Tuvo conocimiento de la actuación de Quirós Hermosillo, señala Luis Garfias
"Cervantes Aguirre debe declarar por su participación en la guerra sucia"
JESUS ARANDA
No es justo que sólo los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro sean consignados por su participación en la llamada guerra sucia, porque de acuerdo con "la cadena de mando" también tendría que ser citado el ex secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, y Eliseo Jiménez Ruiz, señaló el general retirado Luis Garfias Magaña.
Indicó que de 1969 a 1979 Quirós Hermosillo estuvo adscrito al segundo batallón de la Policía Militar y a la Brigada de Policía Militar, y que los presuntos homicidios que se le imputan en Guerrero habrían sido del conocimiento directo del jefe del Estado Mayor de la 27 Zona Militar, Enrique Cervantes Aguirre.
En aquel entonces, añadió Garfias Magaña, el general Eliseo Jiménez Ruiz era el comandante de la 27 Zona Militar, que abarca la zona de Chilpancingo y Acapulco, área en la que habrían tenido lugar las detenciones ilegales, homicidios y lanzamiento de cadáveres al mar de más de 140 campesinos, por órdenes de Quirós y Acosta Chaparro.
En entrevista, Garfias aseguró que el entonces secretario de la Defensa Nacional, general Félix Galván López, sería también responsable de los hechos ocurridos en Guerrero, cuando fuerzas del Ejército tenían la encomienda de detener a los integrantes de grupos guerrilleros que operaban en esa entidad, particularmente la gente que apoyaba a Lucio Cabañas. Sin embargo, de los tres generales señalados sólo Cervantes Aguirre y Jiménez Ruiz siguen con vida, y ellos sí deberían ser llamados a declarar sobre esos acontecimientos ante las autoridades correspondientes.
El general retirado comentó, por otra parte, que las investigaciones en torno a la guerra sucia deben abarcar también a funcionarios de primer nivel, tanto federales como estatales, tal es el caso del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, porque "no es justo" que sólo dos oficiales sean juzgados cuando cumplieron órdenes de mandos militares y autoridades civiles.
En otro orden, cuestionó a la fiscalía para desaparecidos porque después de que la Procuraduría Militar le entregó hace varias semanas un desglose de la averiguación previa relacionada con la muerte y lesiones de más de 30 soldados que fallecieron en emboscadas o enfrentamientos con grupos subversivos, hasta la fecha esa indagatoria se mantiene en reserva.
Yo no tengo conocimiento de que el fiscal Ignacio Carrillo Prieto haya citado a declarar a personas que en su momento se levantaron en armas contra el Ejército, robaron, secuestraron y además mataron a soldados que cumplían con su deber. Las investigaciones sobre lo que aconteció en aquellos años deben abarcar tanto las denuncias por excesos en que habrían incurrido militares y autoridades, pero también respecto a quienes violaron la ley y que ahora pretenden presentarse como héroes, subrayó Garfias Magaña.
Lamentablemente, dijo, la autoridad en aquellos años no tuvo el valor de aplicar el artículo 29 constitucional para suspender las garantías individuales y que el Ejército actuara legalmente, y ese vacío legal continúa hasta la fecha, cuando se delega en las fuerzas armadas acciones que corresponden a la autoridad civil.
