Emilio Pradilla Cobos
Ambulantes en el Centro Histórico
la presencia masiva de vendedores conocidos como ambulantes -semifijos y toreros-, en la vía pública del Centro Histórico y en muchos otros puntos de la capital es a la vez un hecho histórico-político y producto estructural de la crisis del anterior patrón de acumulación de capital y del funcionamiento del actual modelo neoliberal. Es en ese contexto que hay que analizar el nuevo intento, ahora del actual Gobierno del Distrito Federal, para liberar al corredor financiero del centro de la presencia de esa forma de subsistencia de una parte del sector popular empobrecido.
Aunque la venta callejera tiene una larga historia en la ciudad, fue la crisis de 1982 con sus secuelas de desempleo masivo y reducción del salario real la que indujo su crecimiento acelerado como forma compensatoria de subsistencia. Sobre ella se construyó un sistema de control corporativo del PRI, articulado por los líderes de ambulantes, que a las cuotas que cobraban por su gestoría ante el gobierno sumaban las prebendas políticas que recibían del partido gobernante. También se beneficiaban económicamente los funcionarios de distinto nivel que permitían o autorizaban la ocupación de las calles.
La aplicación de las reformas neoliberales y las recesiones económicas posteriores (1985, 1995 y la actual desaceleración) sólo agravaron los causas de la informalidad en su variante popular: mantenimiento del desempleo, reducción forzada del salario y empobrecimiento generalizado. Hoy cerca de la mitad de la población mexicana y capitalina sobrevive en el trabajo precario o informal, incluido el ambulantaje. Otros partidos políticos -incluido el PRD- y organizaciones sociales también se involucraron en la organización y dirección de los ambulantes, estableciendo con ellos lazos clientelares y de control. A inicios de los años 90, el entonces regente Manuel Camacho Solís intentó liberar de ambulantes al Centro Histórico, pero fracasó por la persistencia de sus causas estructurales y por el interés político de su propio partido, el PRI.
Los comerciantes formales del Centro Histórico han sido los mayores detractores de la venta callejera, asumiendo posiciones muy represivas contra ella, aunque se sabe que también la utilizan como prolongación de sus negocios. Está claro que la venta callejera sirve eficazmente a las empresas industriales -incluidas trasnacionales, a los comerciantes, distribuidores legales o fayuqueros-, a la industria pirata y a la delincuencia organizada, cuyos productos comercializa. La venta callejera se ubica en todos los rumbos de la ciudad, en todos los lugares donde la concentración de transeúntes o espectadores significa la presencia de compradores para sus mercancías; subsiste porque los pobres urbanos compran lo que los ambulantes venden por su precio más bajo, o porque ofertan oportunamente productos que interesan a otras capas de la población. Esta es la complejidad del problema a enfrentar.
Hoy persisten las causas estructurales de la venta callejera, la cual brinda trabajo e ingresos de subsistencia a muchos pobres y sirve también de negocio a empresarios que controlan cadenas de puestos y contratan vendedores. También han crecido los intereses que se anudan en ella.
Desalojar a los ambulantes del "corredor financiero" del Centro Histórico en remodelación -menos de 10 por ciento de su superficie-, seguramente sirve a los intereses de los actores urbanos involucrados, pero no soluciona el problema en el resto del área, adonde se desplazarán los desalojados. Tampoco significa una solución para el conjunto de la ciudad de México o la zona metropolitana. El dilema adicional al que se enfrentan las autoridades es que a pesar de todos los problemas derivados del ambulantaje y de la presencia real de "poderes informales" en él, quienes están vendiendo en la calle son los instrumentos visibles de una extensa red de economía subterránea capitalista, pero son trabajadores pobres.
Por ello la solución no parece ser "liberar" sólo a un pequeño fragmento de la ciudad, por importante que sea simbólicamente, mediante una acción contra los de abajo, los vendedores callejeros, que trabajan en deplorables condiciones sociales y por muy bajo ingreso, si no se enfrenta el problema desde arriba, desde la red de grandes intereses económicos y políticos que están detrás de ellos. Al mismo tiempo, habría que dar solución global al desempleo, la pobreza y la exclusión que hacen que la capital tenga los mayores índices de desempleo del país y reciba a los desempleados del estado de México; habría también que buscar la solución para todo el Distrito Federal, pues la actividad se desplaza rápidamente.
En todo caso, el método debe ser la negociación directa con los ambulantes, ofreciéndoles opciones territoriales o laborales adecuadas. Por la naturaleza socioeconómica del fenómeno, no debe usarse la fuerza pública contra los vendedores como propuso el secretario de Seguridad Pública.
