Sergio Valls Hernández

Corresponsabilidad

El déficit en la impartición de justicia en México tiene un acumulado histórico importante. ƑLas razones?, son múltiples y de diversa naturaleza y para referirme a ellas me atrevería a hacer una distinción entre causales endógenas, que definiríamos como aquellas que tienen que ver con la forma interior de los mexicanos, su cultura, su sentir y con aspectos poblacionales. Entre las causales exógenas tocaríamos las cuestiones ajenas a los justiciables, que podrían atribuirse a las instituciones públicas que tienen encomendada la función de prestar el servicio público de impartición de justicia.

De acuerdo con lo anterior, debemos partir, en primer término, de la premisa consistente en que la justicia no pervive sólo en el ámbito espacial de los gobernantes, sino que la justicia se materializa en actos de gobernantes y gobernados. Los actos de justicia o injusticia se hacen presentes en cualquier tipo de relación, interpersonal, interinstitucional, entre países, en fin, todo ente -colectivo o individual, público o privado- es capaz de ser justo o injusto, es capaz de actuar legal o ilegalmente, honesta o deshonestamente. Vistas las cosas de esta manera, la justicia es responsabilidad de todos, no privativa de los órganos jurisdiccionales, éstos intervienen generalmente cuando el acto ilegal ya se produjo y sólo es posible solucionar sus consecuencias vía la correspondiente resolución. Entonces, los actos justos o injustos se hacen presentes momento a momento, en diversas acciones de los ciudadanos; mientras no arribemos a esta conclusión no podremos hacer realidad la justicia, porque los actos de equidad y de honestidad están en los ciudadanos mismos, por lo tanto hacerla realidad depende tanto de gobernados como de gobernantes.

ƑCómo perciben los mexicanos la legalidad en nuestro país? Según cifras citadas por el politólogo Federico Reyes Heroles, 59 por ciento de la población cree que "... la población es básicamente honesta y que el sistema es el que impone corrupción. Suena muy bien: 'Yo no soy el culpable, son los otros'; el 25 por ciento dice que las prácticas inmorales son algo natural; y el 3 por ciento dice que lo grave no es violar la ley, sino ser sorprendido; no se aportan datos del resto de la población. Bajo este contexto es válido afirmar que la legalidad es un problema institucional (...) "de leyes, de sanciones, pero también tiene un problema de cultura popular que tenemos que modificar."

La situación poblacional, indudablemente vinculada al aspecto económico y de distribución de la riqueza, es también un indicador para determinar dónde y a quiénes deben acercarse los órganos impartidores de justicia, así como también determina qué tipo de órganos jurisdiccionales son los que requiere la población. Como es lógico, la distribución poblacional no resulta ser la más idónea, pues si se tiene mucha población dispersa es muy difícil hacer llegar servicios públicos, en "...México hay 100 mil poblaciones con menos de mil habitantes...", tenemos 77 por ciento de población urbana contra 23 por ciento rural y, como es lógico, la inversión pública es más redituable en la medida en que la población esté geográficamente menos dispersa.

La planeación de una política de gobierno en materia de impartición de justicia debe tomar en cuenta los indicadores mencionados, pero aun cuando la estrategia como los métodos y procedimientos para poner en práctica la implementación de esta política fueren los idóneos, no será factible el éxito de la misma, si cada una de las instancias públicas involucradas en la tarea de determinar, suministrar y aplicar los recursos que han de utilizarse para la prestación del servicio público de impartición de justicia, no asumen su responsabilidad de autorizar un presupuesto anual fijo para estos menesteres, evitando así que una función prioritaria del Estado quede sujeta a los vaivenes derivados de la situación financiera del país, y si los recursos no son suministrados y aplicados cabalmente.

Estos son sólo algunos de los indicadores que perfilan a los responsables de una justicia genuina, que evidencian factores intra y extragubernamentales, que son determinantes en la eficacia del servicio, pero que también hacen patente que la justicia no depende sólo de los órganos jurisdiccionales locales o federales, sino que en ella se involucran tanto los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero también cada uno de nosotros como ciudadanos.

Si de manera individual no tenemos presente que los valores cambian a las sociedades no estaremos convencidos de que la justicia la hacemos todos, ni de que ya no es una virtud subjetiva del aparato gubernamental, porque ahora la justicia debe ser vista desde el ángulo de su legitimidad, de sus alcances y efectos en la vida de cada mexicano.

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