Dará cumplimiento a recomendación de ombudsman

Acepta la PGJDF exhorto sobre discriminación

Junto con la SSP, fue acusada de abusar de familia indígena

SUSANA GONZALEZ G.

La recomendación por discriminación que emitió hace 18 días la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por la detención de un matrimonio indígena que vendía chicles en la colonia Polanco, fue "aceptada totalmente" por la procuraduría capitalina, pero falta que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) responda al caso.

Los afectados fueron Pedro Guillermo González Apolonio y Angelina del Carmen Reyes, así como sus tres hijos menores de edad - todos pertenecientes a la comunidad mixe del estado de Oaxaca-, quienes fueron detenidos el 14 de junio de este año por policías preventivos, sin que hubieran cometido delito alguno y sólo por petición de "una señora de Polanco".

Mientras el matrimonio fue remitido a una agencia del Ministerio Público, donde permaneció retenido 24 horas sin que se les proporcionara un traductor que les explicara su situación legal, porque no hablan español, los tres niños fueron enviados al albergue de la dependencia, donde se quedaron trece días, hasta que los padres pudieron recuperarlos a instancias de la CDHDF y luego de acreditar el parentesco.

Por ello la CDHDF emitió la octava recomendación del año y primera en su historia sobre discriminación, contra Marcelo Ebrard y Bernardo Bátiz, titulares de la SSP y PGJDF, respectivamente, "por la detención arbitraria, discriminación e indebida procuración de justicia contra la familia González Reyes", según manifestó en su momento Emilio Alvarez Icaza, presidente del organismo.

A la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se le solicitó crear un área especial para indígenas en las agencias del Ministerio Público que cuente con la infraestructura y personal; girar instrucciones para que los agentes ministeriales atiendan con diligencia y sensibilidad a los indígenas o cualquier otro grupo especial, y establecer un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Indigenista u otro organismo similar que pueda proporcionarle peritos traductores.

La subprocuradora Jurídica y de Derechos Humanos de la PGJDF, Margarita Espino, fue la encargada de responder a la recomendación en los puntos que se referían a la competencia de la procuraduría capitalina y, según la CDHDF, fue aceptada totalmente.

En cambio, la SSP tiene como plazo hasta el 22 de noviembre para dar respuesta a la octava recomendación, en contraste con lo que ocurrió en el caso de la novena -- emitida el pasado jueves por la actuación de policías auxiliares vestidos de civil--, y por la cual la dependencia, respondió siete horas después de haberse dado a conocer, como nunca antes lo había hecho.

Por su parte, la PGJDF informó a Alvarez Icaza que inició trámites para celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, con el objetivo de que peritos traductores, intérpretes interculturales y gestores de lenguas indígenas asistan con oportunidad a los indígenas que acudan a las agencias del MP, ya sea en calidad de indiciados o como víctimas de algún delito.

Dichos acuerdos servirán también para aplicar programas de capacitación para el personal de la PGJDF en torno a la prevención de la discriminación. Además la dependencia anunció la emisión de un acuerdo para normar la actuación del personal de las agencias "para que actúen de manera diligente y sensible ante este tipo de casos", informó la comisión.

También a la SSP, la comisión le demandó capacitar a su personal para que actúen con la debida diligencia, sensibilidad y cuidado en las detenciones que realicen y recomendó que dentro de cuatro meses la Policía Preventiva tenga un manual que permita a sus elementos discriminar la comisión de un delito y una falta administrativa, para que no se repitan detenciones por "una flagrancia mal entendida".

En el caso referido, los uniformados argumentaron que detuvieron a los indígenas actuando a petición de parte, pero la CDHDF manifestó que "lo cierto es que en los hechos no existía delito alguno y, por lo mismo, no había flagrancia. Esta comisión tiene la convicción de que los policías preventivos que realizaron la detención arbitraria no sólo actuaron fuera del marco legal, sino también, lo que es más grave, con absoluta falta de criterio y sensibilidad en agravio de personas que no hablan español y, por ende, se encontraban en absoluto estado de indefensión y desventaja".