Miguel Concha
Discriminación e impunidad
El pasado 25 de noviembre se celebró el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, señalado por la ONU para conmemorar el asesinato de mujeres en República Dominicana en 1973, con el objetivo de visibilizar la violencia que se ejerce en contra de ellas. En este contexto, diversas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en general, y de los derechos humanos de las mujeres en particular, decidieron plantear como principal demanda el alto a la impunidad en Chihuahua. Las cifras por este capítulo en ese estado son cada vez más alarmantes. Se habla de más de 290 mujeres asesinadas desde 1993, 80 de las cuales con una violencia brutal, que incluye violaciones y ataques sexuales. Las cifras reales son las siguientes: en 1993 se encontraron 10 cadáveres; en 1994, seis; en 1995 la cantidad asciende a 20; en 1996, 17; en 1997, 19; en 1998, 15; en 1999, nueve, y en el año 2000 ascendió nuevamente a 10. El año 2001 volvió a subir la cuota a 17 casos. Este año se tienen registrados ocho nuevos casos de mujeres agredidas y asesinadas, cuyos cadáveres han aparecido. En cambio, la cifra de mujeres reportadas como desaparecidas es indeterminado, debido a la falta de investigaciones y de registros adecuados por parte la Procuraduría General de Justicia de ese estado. Sin embargo, se habla de mil 400, aproximadamente.
El perfil de las víctimas es claro: se trata de mujeres jóvenes, trabajadoras de la maquila, pobres, y que viven en zonas marginadas de la ciudad. Tras tantos años de impunidad, pues se sabe que desde 1997 se empezaron a registrar casos semejantes en la ciudad de Chihuahua (donde ya se contabilizan 15 desapariciones y dos asesinatos), pareciera que la impunidad brinda el permiso para expandir la violencia.
No obstante que hasta el momento han pasado dos gobernadores, tres procuradores y seis fiscales especiales, los magros resultados son los siguientes: un sentenciado, sin sentencia ejecutoriada, y 14 presuntos responsables liberados por falta de elementos y por no contar con una investigación adecuada.
Ante este panorama, es importante sin embargo señalar signos de esperanza. Ante la insensibilidad e ineficacia de nuestras autoridades, durante todo este tiempo la situación ha tenido que ser denunciada a los relatores especializados de la ONU. La relatora de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, el relator de Independencia de Jueces y Abogados y el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación se han manifestado en contra en 1998, 2000 y 2002, respectivamente. Se está en espera del informe que debe emitir la relatora de Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), doctora Martha Altolaguirre, luego de la visita que hizo este año a México. Todos estos expertos han llamado la atención al gobierno por la grave impunidad y discriminación que se ejerce contra las mujeres de Chihuahua, claramente reflejada en estas faltas de acceso a la justicia y a la justicia social, pues las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras de la maquila impiden igualmente que sus derechos económicos y sociales sean plenamente demandados y ejercidos.
Diversas organizaciones, integradas en la campaña Alto a la Impunidad, ni Una Muerta Más, entre las que destacan la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, se han dado a la tarea de impulsar la denuncia nacional e internacional de los casos más paradigmáticos. Con ella se ha logrado la creación de mesas interinstitucionales, en las que se encuentran dependencias de los gobiernos federal y estatal, con el objetivo central de generar políticas para frenar esos crímenes. Dichas mesas fueron instaladas el 23 de septiembre del presente año, a iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres. Otra acción relevante ha sido la solicitud de apoyo por segunda ocasión a la FBI, por parte del procurador del estado y el procurador general de la República, para ayudar en las investigaciones. Además, durante el pasado periodo de sesiones de la CIDH, en el que se tuvo una audiencia de seguimiento sobre esta situación, y a la que compareció el procurador del estado y la fiscal especial, el procurador fue sorprendido grabando la audiencia, situación claramente prohibida por el reglamento, mostrando con ello la forma de trabajo que tienen en ese estado, y sentando así un precedente negativo ante los comisionados. Aunque recibió una seria amonestación por parte del propio presidente de la CIDH, se llegó sin embargo al acuerdo de que se presentarían informes mensuales para evaluar los avances de la investigación. Es por ello urgente que la sociedad siga demandando el compromiso real de las autoridades para atender casos tan vergonzosos, que afectan tan claramente la construcción de un estado de derecho.
