El ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el derecho a la información de las sociedades pasan por momentos difíciles en México y en el mundo. Ayer en estas páginas se daba cuenta de las acciones de amedrentamiento y acoso de que han sido víctimas informadores de este diario y de otros medios por parte de funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la República (PGR) que, faltos de capacidades para investigar, pretenden hallar un atajo en sus labores presionando a los reporteros para que revelen sus fuentes.

Ayer mismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio entrada a una queja de los afectados contra el titular y otros funcionarios de la PGR y señaló que del análisis inicial se desprende la existencia de "probables conductas violatorias de los derechos y garantías de los reporteros", además establece que "es derecho y obligación de los periodistas preservar el secreto profesional y negarse a revelar la identidad de sus fuentes".

Debe considerarse que en nuestro país los hostigamientos de la PGR no son ciertamente el único obstáculo ni la única amenaza que deben enfrentar los informadores en el desempeño cotidiano de su tarea. A pesar de la ley de transparencia recientemente aprobada, pese a la codificación del derecho a la información, a contrapelo de las salvaguardas constitucionales y legales en materia de libertad de expresión y pensamiento, con todo y la alternancia en el poder y los avances experimentados en materia de democratización, los periodistas siguen experimentando diversas cortapisas en su trabajo.

Algunas -como la actitud referida de funcionarios de la PGR- proceden aún del Poder Ejecutivo federal; en otros casos los intentos por amordazar a los informadores provienen de gobiernos estatales o municipales, o bien de grupos de poder político-empresariales, tanto los que actúan de manera pública y legal como las mafias que se enquistan en posiciones de la administración pública. Según un reciente informe de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), en materia de respeto y ejercicio de la libertad de prensa México se encuentra en el lugar 75 en una lista de 139 naciones: muy por debajo de Canadá (en el quinto lugar) y de Costa Rica (en el decimoquinto), y empatado con Kenia.

No sería honesto concluir este somero recuento sin señalar que, con lamentable frecuencia, los principales promotores de la censura, la coerción a la libre expresión y la distorsión informativa son los propios dueños de los medios, se trate de personas físicas o de consejos de administración.

Los empresarios ajenos al oficio periodístico, atentos únicamente a las cifras de utilidad que pueden reportarles el rating y la circulación, suelen ejercer sobre los trabajadores de la información presiones específicas para que guarden silencio sobre asuntos cuya difusión podría ser lesiva para los intereses corporativos del medio al que pertenecen, o bien para que deformen y exageren sus versiones con tal de incrementar las ventas y las audiencias.

En la circunstancia mundial contemporánea se experimenta, además, un retroceso generalizado de los márgenes de libertad de periodistas frente al poder político.

El punto de inflexión de este fenómeno es, sin duda alguna, la política coercitiva y autoritaria adoptada por el gobierno de Estados Unidos a partir de los atentados del 11 de septiembre del año pasado. El presidente George W. Bush y sus colaboradores más cercanos no dejaron ninguna duda de su determinación de censurar, distorsionar y desinformar, como parte de lo que llaman un "esfuerzo de guerra" contra "el terrorismo internacional".

De todos modos, la paranoia y el patrioterismo generados por los ataques terroristas fueron de tal magnitud que la mayoría de los medios del vecino país ni siquiera esperaron la adopción de las medidas especiales para plegarse al discurso belicista y totalitario de Bush.

En el tema de la "guerra contra el terrorismo", los consorcios informativos de alcance internacional han seguido, en términos generales, las pautas marcadas por el gobierno y los medios estadunidenses, y han transmitido a sus respectivas audiencias y lectorados, sin ningún asomo de lucidez, serenidad o espíritu crítico, la visión del mundo elaborada por el grupo gobernante de Washington.

El frente informativo -o desinformativo- de la supuesta confrontación entre las democracias occidentales y el terrorismo no es el único terreno de retroceso y abatimiento de las libertades expresivas:

En la España democrática se vive una persecución a todas luces totalitaria contra los nacionalistas vascos y sus medios, con el pretexto -jamás demostrado- de que son instrumentos del terrorismo etarra.

En la Rusia postsoviética, los gobiernos de Boris Yeltsin y Vladimir Putin han mantenido una sistemática ofensiva -por vías legales y extralegales- contra los informadores que se han atrevido a denunciar los vínculos del poder público con las mafias. Durante el trágico asalto al teatro Dubrovka, a fines del mes pasado, el Kremlin aplicó a los medios informativos de su país un equivalente al gas paralizante esparcido sobre los secuestradores y sus rehenes.

Ante circunstancias como las señaladas y frente a la multiplicación mundial de riesgos y peligros del oficio periodístico, es pertinente señalar que la libertad de expresión no es un mero instrumento de realización profesional personal, sino el complemento indispensable del derecho a la información que asiste a las sociedades y sus integrantes individuales y que resulta indispensable e irrenunciable para cualquier proyecto democrático y en cualquier Estado de leyes. Los promontorios de poder -político, económico, religioso, delictivo- tienden por naturaleza a buscar el acotamiento de la información crítica e independiente, si no a suprimirlo.

El que puedan lograrlo o no depende, en primer lugar, de la determinación de las sociedades de defender su derecho a estar informadas, y de la decisión de los informadores de ejercer su oficio sin cortapisas. En el momento presente en México, los lectores, los radioescuchas y los televidentes deben tener claro que los atentados a la libertad de expresión, vengan de donde vengan, son también ataques contra su derecho fundamental a conocer y comprender el mundo.