Reprocha Jaime Cárdenas el "miedo" a concesionarios
Intentará el IFE garantizar equidad en el acceso de partidos a radio y tv
MIREYA CUELLAR
Para evitar que los concesionarios de radio y televisión cobren tarifas diferenciadas a los partidos políticos en tiempos electorales -como se presume que ocurrió durante la campaña de 2000- y, por tanto, provoquen una situación de desigualdad, el Instituto Federal Electoral (IFE) emitirá nuevas disposiciones reglamentarias que les obliguen a "transparentar el trato ofrecido a las diversas opciones políticas".
Durante un largo debate sobre la manera como los medios electrónicos trataron a los partidos en 2000 - a raíz de que la revista Etcétera publicó un comparativo de tarifas, el PRD pidió explicaciones al IFE -, el consejero Alonso Lujambio señaló que en este momento "no es posible concluir que se dio un trato desigual", aunque "estamos plenamente conscientes de que el marco legal vigente posibilitaría ciertamente un trato de ese tipo".
El consejero Jaime Cárdenas reprochó a los partidos y al Consejo General del IFE "una posición de cierto miedo de todos" a tocar "los intereses de los concesionarios de radio y televisión", y les exigió una posición "más comprometida en ejercicio de nuestras atribuciones constitucionales". Estaba sobre la mesa de debates el informe que la Secretaría Ejecutiva presentó al Consejo, a solicitud de Pablo Gómez. Y es que dicho reporte no satisfizo ni a Gómez ni a Cárdenas, porque a todos los cuestionamientos planteados por el PRD el documento señala "que el IFE no sabe, que el desglose lo tienen los partidos (...) que su información es muy precaria". El informe, calificó el perredista, "es una defensa de los concesionarios".
En la discusión salió a relucir que la Comisión de Fiscalización, cuando reglamentó la relación de los partidos con los concesionarios en materia de publicidad, no tomó en cuenta los artículo 53 y 54 de la Ley de Radio y Televisión, en los que se señala que hay tarifas mínimas establecidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que dicha legislación prohíbe las bonificaciones, cosa que el IFE aceptó en 2000. Pero los partidos tampoco repararon en ello.
El consejero presidente, José Woldenberg, abrió su participación en el tema aclarando que la revista Etcétera hizo una comparación metodológicamente incorrecta, porque simplemente sumó el número de promocionales transmitidos y los dividió entre el total de lo facturado por las emisoras para obtener un aparente costo unitario, sin tomar en cuenta variables como los horarios y canales en que fueron transmitidos. Para ilustrar las diferencias, dijo que un mensaje transmitido a las diez de la noche en Canal 2 costaba 260 mil pesos, mientras otro del mismo tiempo-aire en Canal 4, a las dos de la tarde, costaba 10 mil pesos.
Convino con Lujambio que "tal vez nunca sepamos si se les cobro de manera discrecional a los partidos en 2000, pero lo que sí podemos hacer es un esfuerzo para corregir posibles desigualdades".
La decisión del Consejo General del IFE de sancionar al PRD con una multa de 84 mil 300 pesos por problemas en la elección interna de dirigentes en Tlaxcala, y al Partido Alianza Social (PAS) con 63 mil 225 pesos por los mismos problemas, pero en el Distrito Federal, provocó un agrio debate entre los representantes de los partidos y los consejeros electorales.
Pablo Gómez dijo que es necesario reformar la legislación en materia electoral "para detener estas indebidas penetraciones de la vida de las agrupaciones libres (...) no somos menores de edad para que un órgano del Estado nos diga cuándo un dictamen de un órgano interno de un partido está bien o mal". Consejeros como Jaime Cárdenas defendieron el derecho del IFE a revisar los procedimientos internos de los partidos a la luz de sus estatutos -ante queja concreta y nunca de oficio-, Gómez y el resto de los partidos defendieron la tesis de la autorregulación, es decir, que las quejas o denuncias de sus militantes sean procesadas por los órganos internos como las comisiones de garantías y vigilancia.
Cárdenas reviró que lo que se pretende es una "partidocracia" en la que las burocracias de los partidos no estén sujetas a ninguna supervisión; "también debe haber un límite a la actuación de los partidos". El consejero Mauricio Merino recordó que el IFE atiende las demandas de militantes partidistas -que normalmente se quejan contra la cúpula institucional- como resultado de una resolución del tribunal electoral, que ordenó revisar este tipo de protestas.
Pablo Gómez planteo que la actitud del IFE está promoviendo que los militantes de su partido acudan en cascada a presentar quejas; "ya hay machotes" que circulan en el PRD, refirió.
La sesión de ayer del Consejo General se prolongó por casi diez horas. Se aprobaron los modelos de los materiales y documentación electorales que se usarán el 6 de julio de 2003, cuando se renovará el Congreso. Asimismo, el consejero Jesús Cantú presentó el tercer informe semestral sobre el plan de educación cívica que desarrolla el IFE en diversas escuelas del país.
