Cumple 25 años la organización Abuelas de Plaza de Mayo
España extraditará a ex represor argentino acusado de desapariciones
STELLA CALLONI CORRESPONSAL
Buenos Aires, 21 de octubre. En la víspera del 25 aniversario del nacimiento de la organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo, la Audiencia Nacional Española concedió la extradición del argentino Claudio Gustavo Scagliusi, ex agente civil de inteligencia del ejército durante la dictadura militar (1976-1983), que era reclamado por el juez federal Claudio Bonadío por la desaparición de 16 personas.
Ahora sólo se espera la aprobación del consejo de ministros del gobierno español. También aguardan la decisión los familiares de las víctimas de la llamada operación Murciélago, en la que participó el entonces agente de inteligencia del ejército junto con militares del batallón 601.
El ejército puso fin entre 1979 y 1980 la llamada contraofensiva de la organización guerrillera Montoneros, secuestrando y despareciendo a una veintena de sus integrantes. En esta causa el juez ya procesó al ex dictador Leopoldo Galtieri y al ex titular del batallón 601, Carlos Alberto Tepedino, entre otros, aunque algunos continúan prófugos. Varios militares tuvieron participación activa en la guerra sucia de Estados Unidos contra Nicaragua y en Centroamérica en los años 80.
Scagliusi fue detenido en Barcelona -donde residía- en agosto de 2001. Se espera que la investigación sobre las acciones del batallón 601 pueden aclarar episodios de la siniestra operación Cóndor e incluso permitian identificar a los presuntos infiltrados en las filas de los Montoneros.
La causa contra Scagliusi fue impulsada por Claudia Alegrini, esposa del desaparecido Lorenzo Viñas -hijo del escritor David Viñas-, después de años de inactividad judicial. Tanto Viñas como el sacerdote Jorge Adur figuran entre las víctimas del Cóndor, pues supuestamente habrían sido capturados en la ciudad brasileña fronteriza de Uruguayana. Alegrini siguió reuniendo datos y testimonios hasta conocer que ambos habían sido trasladados al cuartel de Campo de Mayo, donde una ex detenida y desaparecida, Silvia Tolchinsky, los vio antes de que se los llevaran presuntamente a uno de los "vuelos de la muerte" para arrojarlos al mar.
En este contexto se da la conmemoración del 25 aniversario de la fundación Abuelas de Plaza de Mayo -creada en plena dictadura militar, con el propósito de buscar a sus nietos, la mayoría nacidos en cautiverio y cuidados por militares, lo cual generó una fuerte solidaridad local e internacional.
Pero los peligros no han pasado. Apenas hace una semanas la presidenta de Abuelas, Estela Carlotto, sufrió un atentado en su casa, el cual casi le costó la vida. Las sospechas recaen sobre grupos de inteligencia de la policía de Buenos Aires, donde continúan agentes de aquellos años de la dictadura. Durante un homenaje a las Abuelas, que lograron recuperar a más de 70 niños secuestrados, se denunciaron los efectos de la impunidad, ya que en estos días han proliferado secuestros, torturas, persecuciones, amenazas a militantes de las organizaciones de desocupados y robos en los locales del partido Izquierda Unida (IU), acciones típicas de los años de los paramilitares que precedieron la dictadura. Muchos avances logrados en la lucha por la verdad han sido obstaculizados por jueces locales y de otros países. La investigación sobre el asesinato del químico chileno Eugenio Berríos, quien logró desarrollar bajo la dictadura de Augusto Pinochet el letal gas Sarín, puso en evidencia que las antiguas redes del Cóndor continúan funcionando para esconder a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Así, Berríos fue llevado a Uruguay (1991-92) y luego asesinado por los suyos para silenciarlo en 1994 o 1995.
La noticia divulgada hoy sobre el presunto traslado a Chile de un grupo de mercenarios de la oposición venezolana, durante el golpe militar del 11 de abril en Venezuela que tenían la misión de matar al vicepresidente José Vicente Rangel, suponiendo que se asilaría en ese país, también desató nuevos demonios en memoria de aquellos años.
En tanto, el país continúa sumergido en crisis económica, a la que se suma la incertidumbre electoral, en vista de las elecciones de marzo próximo. El presidente Eduardo Duhalde incluso afirma que podría abandonar antes el gobierno, si no se ratifica el calendario electoral.
Quien renunció fue el juez de la cuestionada Corte Suprema, Gustavo Bossert, por "hartazgo espiritual", ante la tensión que le habría provocado la investigación legislativa contra los miembros de ese cuerpo, que han sido vinculados a diversos escándalos de corrupción en la pasada década.
