Ayer, representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ampliaron la denuncia originalmente presentada el 27 de agosto contra Elba Esther Gordillo, secretaria general del PRI, y Carlos Jonguitud Barrios, quien la antecedió en la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por 16 asesinatos de maestros disidentes perpetrados en Guerrero. En un primer momento, la CNTE presentó ante la Fiscalía Especializada para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado una denuncia contra ambos ex líderes por el homicidio de Misael Núñez Acosta, cometido en 1981 en el estado de México. En esta ocasión, los mentores democráticos señalaron que se presentarán nuevas ampliaciones de la querella penal conforme otras secciones de la CNTE acudan a reportar homicidios en otras entidades presuntamente ordenados por Gordillo, Jonguitud o ambos.

El suceso es de relevancia, porque el esclarecimiento de los posibles delitos perpetrados por la vieja dirigencia charra del SNTE -el mayor sindicato de América Latina- es parte necesaria e irrenunciable del combate a una impunidad que el país viene arrastrando desde décadas anteriores y que, en el presente, representa un lastre asfixiante y un factor de desintegración y discordia. Es urgente, en consecuencia, que las autoridades competentes den curso a la demanda referida, que investiguen a fondo los asesinatos de profesores disidentes y que sancionen a los responsables conforme a derecho, independientemente de las posiciones políticas que ocupen actualmente.

En otro sentido, la confluencia de las demandas contra Gordillo y Jonguitud con el consejo de guerra en el que se ventila, entre otras acusaciones, la posible responsabilidad de los generales Jaime Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro en los crímenes contra campesinos guerrerenses, obliga a revisar el vergonzoso episodio de la guerra sucia emprendida por las presidencias priístas y a redimensionar el tamaño de la represión. Existen elementos para afirmar que en el aplastamiento de las disidencias -sindicales y políticas, pacíficas o armadas- participaron tanto estamentos civiles como militares del régimen. Queda pendiente esclarecer en qué medida las dirigencias sindicales charras fueron un instrumento más de los planes criminales de los gobiernos y en qué medida aprovecharon la represión imperante para consolidar su propio poder.

Sea como fuere, en el momento actual la justicia militar debe castigar a todos los mandos y efectivos castrenses que cometieron crímenes de Estado; la civil, por su parte, está obligada a investigar y sancionar a los políticos que participaron en la guerra sucia. No es sólo un imperativo de la legalidad, la ética y la vergüenza, sino un acto de elemental reivindicación de la memoria de las víctimas, cuyo sacrificio es parte del costo que ha pagado la sociedad para colocar a México en la transición democrática en curso.