La Secodam local inhabilitó a 4 ex funcionarios de la administración de Víctor Tinoco Rubí
Diputados priístas de Michoacán "rompen" con el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel
Responde el gobernador que su deber es hacer prevalecer la ley por encima de cualquier partido
ERNESTO MARTINEZ ELORRIAGA CORRESPONSAL
Morelia, Mich., 20 de noviembre. La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) de Michoacán inhabilitó a cuatro ex funcionarios del gobierno que encabezó el priísta Víctor Manuel Tinoco Rubí, entre ellos, los secretarios de Gobierno, Juan Benito Coquet Ramos, y de Obras Públicas, Carlos Martínez Maldonado.
La contralora Rosa Hilda Abascal Rodríguez informó que con el propósito de revisar los procesos administrativos y normativos para la expedición de permisos provisionales y concesiones, el despacho Resa y Asociados practicó una auditoría a la Comisión Coordinadora de Transporte (Cocotra).
Tras la valoración de pruebas y los alegatos presentados, dijo, la Secodam resolvió inhabilitar por seis años a Coquet Ramos, a quien se le considera responsable de la entrega de mil 235 permisos y concesiones ilegales, muchos de los cuales habrían ido a parar a manos de diputados locales y federales de filiación priísta.
A Martínez Maldonado se le inhabilitó por cuatro años para ocupar puestos públicos, aunque actualmente es secretario de Obras Públicas en el ayuntamiento de Morelia, que preside el priísta Fausto Vallejo Figueroa.
A José Luis Campero Calderón Urrutia, ex director de Transporte, se le inhabilitó por cuatro años, mientras que Rodrigo Ramos Plascencia, ex coordinador de Transporte, no podrá ejercer cargos públicos por un año.
Abascal Rodríguez señaló que los ex funcionarios están en su derecho de defenderse, y anunció que avisará a la Secodam del gobierno federal para que la inhabilitación de los ex servidores se aplique en todo el país.
La fracción parlamentaria del PRI señaló que se trata de una "persecución política" contra ex servidores públicos militantes de ese partido y diputados de la misma filiación, por lo que su fracción parlamentaria local determinó romper el diálogo con el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel.
Mario Magaña Juárez, coordinador de la bancada priísta, dijo que los legisladores priístas cancelaron una reunión con el secretario de Gobierno, Leonel Godoy Rangel, en la que analizarían el proyecto presupuestal para 2003, y afirmó que la persecución desmedida contra los priístas los obliga a romper el diálogo que "con buenos resultados" habían privilegiado con la administración cardenista.
Postura similar asumió el Comité Directivo Estatal del PRI, a cargo de Jesús Reyna García, quien apuntó que respaldan la decisión de los legisladores locales del tricolor.
En tanto, el diputado Raymundo Arreola Ortega negó que haya recibido 74 concesiones para distribuir entre los transportistas del municipio de Múgica.
Entre otros ex diputados acusados de recibir concesiones de transporte en paquete se encuentran Alejandro Avilés, quien habría obtenido 26; Víctor Vivanco Mora, 16; a Jaime Rodríguez López, actual legislador federal y secretario de Desarrollo Agropecuario en el gobierno de Tinoco Rubí, se le adjudican 31.
Mientras, el gobernador Cárdenas Batel afirmó que no ve por ningún lado golpeteo contra ex funcionarios públicos surgidos del PRI. "Hay, eso sí, deber del gobierno de hacer prevalecer la ley, y eso vale para militantes de cualquier partido político".
Descartó que exista riesgo de bloqueo a las iniciativas del Ejecutivo local, ya que las propuestas deben valorarse por méritos y no por incidentes. Confió en que los legisladores aprueben un presupuesto positivo para Michoacán en función del interés del estado, "y no se antepongan discrepancias políticas".
