Señora directora: La presente breve carta es para felicitar a La Jornada por su editorial del 11 de octubre, en el que se hizo una justa crítica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por haber contratado como asesor policiaco al ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, impulsor de la llamada cero tolerancia.

En efecto, la ciudadanía del DF ve con alarma cómo el gobierno de la ciudad, al son de la lucha contra el crimen, pone el acento de su gestión en tareas asignadas por el gran capital, incrementa la dependencia del país al exterior y abre las puertas a todo género de métodos de control policiaco de los pobres

¿Es éste un ejemplo de la "democracia participativa"? Gracias por su atención.

Atentamente

Mario Rivera Ortiz y Carlota Guzmán de la Garza

Bátiz no dio plazo para conclusiones sobre el caso de Digna Ochoa

Estimada Carmen: Me refiero a la información aparecida el 20 de octubre del presente, en contraportada y que también titula la nota periodística de la página 10, en la cual se dice erróneamente que el procurador Bernardo Bátiz Vázquez anunció que en dos meses se concluirán las pesquisas sobre el asesinato de Digna Ochoa.

Afirmar lo anterior es faltar a la verdad porque el procurador nunca mencionó ese plazo.

(Anexo la versión estenográfica de la entrevista efectuada el 19 de octubre.)

Atentamente

Lic. Héctor Ramos Aguilar, director general de Comunicación Social de la PGJDF

Precisiones de Mario Melgar Adalid

Señora directora: Me refiero a la nota publicada el 16 de octubre por el reportero Jesús Aranda, titulada: "Magistrados se jubilarán con pensiones magras".

En la misma señala que obtuve un préstamo a "fondo perdido" del Poder Judicial de la Federación.

Efectivamente, obtuve un préstamo, como lo hacen todos los trabajadores que requieren resolver alguna urgencia en términos de las contrataciones y reglas que impone la relación laboral.

No obstante, la insinuación de que fue un préstamo a "fondo perdido" podría hacer suponer a sus lectores que se me entregó cantidad indebida o que el préstamo no fue cubierto.

Tengo a su disposición el recibo del reintegro que me extendió el Poder Judicial de la Federación. El préstamo lo utilicé para salvar la hipoteca de mi casa durante los problemas financieros que sufrimos en 1995 quienes adeudábamos dinero a los bancos.

Como me encuentro fuera del país, desempeñando la honrosa comisión académica que me confirió la UNAM en San Antonio, Texas le ruego tomar nota de mi dirección electrónica por si fuera necesario hacerle llegar la prueba de mi dicho.

Le agradezco la publicación de la presente aclaración y le envió un saludo cordial.

Atentamente

Mario Melgar Adalid

Respuesta del reportero

Señora directora: La carta que envía el ex consejero de la Judicatura Federal, Mario Melgar Adalid, arroja más dudas que respuestas sobre el manejo de recursos en el Poder Judicial de la Federación.

¿Cuál fue el fundamento legal para que el Poder Judicial de la Federación le prestara para pagar la hipoteca de su casa? ¿Cuántos funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal, de la Suprema Corte, magistrados y jueces tuvieron acceso a un préstamo en esas condiciones? ¿Qué partidas presupuestales resultaron afectadas por este préstamo, en caso de que no se tratara de un préstamo a fondo perdido? ¿Quién fue el funcionario judicial que lo aprobó? ¿Hubo desviación de recursos públicos para un fin diverso al que habían sido destinados originalmente? ¿Habría lugar para que la Procuraduría General de la República iniciara una investigación de oficio sobre el uso de tales recursos?

Creo que las respuestas del señor Melgar serán reveladoras e importantes.

Atentamente

Jesús Aranda

Aclaración del coordinador de Procampo

Señora directora: Con base en el encabezado de la nota publicada ayer en la página 16: "Arrancará en 2004 el programa de blindaje agropecuario: coordinador del Procampo", firmada por Matilde Pérez, le comento que no es concordante con el contenido, ya que en el penúltimo y último párrafo se habla de un programa de rejuvenecimiento de la fuerza laboral, el cual requiere de esquemas jurídicos y que pudiera operar hasta 2004; luego entonces, el blindaje agropecuario iniciará en tiempo y forma en 2003, de acuerdo con el presupuesto.

Atentamente

Juan Antonio Fernández Ortiz, coordinador general de Apoyos Directos al Campo (Procampo)

Wal-Mart, indiferente ante inseguridad de clientes en sus tiendas

Señora directora: Agradezco de antemano la publicación de la presente para ilustrar con mi caso lo que a cualquier consumidor le puede suceder en las tiendas Wal-Mart.

Utilizo el término "capitalismo salvaje" para hacer notar las "filosofías" y "políticas" de ese centro comercial para evitar responsabilidades e indemnizaciones ante situaciones inesperadas, como la de ser asaltado dentro de la tienda y sólo considerar a la persona cuando encuentren ahí mismo su cartera sin dinero y tarjetas, si es que la encuentran, pero no buscar y detener a los asaltantes o evitar de manera más eficiente que este tipo de fauna entre en las tiendas.

Porque si bien no es política de Wal-Mart indemnizar y hacerse responsables de tales acontecimientos, como me lo hicieron saber los gerentes de la sucursal Tlalpan, la seguridad de la tienda: policías uniformados, policías disfrazados de civiles y circuito cerrado de televisión están para evitar que roben mercancías, pero no para la seguridad de los consumidores, que equivalen a los clientes de los bancos.

Debemos velar por nuestra seguridad, como diría el gerente general de la sucursal Tlalpan: "Wal-Mart es un lugar público", como la calle, y no alcanza la seguridad para tener control sobre toda persona que entre.

Finalmente, quiero comentar que a pesar de una relatoría de hechos y copia de mi estado de cuenta de la tarjeta robada, solicitadas por la gerencia para ver la posibilidad de indemnizarme, incluyendo tiempo y gastos, no se me dieron más que disculpas.

Tengo la expectativa de que las autoridades correspondientes harán las investigaciones necesarias y comprometerán a las tiendas de autoservicio como Wal-Mart a tener mayor responsabilidad y compromiso con los clientes que hacemos nuestras compras y que no quede en una mera relación de dinero-mercancía-dinero.

Atentamente

Prof. Carlos Roberto Pérez Casillas Melo

Retrasa IMJ entrega de recursos a proyecto

Señora directora: Le agradeceríamos la publicación de la siguiente carta dirigida al director general del Instituto Mexicano de la Juventud, Cristian Castaño Contreras.

Como debe ser de su conocimiento, nuestra asociación concurrió a la Convocatoria de Apoyo a Proyectos 2002 que la dependencia a su cargo publicó para la presentación de proyectos juveniles, el cual fue aprobado. Tres meses después, confiados en haber cumplido con todos los requisitos, se nos sugirió "paciencia" porque faltaba recabar cinco firmas de altos funcionarios del IMJ, lo cual se llevó más de 15 días.

Ahora resulta que la liberación del recurso esta "detenido" porque el ingeniero Alejandro Benítez, del Area Financiera, "decidió" no autorizar la aportación del recurso ¡porque nuestro domicilio fiscal no corresponde al domicilio en el que estamos operando el proyecto radiofónico!, lo cual acreditamos desde nuestra participación en el concurso.

El trato recibido por el IMJ nos confirma el desdén de las dependencias gubernamentales hacia los jóvenes. Nos extraña que alguien que no tiene el perfil para manejar un área administrativa, fiscal y contable, y que ni siquiera se digna a contestar una llamada y hacerse responsable de sus decisiones, como el ingeniero Alejandro Benítez, decida cosas tan delicadas como el manejo de los exiguos recursos que el gobierno federal designa (por cierto a cuentagotas) a los jóvenes y los organismos sociales, además nos indigna ser tratados como pordioseros.

Por todo lo anterior, demandamos a usted el cumplimiento del convenio establecido conforme a los términos de la convocatoria referida.

Exigimos se asuman criterios estrictamente legales en la liberación de los recursos que nos corresponden, apelaremos a la Ley de Transparencia, a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a los demás ordenamientos legales que nos protegen a través de la Secodam para demandar a los organismos gubernamentales que no otorgan en tiempo y forma los recursos comprometidos, como es el caso que exponemos aquí.

Atentamente

Francisco Javier Monroy Hernández, coordinador general del Taller de Desarrollo Comunitario AC, Chilpancingo, Guerrero