Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Martes 24 de diciembre de 2002
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Mundo

Comisión especial iniciará contactos con paramilitares en busca de un diálogo de paz

Orden de captura por narcotráfico contra Tirofijo, líder de las FARC

Atentado dinamitero a un autobús provoca dos muertos y 15 heridos en Colombia

AFP Y DPA

Santafe de Bogota, 23 de diciembre. La Fiscalía General de Colombia emitió hoy, por primera vez, una orden de captura por narcotráfico contra el máximo líder de la guerrilla de las FARC, Manuel Marulanda Tirofijo, al tiempo que el gobierno del presidente Alvaro Uribe conformó la comisión que se encargará de los contactos con los grupos paramilitares de ultraderecha para explorar caminos hacia una negociación.

En tanto, un autobús que transportaba personal de vigilancia hacia la sede de Caño Limón, operada por la multinacional petrolera estadunidense Occidental, al oriente del país, fue emboscado anoche y dinamitado con saldo de dos personas muertas y otras 15 heridas, en un atentado que el ejército atribuyó a la guerrilla, sin precisar si culpaba a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o del Ejército de Liberación Nacional.

Además del septuagenario Marulanda, cuyo verdadero nombre es Pedro Antonio Marín, la medida de la fiscalía incluye al número dos y jefe militar de las FARC, Jorge Briceño (Mono Jojoy), al hermano de éste, Germán Briceño (Grannobles), y a otros dos insurgentes identificados como Didier Ríos y Yesid Ríos.

Es la primera vez que el organismo investigador libra una orden de arresto por narcotráfico contra Marulanda, que enfrenta otros cargos por rebelión, homicidio, secuestro extorsivo y hurto.

Los dirigentes de las FARC son investigados como presuntos responsables del delito de conspiración para delinquir con fines de narcotráfico, señaló la fiscalía en un comunicado.

El caso está relacionado con la operación militar Gato Negro, que en abril de 2001 condujo a la captura en el sureste de Colombia del narcotraficante brasileño Luiz Fernando Da Costa (Fernandinho) acusado de intercambiar armas por cocaína con el fugitivo jefe del frente16 de las FARC, Tomás Molina Caracas, conocido como Negro Acacio.

Molina Caracas, el Mono Jojoy y otro guerrillero identificado sólo como El Loco fueron inculpados a mediados de noviembre pasado por Estados Unidos por narcotráfico y secuestro. De acuerdo con la fiscalía, "los subversivos mantenían el control de la zona (donde fue arrestado Fernandinho) e incluso facilitaban el tráfico ilícito de armas y municiones".

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general James Hill, dijo el pasado 22 de noviembre que su país no descarta pedir en extradición a Tirofijo bajo cargos de narcotráfico.

Por otro lado, un comunicado firmado y leído por el alto comisionado para la paz del gobierno, Luis Carlos Restrepo, señaló que "por decisión del presidente Alvaro Uribe se ha conformado una comisión exploratoria de paz encargada de realizar contactos con los grupos de autodefensa (paramilitares)".

La nota recordó que los grupos de ultraderecha "han declarado públicamente un cese de hostilidades (el primero de diciembre) y voluntad de iniciar acercamientos para buscar opciones para la paz y la reconciliación nacional".

El comité exploratorio lo integran Eduardo Espinosa, Ricardo Avellaneda, Carlos Franco, Jorge Castaño, Gilberto Alzate y Juan Pérez, informó el consejero de paz. Mientras, un presunto comando paramilitar irrumpió anoche en el municipio nordestino de Puerto Wilches y asesinó a dos civiles y dos policías, aunque según autoridades este comando pertenecería a un pequeño grupo que no se plegó al cese de hostilidades.

Grupos humanitarios como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) atribuyen a los paramilitares las mayores violaciones a los derechos humanos que se cometen en Colombia.

Por su lado, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dio un plazo de 90 días a Colombia para juzgar a los responsables de la detención ilegal, torturas y asesinatos de siete personas en 1993 por parte de un batallón del ejército, en una decisión tomada el 24 de octubre pero anunciada recién hoy en Ginebra.

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