Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Martes 5 de noviembre de 2002
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Mundo
Caos en Caracas por confrontación entre policías y simpatizantes del mandatario

Opositores venezolanos piden referendo para decidir si Chávez deja el poder

Tras una marcha por la capital, entregan un millón de firmas, requisito para la consulta

REUTERS, AFP Y DPA

venezuela_injured_oopCaracas, 4 de noviembre. Miles de opositores al presidente venezolano, Hugo Chávez, que volvieron a marchar este lunes en Caracas, entregaron más de un millón de firmas al Consejo Nacional Electoral (CNE) para pedir un referendo consultivo sobre la permanencia en el poder del mandatario.

La manifestación, sin embargo, se tornó violenta cuando la militarizada Guardia Nacional dispersó con gases lacrimógenos y disparos de perdigones a centenares de simpatizantes de Chávez, que se congregaron en torno a la céntrica Plaza Caracas, donde está la sede del CNE, con la finalidad de protestar contra la entrega de las firmas recogidas por la oposición.

Los chavistas devolvieron la agresión lanzando piedras, palos y botellas, mientras levantaban las alcantarillas metálicas de las calles para evitar que el camión donde iban las firmas llegara a su destino, con lo cual el caos se apoderó del centro de Caracas.

El presidente del CNE, Roberto Ruiz, informó que hay un plazo de 30 días a partir de hoy para verificar las firmas, principal requisito para la convocatoria a referendo, y otros 60 días más para efectuarlo. "A partir de hoy tenemos 90 días para realizarlo", expresó.

En cuanto a la pregunta presentada para el referendo, "¿está usted de acuerdo con solicitarle al presidente Hugo Chávez que renuncie voluntariamente a su cargo?", Ruiz dijo que será estudiada por la consultoría jurídica del CNE.

La marcha opositora fue encabezada por el partido derechista Primero Justicia y su alcalde Leopoldo López, del exclusivo distrito Chacao, este de Caracas, bastión opositor. López entregó varias de las cajas conteniendo las planillas de las firmas.

También participó en la movilización el gobernador democristiano Enrique Mendoza, del estado Miranda, quien se perfila como probable candidato presidencial. Pero la llegada de los opositores sólo fue posible luego de que, pasado el mediodía, la Guardia Nacional dispersó a los chavistas, varios con los rostros encapuchados.

El presidente del CNE condenó la violencia, que atribuyó, según la prensa, a los simpatizantes de Chávez, comandados por la militante Lina Ron, figura de los Círculos Bolivarianos. El alcalde metropolitano de Caracas, Alfredo Peña, informó que los disturbios dejaron nueve heridos, cuatro de ellos de bala.

El vicepresidente, José Vicente Rangel, por su lado, expresó su satisfacción porque, salvo algunos "hechos aislados", la marcha concluyó pacíficamente al "imponerse la cordura", y se evitó que los miles de opositores chocaran con seguidores del mandatario.

De manera previa, el diputado oficialista William Lara había tratado en vano de disuadir a los chavistas de que se manifestaran.

La marcha se efectuó horas antes de que arribara a Caracas el secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, en su cuarta visita a Venezuela desde el efímero golpe de Estado del 12 de abril, con la intención de instalar esta semana una mesa de diálogo que integre el gobierno y a la Coordinadora Democrática (CD), que agrupa a los partidos políticos y grupos civiles adversos al mandatario.

Tras su arribo, Gaviria aseguró que tanto el gobierno de Chávez como la oposición aprueban una salida a la crisis. "La mayoría de los venezolanos vería con buenos ojos un acuerdo para resolver las diferencias que hay en la sociedad venezolana por la vía electoral, y ambas partes tienen conciencia de que ese camino en el apropiado", indicó.

En tanto, el ejército ordenó anoche la presentación de todos los militares ausentes a sus comandos, y les advirtió que de no hacerlo podrán ser sometidos a Corte Marcial por deserción, informó la prensa.

El inspector general del ejército, general Melvin López, hizo circular una resolución en la que precisa que los militares que falten a sus puestos durante seis días seguidos recibirán sanciones de prisión, se les suspenderán sus sueldos y serán expulsados de la fuerza armada.

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