conflicto mencionado y, si así fuese, tampoco es explicable por qué una situación de tal gravedad hubo de esperar 10 días a que los altos funcionarios federales se dignaran enterarse de que el Amigo Salinas Pliego había tomado la ley en sus manos.

CON MENOS REFLECTORES (y, en algunos casos, a juicio de este tecleador malpensado, con encargo superior a algunos medios "amigos" de cargar la tinta o el micrófono contra una de las partes en conflicto, la estatal de gobierno priísta), en Chihuahua se está viviendo otro episodio demostrativo del carácter faccioso con que se está ejerciendo el poder federal. Patricio Martínez es un gobernador priísta con muchos puntos en contra, derivados de su carácter atrabancado (que algunos creen que linda con el desequilibrio mental), de una mala evaluación pública de su accidentada gestión y de las sospechas de colusión con el narcotráfico que se avivaron con el nombramiento de su procurador de Justicia, Jesús José Solís Silva, conocido como El Chito, quien, a decir del senador panista Javier Corral Jurado (miembro del grupo de Francisco Barrio Terrazas), "se ha caracterizado por la sistemática violación de los derechos humanos, además de que en innumerables ocasiones se le ha vinculado con los cárteles de la droga". El susodicho Martínez ha librado una fortísima batalla política contra el contralor Barrio, sobre todo a propósito de las elecciones de Ciudad Juárez, asiento, como es sabido, de una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del país. Para apoyar a sus correligionarios, Barrio llevó a aquella población fronteriza a diversos secretarios de Estado para que anunciaran ayudas a la localidad, y en sus esfuerzos oratorios desde allí lanzó la tesis de los "peces gordos" a punto de ser freídos. Pues bien, en ese mismo punto de conflicto, la Policía Federal Preventiva decidió esta semana inaugurar durante una gira del gobernador, sin aviso ni antecedentes, una política de restricción de portación de armas que el Reglamento General de Aeropuertos considera en su artículo 160 pero que es de extendida e histórica inobservancia. A causa de la súbita puesta en vigencia de esa disposición, policías federales y escoltas del gobernador de Chihuahua discutieron en el área privada (donde abordan sus aviones particulares los políticos y los empresarios) a causa de la insistencia de los primeros en desarmar a los segundos, cosa que finalmente sucedió antes de que arribara al lugar el gobernador Martínez, a cuya partida, luego de un acto oficial, y ya en un segundo episodio, volvieron a discutir los policías hasta que se desató una trifulca que por fortuna no terminó en tragedia. Ya antes Martínez sufrió un atentado nunca adecuadamente investigado por las autoridades federales, y ahora en Ciudad Juárez, el gallinero que Barrio reclama como personal, pareciera haber caído en algo que parecerá una provocación si esa repentina obsesión por desarmar en áreas aeroportuarias privadas a todo aquel que no sea agente federal no se está repitiendo ya sin excepciones en todos los hangares de los gobiernos estatales y de las empresas privadas a cuyos dueños cuidan pistoleros particulares.

LENTITUD EN LA toma de decisiones pero, peor aún: grupismo evidente, comportamiento faccioso, torcimiento de las instituciones para favorecer a los amigos, así sea el grupo íntimo con la señora Marta a la cabeza (que celebra la caída de Castañeda y la asunción de Derbez), o los aliados de Televisión Azteca, o los panistas de Nuevo León y de Chihuahua. De un Presidente de todos a un Presidente de partido.