$120 mil millones irían a viáticos, bonos y servicios personales

Buscan diputados limitar el gasto corriente del gobierno

La Comisión de Hacienda pretende canalizar parte de ese monto a universidades, salud, estados y pago de pensiones

ROBERTO GARDUÑO

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados detectó que el gobierno de Vicente Fox contempla destinar 120 mil millones de pesos a servicios personales, viáticos, bonos de productividad, sobresueldos, contratación de personal y renta de oficinas para las autoridades federales.

Incluido en el proyecto de presupuesto para 2003, el gasto corriente se canalizaría a la obligación de solventar los compromisos contraídos por las distintas áreas de la administración del Ejecutivo. Legisladores de PRI, PRD, PVEM y PT consideran que siendo tan alto ese monto, de ahí se destinarán partidas para el gasto social, salud, educación y vivienda.

Esa será la salida presupuestal que busca la Cámara de Diputados para resolver los problemas que implica la ausencia de recursos para el programa de apoyo al fortalecimiento de las entidades federativas, las universidades y el pago de pensiones y servicios de salud. Se pretende no gravar el consumo de la sociedad.

Al concluir la reunión del subgrupo de trabajo que analiza los impuestos especial sobre productos y servicios (IEPS), al valor agregado (IVA) y sobre tenencia o uso de vehículos, el diputado Manuel Añorve informó que los legisladores de PRI, PRD, PVEM y PT "ya identificamos dónde están los 120 mil millones de gasto corriente, y estamos definiendo un nuevo monto y su techo presupuestal".

A marchas forzadas, los diputados pretenden dictaminar (con el plazo del 6 de diciembre) el proyecto de reformas a los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, de coordinación fiscal, del impuesto especial sobre productos y servicios, del IVA y del ISR.

Una vez concluido el trabajo, la comisión presentará ante el pleno de la Cámara de Diputados la Ley de Ingresos para 2003, cuya aprobación podría ocurrir en una sesión especial, convocada para el efecto, el próximo fin de semana, debido a que la Cámara ya se encuentra en sesión permanente.

Durante el trabajo del grupo encargado de analizar los impuestos quedó establecido que el año próximo no habrá nuevos gravámenes, incluso, ya casi está lista la redacción del decreto por el que se abroga el de bienes y servicios suntuarios.

El predictamen aceptado por los partidos políticos manifiesta que la derogación se dará "en virtud de la complejidad de su administración, de su escasa recaudación y del desacuerdo que al respecto existe entre el Ejecutivo federal, los diversos grupos parlamentarios y la sociedad en general".

La iniciativa establece también que el concepto de suntuario afecta a la industria de prendas de vestir, al sector restaurantero y a la actividad turística

"Desde que se dio a conocer la intención de establecer este gravamen, a finales de diciembre del año pasado, surgió la controversia entre legisladores y numerosos sectores de la población acerca de la confusa base gravable y su escasa capacidad recaudatoria, a partir de experiencias registradas años antes al aplicar gravámenes de similar naturaleza, como fue el 20 por ciento aplicado al consumo de artículos de lujo. Su compleja administración dio motivo a numerosos desplegados de protesta y aclaraciones por parte de la autoridad, con la consecuente reacción de los sectores mayormente afectados, los que interpusieron diversos amparos, todo lo cual desembocó en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo declaró inconstitucional, por razones de procedimiento legislativo".

Lo que es un hecho es que la Ley de Ingresos de la Federación de 2003 no contemplará nuevos gravámenes, pero sí mantendrá los actuales, en especial el IEPS, que será analizado y dictaminado el lunes próximo. Se conservará el impuesto de 20 por ciento a la alta fructosa, que afecta a los resfresqueros que no usan azúcar nacional, y lo mismo sucederá con los consumidores de tabaco, refrescos y alcohol.

Otro de los dictámenes aprobados por la Comisión de Hacienda y Crédito Público es el de la ley aduanera, cuyo contenido contempla la exigencia de certificación de las empresas exportadoras e importadoras, con el propósito de combatir el contrabando, que afecta a la industria nacional. El dictamen se llevará al pleno camaral el martes 3 de diciembre, y uno de sus pormenores, que favorece a las empresas dedicadas al comercio exterior, implica beneficios tributarios de cerca de 60 por ciento para esos núcleos de exportación e importación.