La grave tensión que se registra en la región chiapaneca de Montes Azules, donde parece inminente el desalojo, por parte de los gobiernos federal y estatal, de varias comunidades indígenas asentadas en la zona, podría -de consumarse tal incursión represiva- encender la mecha de un nuevo y doloroso conflicto social.

Con el argumento de remover asentamientos ubicados en reservas ecológicas o en áreas concedidas por decreto a la etnia lacandona, las autoridades se aprestan a dar un nuevo golpe a estos indígenas chiapanecos -la mitad de ellos bases de apoyo zapatistas-, los cuales habitan en las zonas en disputa no por su voluntad sino como último y desesperado recurso para hacerse de las tierras indispensables para su supervivencia y para escapar de la pobreza, la marginación y la persecución que los agobia desde hace siglos y, en los años recientes, como resultado de la represión y el hostigamiento desatado por los efectivos castrenses y las bandas paramilitares presentes en la región.

Ha de señalarse que los asentamientos indígenas que las autoridades se disponen a remover -entre los que figuran los poblados de Arroyo San Pablo (Lucio Cabañas), Nuevo Pichucalco, Nuevo Limar, Nuevo Salvador Allende, Nuevo San Rafael, Las Ruinas (Sol Paraíso), 8 de Febrero, Arroyo Aguilar y Buen Samaritano, entre otros- están habitados en gran medida por desplazados que, en una dolorosa trashumancia, se encuentran en una especie de exilio forzado, sin tierras propias de las cuales obtener el sustento y bajo el continuo temor de perder, una vez más, lo poquísimo que poseen. Para estos mexicanos nunca ha existido autoridad que los apoye y, por el contrario, siempre han estado sumidos en la condición de parias. ¿Por qué los sucesivos gobiernos no han actuado antes para remediar esta situación inhumana y, en cambio, sólo han reparado en estas comunidades para hacerlas blanco de la represión oficial? ¿Por qué estos mexicanos indígenas sólo cuentan como infractores -circunstancia a la que han sido reducidos por razones ajenas a su voluntad- y no como víctimas del despojo, la represión y el desprecio constantes? ¿Por qué no se persigue con igual intensidad a los grupos delictivos, paramilitares o vinculados al narcotráfico que operan impunemente en la zona?

Por otra parte, descubierta una nueva forma de expoliar el patrimonio de las comunidades indígenas de Chiapas -esta vez bajo el nombre de ecoturismo-, los habitantes de la región, tanto los asentados de manera irregular como los que se encuentran en posesión de alguna clase de título de propiedad, se encuentran bajo la presión de poderosos inversionistas, avalados por los gobiernos federal y estatal, los cuales pretenden construir en la zona hoteles de lujo para el goce del turismo extranjero. En este sentido, es claro que el flujo de divisas que esas actividades eventualmente traerían al país y la actividad económica resultante -cuyos beneficios quedarán en manos de los grupos capitalistas y no en las de los indígenas- no justifican los graves daños sociales que se originarán por los desalojos y por la pérdida, en el caso de los residentes "legales", de la herencia histórica y cultural de las etnias afectadas. Por añadidura, las ofertas económicas que los supuestos inversionistas han realizado por las tierras indígenas han comenzado a fracturar a las comunidades, circunstancia que podría inducir nuevos enfrentamientos entre quienes se oponen a la entrega de su patrimonio y quienes han cedido a la tentación de vender.

En el caso de los asentamientos amenazados por el desalojo es necesario que las autoridades reconsideren su intención represora y busquen otros mecanismos para corregir la presente situación. Si tales comunidades efectivamente ocupan espacios de manera irregular, cabría esperar que los gobiernos nacional y local comprendan que los indígenas hoy acusados de invasión son realmente las víctimas de innumerables atropellos y opten por resolver tal circunstancia remediando sus causas de origen -la pobreza extrema, la carencia de tierra, la persecución- y no únicamente mediante mecanismos coercitivos.

En lo relativo a las pretendidas "compras" para la construcción de centros turísticos de lujo, resulta reprochable que el desarrollo quiera ser llevado a esas regiones olvidadas del país sólo bajo el formato de la inversión destinada a los más ricos (esto sin contar los planes para el usufructo, del cual los indígenas quedarían excluidos, de los vastos recursos naturales de la zona) y no como un compromiso del Estado para brindar a sus ciudadanos los servicios educativos, sanitarios, laborales y asistenciales a los que tienen legítimo derecho. Sin un esfuerzo oficial por llevar efectivamente el desarrollo y la justicia a esas regiones de Chiapas, las denominadas inversiones en ecoturismo no serán sino una nueva forma de expoliar a los pueblos indígenas de México.