Acatará el fallo del máximo tribunal, dice el presidente Alvaro Uribe
Rechaza Corte Constitucional medidas de seguridad del gobierno colombiano
No a detenciones, allanamientos e intercepciones de comunicaciones sin orden judicial
REUTERS, DPA Y AFP
Santafe de Bogota, 27 de noviembre. La política de seguridad del presidente colombiano Alvaro Uribe sufrió hoy un tropiezo, luego de que la justicia del país declaró inconstitucionales varias de las medidas del gobierno adoptadas al amparo del decreto de conmoción interna del pasado 12 de agosto.
La Corte Constitucional rechazó las de-tenciones, allanamientos e intercepciones de comunicaciones sin orden judicial, así como las facultades de policía judicial otorgadas a los militares, y objetó el procedimiento de Uribe para establecer las 'zonas de rehabilitación del orden público' y las atribuciones a las tropas en dichas áreas.
Ante lo anterior, el gobierno respondió que expedirá un decreto corrigiendo los "vicios de forma" que dejaron sin sustento jurídico las "zonas de rehabilitación del orden público".
La ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, afirmó que las objeciones formuladas por el máximo tribunal del país sudamericano obedecen más a una "cuestión de forma que de fondo", por lo que se harán las correcciones.
La funcionaria subrayó que el dictamen de la Corte Constitucional no representa un obstáculo insalvable para la política de seguridad del gobierno, ya que "estas zonas no quedaron inconstitucionales; por el contrario, ese alto tribunal reafirmó la existencia de las zonas y estableció algunas limitaciones para que se puedan declarar por resolución presidencial".
Si bien la ministra anunció que en las próximas horas se expedirá el decreto para hacer las modificaciones pertinentes, se abstuvo de pronunciarse sobre el resto del fallo que declaró inconstitucionales las facultades de policía judicial otorgadas a los militares colombianos al amparo de la citada conmoción interna.
Más tarde, el propio presidente Uribe declaró que su gobierno "respeta y acata" el fallo del máximo tribunal, aunque dijo que tratará de restablecer las atribuciones recortadas por otras vías, y sostuvo que lo importante es el respeto al estado de derecho.
"Para que los militares puedan ejercer funciones de policía judicial tiene que ha-ber de por medio una reforma constitucional", declaró el presidente del tribunal, Marco Gerardo Monroy.
Explicó que se requiere de una orden ju-dicial para detenciones, allanamientos e intercepciones, para evitar vulnerar derechos constitucionales.
Defensa de la libertad de prensa
Del mismo modo, la Corte Constitucional dejó sin piso jurídico un apartado del decreto que restringe el ingreso de los periodistas y miembros de organizaciones no gubernamentales a las zonas de control militar.
Monroy subrayó que ningún comunicador está obligado a solicitar permisos de esa índole, pues ello vulnera la libertad de prensa e información garantizada en la máxima carta del país.
El 21 de septiembre pasado el gobierno creó las llamadas "zonas de rehabilitación de orden público" y designó a los comandantes encargados de vigilarlas.
Tales zonas bajo control militar comprenden 15 municipios del departamento de Sucre y nueve de Bolívar, en el norte, y otras tres en la región petrolera de Arauca.
En tanto que Uribe se declaraba satisfecho por la visita que efectuará a su país el secretario de Estado estadunidense, Colin Powell, entre el 3 y el 4 de diciembre, para tratar sobre asuntos de seguridad y narcotráfico, el ejército sufrió su peor momento con 24 bajas ante ataques de las guerrillas en las últimas horas, y se produjo un bombazo en San Vicente del Caguán, que causó tres heridos.
Mientras Bogotá sufre caos a consecuencias de un paro del transporte público, se conoció aquí el asesinato del alcalde de Puerto Rondón, Héctor Gutiérrez, presuntamente a manos de los grupos rebeldes.
Además, fue asesinado Diego Londoño White, por presuntos sicarios, en un barrio exclusivo de Medellín, ciudad en que fue gerente del sistema colectivo subterráneo, conocido como Metro.
