La crisis desatada por la reactivación del programa nuclear de Corea del Norte ha escalado un nuevo peldaño tras la determinación del gobierno de ese país de expulsar a los inspectores de la ONU que supervisaban las instalaciones atómicas norcoreanas, medida a la que Washington ha respondido de manera amenazante y que constituye un nuevo y peligroso foco de tensión internacional.

Ciertamente, la pretensión del régimen de Kim Jong Il de construir un arsenal atómico resulta reprobable, pues viola las normas internacionales en materia de no proliferación nuclear y suscita tensiones y desequilibrios a escala global. Empero, esta arriesgada reacción de Pyongyang tiene antecedentes de los que Washington no está exento. El primero de ellos es la suspensión de los envíos de petróleo y alimentos a Corea del Norte, nación que depende de los suministros extranjeros para paliar su desastrosa situación económica y social.

Por otro lado, no debe olvidarse que la Casa Blanca incluyó a ese país en su arbitrario y ominoso "eje del mal", una provocación desmesurada que humilló y azuzó a Pyongyang. Así, más aislada que nunca, Corea del Norte parece haber elegido la opción casi suicida de retar a Estados Unidos y sus aliados justo en el momento en que se apresuran los preparativos para una invasión contra Irak.

No obstante, en el entendido de que la proliferación nuclear es un peligro para el mundo, debe enfatizarse el doble rasero de la política exterior de Washington, pues mientras despliega su maquinaria militar y emite amenazas contra Irak y Corea del Norte -países contra los que todavía no hay pruebas de que posean o puedan fabricar arsenales atómicos- no realiza los mismos esfuerzos mediáticos, diplomáticos y militares para frenar a Israel, India o Pakistán, naciones que sí cuentan con tales armas y que en numerosas ocasiones han expresado su disposición a utilizarlas para dirimir sus conflictos externos. Tal situación evidencia la inaceptable pretensión de Estados Unidos de condicionar la vigencia del derecho internacional, y específicamente los tratados de no proliferación nuclear, a sus intereses económicos, sus alianzas regionales, su histeria "antiterrorista" y sus ambiciones geopolíticas.

Pero más allá de tales tensiones entre Washington y Pyongyang, lo verdaderamente grave es la terrible situación de miseria y opresión en la que están sumidos los 23 millones de norcoreanos, abandonados por igual por su gobierno y la comunidad internacional. Basta señalar que en ese país cerca de la mitad de los infantes menores de cinco años padecen malnutrición crónica, que cuatro millones de niños sufren de estragos físicos y mentales por causa del hambre y que al menos tres millones de personas dependen de donativos de alimentos extranjeros para sobrevivir. La asistencia energética y alimentaria a Corea del Norte no puede quedar condicionada por la polémica entre Washington y Pyongyang, por ríspido que sea el debate sobre la discutible capacidad norcoreana (que, por cierto, Rusia niega) de producir armas nucleares, pues se corre el riesgo de suscitar una tragedia en términos humanitarios.

En tales circunstancias, es evidente que sobre el pueblo de Corea del Norte pesa, mucho más que sobre nación o gobierno alguno, una amenaza de muerte y desesperanza que debe ser despejada solidariamente por la comunidad internacional. Por ello es urgente privilegiar las soluciones negociadas y pacíficas para alejar los riesgos de una nueva y cruel guerra que sólo acarreará a los norcoreanos más miseria, devastación y desasosiego.