El IFE había impuesto la sanción por supuestas irregularidades cometidas en 2001

Exime el tribunal electoral al PRD del pago de multas por más $10 millones

El sol azteca demuestra violaciones en las auditorías; magistrados ordenan reponer la revisión de cuentas Suspende la Comisión de Fiscalización la reunión de ayer

MIREYA CUELLAR

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó ayer la multa de 10 millones y medio de pesos que el Instituto Federal Electoral (IFE) había impuesto al Partido de la Revolución Democrática por supuestas irregularidades administrativas en el manejo del financiamiento que recibió el año pasado, y ordenó a la Comisión de Fiscalización del instituto reponer todo el procedimiento de revisión del informe anual de ingresos y gastos de ese partido.

Los perredistas demostraron violaciones al procedimiento de auditorías realizado por la Comisión de Fiscalización. Nunca se precisó el día ni la hora en que se harían las distintas visitas de verificación; los auditores no se identificaron ante los representantes partidistas; a los trabajos de revisión acudieron diversas personas, además de las que expresamente se había comisionado, y no se levantó el acta de inicio y conclusión del proceso.

El IFE había sancionado al PRD con la imposición de 20 multas -que suman más de 10 millones de pesos- por supuestos incumplimientos en el manejo administrativo de los recursos, recibos mal llenados y problemas con folios, contratos de cuentas bancarias y notas de entrada y salida; sin embargo, el tribunal dejó sin efecto las multas y le ordenó al IFE reponer todo el procedimiento de revisión mediante la reparación de las omisiones cometidas.

El PRD tiene un viejo debate con la Comisión de Fiscalización en torno a los procedimientos que esta última utiliza en sus revisiones. Ahora el tribunal le ha ordenado que debe levantar actas después de cada procedimiento.

Desechan recursos de PRI, PAS y CD

El tribunal sesionó ayer para revisar las impugnaciones que presentaron los partidos políticos contra las sanciones que les impuso el IFE, luego de revisar su ejercicio financiero del año 2001. En Viaducto Tlalpan y Periférico, donde se ubica la sede del IFE, la Comisión de Fiscalización suspendió la reunión en la que se discutiría los plazos para resolver la queja relacionada con el Pemexgate.

De un tirón, el tribunal resolvió los casos de todos los partidos que impugnaron. Así, confirmó las tres multas que el IFE le impuso al PRI, por un total de 177 mil 705 pesos, y las tres sanciones consistentes en la reducción de 0.75 por ciento, 2.8 y 0.64 del financiamiento público mensual que recibe ese partido para gastos ordinarios.

Los partidos Alianza Social y Convergencia por la Democracia corrieron la misma suerte que el PRI. El tribunal ratificó la serie de multas que les impuso el IFE hace un par de meses por problemas con su comprobación de gastos.

Así, el partido que salió mejor librado fue el PRD, dado que la decisión de ayer impone a la Comisión de Fiscalización del IFE una nueva y total revisión de la comprobación de gastos -el financiamiento público que se les entrega cada año a los partidos es auditado por la Comisión de Fiscalización-, al considerar válido el argumento perredista de que se estaban cometiendo algunas arbitrariedades en la revisión que perjudicaban sus finanzas.

Otros que recibieron un revés durante la sesión de ayer fueron los partidos México Posible y Liberal Progresista, a los que las autoridades electorales del estado de México no les permitieron participar en el proceso comicial del próximo año, con el argumento de que la legislación electoral local exige haber obtenido su registro un año antes de los comicios. Estas fuerzas apenas fueron reconocidas como partidos hace tres meses, y apelaron a la inconstitucionalidad de la norma mexiquense.

Sin embargo, el tribunal les respondió que se abstiene de analizar la constitucionalidad y eventual revocación de esa norma para ajustarse a la tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que impide al tribunal inmiscuirse en actos de control de la constitucionalidad de las normas generales.

Reunión de Fiscalización, la próxima semana

En el IFE, el consejero Gastón Luken consideró que sería ''políticamente un desequilibrio'' que el órgano electoral procediera a sancionar al PRI por la presunta desviación de recursos de Petróleos Mexicanos a la campaña de Francisco Labastida y dejara para después la revisión del caso de Amigos de Fox. Entre los consejeros, apuntó, ''hay el deseo de que se resuelvan ambos expedientes en los mismos tiempos''.

La Comisión de Fiscalización suspendió la reunión programada para la tarde ayer por problemas de agenda de los consejeros, según dijo Luken. Sin embargo, fuentes del IFE confirmaron que no sólo se trató de un asunto de agenda, sino que también hay diversas posturas entre los miembros de la comisión respecto de la forma como se abordará el tema del Pemexgate.

Una vez que el IFE ya recibió de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) el expediente del proceso que se sigue contra los priístas por la presunta desviación de recursos de Pemex a la campaña del PRI, tendrá que deslindar la parte administrativa de la judicial para emitir un dictamen sobre el tema. Entre algunos consejeros, la minoría, hay el deseo de revisar cuanto antes el caso para que se sancione o exculpe de una vez por todas al PRI. Ello en el terreno de las quejas administrativas, porque el proceso judicial seguirá por los canales correspondientes.

Según trascendió, la mayoría de los consejeros del IFE, incluido el presidente, José Woldenberg, quiere desahogar al mismo tiempo el Pemexgate y la investigación en torno a los Amigos de Fox. Pero la situación de los casos es bastante distinta; mientras por el lado del PRI ya concluyó la averiguación previa y por lo tanto los consejeros consideran que hay suficientes elementos para emitir una resolución, en el terreno de los Amigos de Fox el IFE no ha podido avanzar.

En el ánimo de los consejeros está el deseo de no hacerle el trabajo sucio a ninguna de las fuerzas políticas, dado que una sanción ejemplar al PRI antes de las elecciones de 2003 significaría un golpe político para ese partido. Pero para poder avanzar en la investigación de los amigos del Presidente y poder emitir alguna resolución están supeditados a la PGR. El IFE tiene enfrente los amparos de Lino Korrodi y compañía, mientras que para las investigaciones judiciales este tipo de amparos no tienen efecto.