Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Lunes 30 de diciembre de 2002
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Editorial
 
URGENTE COMPROMISO CON EL CAMPO MEXICANO

sol-2El próximo primero de enero entrará en vigor el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y con ello el campo nacional -abandonado a su suerte desde hace al menos dos décadas- será sometido a una competencia extranjera desigual, fuertemente subsidiada, abusiva e injusta, que no hará sino ampliar la dependencia alimentaria del país, empobrecerá todavía más a los productores mexicanos, agudizará la indignación y el desamparo de millones de campesinos y será causa de mayores tensiones sociales.

Con todo, la responsabilidad por el abandono del agro y la rendición de la soberanía alimentaria de la nación no se circunscribe a factores externos. Por el contrario, los sucesivos gobiernos, al menos durante los últimos cuatro sexenios, son los causantes de gran parte de la terrible situación que aqueja al campo del país.

La aplicación de políticas antisociales en materia agropecuaria para favorecer a empresas trasnacionales (como la vulneración oficial de las cuotas de importación durante el gobierno de Ernesto Zedillo), el desprecio por los trabajadores agrícolas, la corrupción en las instituciones de desarrollo rural, la rendición ante los dictados del extranjero durante la negociación del TLC, la tolerancia e incluso la displicencia ante la depredación ecológica, la insuficiencia o la manipulación electorera de los apoyos al agro y la falta de voluntad gubernamental para establecer una estrategia de Estado para el desarrollo y la protección del sector primario nacional son sólo algunos ejemplos de la saga de lacras que, desde la autoridad, se han perpetrado contra los campesinos, ejidatarios y pequeños productores mexicanos.

El propio gobierno de Vicente Fox no ha sido capaz de colocarse a la altura de las circunstancias, pues mantiene las mismas prácticas y estrategias agropecuarias que sus antecesores priístas, se ha limitado a repartir promesas de apoyo económico, a todas luces insuficientes y tardías, y no se ha atrevido a comprometerse de manera cabal con los productores mexicanos.

La suspensión temporal de las disposiciones agropecuarias del TLC -que habría sido una opción solidaria y además prevista en las disposiciones del propio tratado y de la OMC- fue rechazada por la presente administración tras las fuertes presiones ejercidas por Washington y los personeros nacionales y extranjeros de las trasnacionales agropecuarias.

Si bien es cierto que la crisis del campo mexicano es de índole estructural y tiene raíces que se remontan muchos años atrás, tal situación no explica ni justifica el entreguismo y la pasividad de la presente administración frente a la invasión de productos agropecuarios extranjeros.

La devastación del campo nacional y de quienes lo trabajan tendrá, si no se ataja oportunamente, graves consecuencias en términos económicos y sociales: el país rendirá su soberanía alimentaria ante el extranjero, la presión migratoria de campesinos a las grandes ciudades y a Estados Unidos crecerá notoriamente, se destruirán miles de puestos de trabajo y la pobreza, la desigualdad, la ruina de los ecosistemas y las tensiones sociales se incrementarán peligrosamente.

Los anuncios de movilizaciones y bloqueos de vías de comunicación realizados en días recientes son apenas un reflejo de la desesperación y la irritación que aqueja a los millones de mexicanos que verán en 2003 -de no enfrentarse con determinación esta crisis- la destrucción de sus fuentes de ingreso y de su modo de vida.

Por ello es imperativo un compromiso del Estado en favor del campo mexicano y una actuación decidida de las autoridades para frenar la competencia desleal, la depredación comercial en materia agropecuaria y la agudización de la pobreza y los conflictos en el país.

El ejercicio de mecanismos legales y compensatorios previstos en los propios acuerdos comerciales firmados por México, y el establecimiento de una política integral de apoyo al agro y a quienes de él dependen, son medidas necesarias y urgentes. La soberanía alimentaria, la estabilidad social y el desarrollo justo y solidario de la nación están en juego.
 

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