Permitirá imponer penas de 20 a 40 años
de cárcel a quienes apliquen o solapen ese ilícito
Aplicará la PGR examen obligatorio para determinar
actos de tortura
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
La gente contará con un documento legal que puede
ser empleado en un proceso penal
Por primera vez en México existirá un criterio
único de dictaminación pericial para documentar actos de
tortura cometidos por elementos de la Procuraduría General de la
República (PGR), y con ello se pone en marcha el mecanismo que permitirá
condenar de 20 a 40 años de prisión a quien realice, permita
o solape actos de esa naturaleza.
En entrevista con La Jornada, Mario Alvarez Ledesma,
titular de la Dirección General de Derechos Humanos de la PGR, y
Miguel Oscar Aguilar, director de Servicios Periciales de la dependencia,
revelaron que el dictamen médico sicológico especializado
para casos de posible tortura y/o maltrato será de obligatoria aplicación
en la PGR a partir del 10 de diciembre, fecha en que el procurador Rafael
Macedo de la Concha firme el acuerdo correspondiente.
Miguel Oscar Aguilar indicó que este formato único
"permitirá que cualquier ciudadano sea valorado desde el punto de
vista médico forense, igual en Yucatán que en Veracruz, en
Guanajuato o Zacatecas, ya no habrá disparidad en los criterios
de interpretación de las lesiones, y se contará con un documento
legal que pueda ser utilizado en un proceso penal.
"Otra de las cosas que nos va a permitir el dictamen médico
especializado en tortura es que podremos garantizar la calidad de los resultados.
Se ilustrarán de manera uniforme con monografías, croquis,
con mapas del cuerpo humano; se tendrá la ubicación perfecta
de las lesiones, y además nos va a permitir que el médico
perito pueda hacer una valoración básica preliminar, sicológica
y siquiátrica, efectiva.
"La idea no es que este examen se aplique en un papel
cualquiera, sino que cada formato se elaborará en papel seguridad
y estará debidamente foliado, es decir, vamos a tener perfectamente
clasificados todos los asuntos de tortura en el país.
"Esto nos va a permitir con toda claridad llegar a la
verdad de si hay tortura y, lo hemos señalado, los primeros interesados
en que se sepa la verdad somos los directivos, porque no tenemos nada qué
esconder. Tan es así que en este acto donde se está discutiendo
el perfeccionamiento del mecanismo se están tomando en consideración
las opiniones de organizaciones no gubernamentales y de funcionarios de
otras dependencias", indicó el director de Servicios Periciales.
Por su parte, Alvarez Ledesma señaló que
los primeros resultados del curso de entrenamiento para documentar la tortura,
que culminará hoy, "son, desde el punto de vista médico,
que con esto se sientan las bases de una pericia médica en la materia.
"Se trata de exámenes que con bases científicas
determinarán de manera real si una persona fue torturada o no. La
PGR ha tomado una iniciativa para que su área de periciales tenga
elementos científicos reconocidos al más alto nivel y con
normas internacionales, para que la aplicación de este dictamen
médico-sicológico se convierta en una práctica obligatoria."
-¿Una vez que entre en operación este mecanismo,
qué ocurrirá con un agente que torture o un Ministerio Público
que incumpla con esto?
-Simplemente se le va a aplicar lo que la Ley Federal
para Prevenir y Sancionar la Tortura señala. Nos parece que tener
ya este peritaje médico especializado es el eslabón que permitirá
hacer efectiva la ley.
"Las sanciones son muy severas, de 20 a 40 años
de prisión de acuerdo con las acciones, es decir, para quien la
cometa, física o sicológicamente. Con las mismas sanciones
se castigan las omisiones, trátese de un Ministerio Público
o de un perito.
"Además, tiene otra parte muy importante y hay
que subrayarla: este peritaje se convierte también en un instrumento
de protección para los buenos servidores públicos, porque
pueden exigir al Ministerio Público cuando alguien los esté
acusando de tortura, que apliquen este peritaje y se podrá detectar,
con médicos capacitados -porque habrá uno en cada delegación
de la PGR-, si sólo se está utilizando el argumento de que
fue torturado para evadir la aplicación de la ley."
-¿Este mecanismo sólo se aplicará
en la PGR?
-No. Su aplicación es una obligación del
Estado mexicano y por lo menos la PGR ya está cumpliendo con ello.
La obligatoriedad es que exista un modelo de dictamen médico ajustado
al protocolo de Estambul para detectar actos de tortura, y en un futuro,
no muy lejano, ya no será un compromiso sólo de la PGR, sino
de todas las procuradurías, y por tanto los estados tendrán
que asumirlo.
Especialistas piden a jueces que se atrevan a llevar
adelante juicios contra esa práctica
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
La tortura en México es un problema grave, y el
gobierno federal no tiene ningún reparo en reconocerlo, afirmó
el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,
Ricardo Sepúlveda, al participar en el curso Modelo de entrenamiento
para la efectiva documentación de la tortura en México.
En tanto, representantes de diferentes dependencias federales
relacionadas con la defensa de los derechos humanos demandaron que jueces
y miembros del Poder Judicial se atrevan a llevar adelante juicios por
tortura, ya que "existen resistencias a aceptar la invocación de
leyes internacionales para castigar ese delito".
Durante la mesa de trabajo denominada Aspectos legales
de la tortura en México, Margarita Espino, subprocuradora Jurídica
y de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Distrito Federal;
Ricardo Sepúlveda, de Gobernación; Luis García López
Guerrero, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); funcionarios
de la cancillería mexicana, y académicos de distintas universidades
plantearon la necesidad de reformas legislativas que incluyan la declaración
de invalidez de todo juicio o sentencia en el que haya existido algún
acto de tortura contra el inculpado.
Durante el curso, que se realiza en el Instituto Nacional
de Ciencias Penales y que concluirá hoy, Raymundo Gil Rendón,
coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Barra Mexicana
de Abogados, aseguró que con base en cifras de la CNDH, de más
de 139 recomendaciones por tortura, sólo en ocho se condenó
penalmente a los responsables de esos hechos.
En su intervención inicial, Sepúlveda Iguiniz
reconoció que se trabaja en una política de Estado en materia
de derechos humanos, y añadió que la lucha por terminar con
prácticas de tortura ha sido muy limitada, pese a las bases constitucionales,
porque existe una fractura entre lo que es el sistema jurídico y
su aplicación, aunque el gobierno de Vicente Fox trabaja para erradicar
las prácticas que afectan los derechos humanos.
En una segunda participación agregó: "la
tortura en México es un problema grave, y no se trata de una cuestión
aislada, sino que es una manifestación de un conjunto de factores,
por lo que se debe atacar de manera integral".
El jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría
de Gobernación puntualizó que "el gobierno federal no tiene
ningún reparo en afirmar y en reconocer este problema; al contrario,
es un actor preocupado, involucrado en el problema y por tanto en sus soluciones"
En ese sentido, agregó, "en el campo de las soluciones
entendemos que no debemos conformarnos con medidas aisladas, sino que se
tiene que fundar una política de derechos humanos, y también,
si se le puede llamar así, fundar una
subpolítica de erradicación de la tortura,
en donde estén involucrados todos los actores, y dentro de ellos
están los tres poderes primarios de la Constitución y, muy
especialmente, el Poder Judicial".
Juan Carlos Solís, director general de Derechos
Humanos de la procuraduría capitalina, indicó que entre los
puntos fundamentales de acuerdo entre todos los participantes de ese encuentro
destaca la necesidad de reformar la legislación para que el Estado
asuma la responsabilidad que conlleva la violación a derechos humanos,
adaptándose a los criterios internacionales.
Pidió a los legisladores "clarificar las normas
y diferenciar lo que es la tortura, trato cruel y degradante, porque ello
ayudará al Ministerio Público a aplicar la legislación".
En su oportunidad, la subprocuradora Margarita Espino
criticó el hecho de que en muchas ocasiones el Ministerio Público
no se atreve a consignar penalmente por tortura a quienes cometen esos
ilícitos, y que en los juzgados muchas veces les devuelven los expedientes
asegurando que no se tienen todos los elementos para librar la correspondiente
orden de aprehensión, por lo que las acusaciones van por otro tipo
de delitos.
Por su parte, Juan José Gómez Camacho, director
general de Derechos Humanos de la cancillería, señaló
que "la Suprema Corte de Justicia de la Nación vive en otro mundo",
porque hay resistencia en el Poder Judicial a aceptar la consignación
de presuntos torturadores con fundamento en acuerdos internacionales firmados
por México, que según la jurisprudencia del máximo
tribunal del país esas normas deben ser de obligatoria aplicación
en nuestro país.
Luis García López Guerrero, director del
Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH, pidió "que se reformen
las leyes penales para establecer que si alguien es torturado los procesos
sean anulados".
Raymundo Gil Rendón mencionó, en nombre
de la Barra Mexicana de Abogados, que "en México persiste la tortura
y se vive en una cuasi impunidad, y los campeones de esto son los elementos
de la PGR, según un estudio estadístico de las recomendaciones
emitidas por la CNDH entre 1990 y 2000, y muestra de ello es que de 660
agentes acusados de tortura, sólo ocho fueron sentenciados".
Agregó que el estudio elaborado a partir de 139
recomendaciones señala que en 72 por ciento de los casos de tortura
denunciados los responsables fueron agentes judiciales, y de ellos 47 por
ciento trabajaban para la Federación. Además, en 84 por ciento
de los casos el trato cruel se aplicó con el propósito de
obtener confesiones inculpatorias de los detenidos, y a los presuntos delincuentes
que más se aplica este tipo de práctica ilícita es
a los que se investiga por delitos contra la salud.
