Empresarios, líderes sindicales y gobierno, únicos ganadores: investigador de la UAM

Reinstaura relaciones corporativas el proyecto de reforma laboral foxista

Lo más grave es el avance de las demandas de los industriales, afirma Enrique de la Garza

FABIOLA MARTINEZ

El proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno foxista representa "un nuevo pacto corporativo" entre empresarios, Estado y sindicatos tradicionales, afirmó Enrique de la Garza, especialista en el movimiento obrero mexicano y procesos productivos.

Lo más grave -subraya- no sólo es la "restauración de las relaciones corporativas", sino el avance de las demandas históricas de la iniciativa privada en cuanto a flexibilidad laboral, entendida por los representantes patronales como sobrexplotación de la mano de obra sin compromisos para compartir las ganancias ni elevar la capacitación o la creatividad del trabajador.

De la Garza, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y autor de una veintena de obras en torno al tema, explicó que en el proyecto de ley, redactado a convocatoria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se incluyeron, además de los principios de la doctrina social de la Iglesia católica ("el respeto a la persona humana como base del derecho y la empresa entendida como una comunidad de intereses"), elementos surgidos de la doctrina gerencial de la calidad total.

Lo anterior redunda en dos temas centrales -incluidos en la iniciativa- presentados como única opción para generar más y mejores empleos: flexibilidad del trabajo y restricciones a la libertad de asociación, contratación y huelga.

En cuanto al primer elemento destaca el ajuste del número de trabajadores a las necesidades productivas de la empresa, principio que se evidencia en contratos a prueba -sin responsabilidad para el patrón en cuando a indemnización por despido- y contratos de capacitación hasta por tres meses.

De la Garza explicó que la flexibilidad no es sólo numérica (respecto a la cifra de obreros empleados), sino también funcional; es decir, aquella que plantea jornadas laborales discontinuas, ampliación pactada de tareas y cambio de días de descanso.

A las definiciones anteriores, perfectamente delineadas en el proyecto de reforma, se agrega una tercera posibilidad: flexibilidad salarial, que es más "pobre" que las anteriores porque no ofrece compromisos explícitos de compartir las ganancias de productividad a través de bonos más allá de pagos ínfimos por asistencia o puntualidad.

El investigador, coordinador del doctorado en Estudios Sociales de la UAM-Iztapalapa, aseveró que es "totalmente falso" que el método anterior sea la única vía para elevar la productividad y la competitividad. Lo que sucede, dijo, es que empresarios y gobierno insisten en imponer el modelo maquilador, que incluye mayor intensidad de mano de obra (trabajo más a prisa) y bajo salario.

"Lo que sucedió aquí (en la iniciativa) es que salen ganando los patrones, los dirigentes del Congreso del Trabajo y el mismo gobierno al firmar la continuidad de las relaciones laborales corporativas, que han garantizado la paz laboral en México durante tanto tiempo", expresó.

En consecuencia los grandes perdedores son los trabajadores y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), en especial la dirigencia del sindicato de telefonistas (integrante de la presidencia colegiada de la UNT), la cual creyó que mediante su propuesta de un nuevo pacto social productivo, exitoso en Telmex, podía ponerse a la cabeza de las reformas. "Pero este proceso mostró que las ideas no bastan si no se cuenta con la fuerza necesaria para impulsarlas", dijo.