Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Sábado 12 de octubre de 2002
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Política

Por la gravedad de los cargos no tendrán libertad provisional

Los implicados en el Pemexgate enfrentarán proceso en la cárcel

Líderes seccionales también habrían sido beneficiados con el "préstamo" al sindicato, revelan testigos protegidos

GUSTAVO CASTILLO Y JESUS ARANDA

Ninguno de los ocho acusados de peculado electoral en el caso Pemex tendrá derecho a la libertad bajo fianza, revelaron fuentes gubernamentales.

La consignación que hizo la Fiscalía Especializada para la Atención para Delitos Electorales (Fepade) se formuló con base en lo establecido en los artículos 412 y 413 del Código Penal Federal.

Cuando sean detenidos tanto los ex funcionarios de Pemex Rogelio Montemayor, Carlos Juaristi, Juan José Domene y Julio Pinter, como los ex dirigentes del PRI Carlos Almada, Joel Hortiales, Jorge Cárdenas y Alonso Bretón, deberán enfrentar encarcelados el proceso penal por el cual se les libró la orden de aprehensión el 4 de octubre.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la Fepade fundamentó la acusación de peculado electoral por 640 millones de pesos en la fracción tercera del artículo 407 del Código Penal Federal, que señala que se impondrán de 200 a 400 días de multa, y prisión de uno a nueve años, al servidor público que destine de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, tales como vehículos, muebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato.

Además recurrió a lo estipulado en el artículo 412, que refiere: se impondrá prisión de dos a nueve años a los funcionarios partidistas o a los organizadores de actos de campaña que a sabiendas aprovechen ilícitamente fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción tercera del artículo 407 del Código Penal. El artículo señala: "en la comisión de este delito no habrá el beneficio de la libertad provisional".

El articulo 413 indica que los responsables de los delitos contenidos en el apartado correspondiente a delitos electorales no podrán gozar del beneficio de la libertad provisional.

Según las versiones obtenidas, la Procuraduría General de la República (PGR) y las autoridades estadunidenses esperaron a que un juez mexicano librara las órdenes de aprehensión por el delito de peculado electoral para iniciar el proceso de extradición en contra del ex director de Pemex Rogelio Montemayor, con la finalidad de evitar que una vez en territorio nacional pudiera obtener la libertad caucional, ya que si fuera extraditado sólo por los cargos de peculado por un monto superior a los 2 mil millones de pesos tendría el derecho de enfrentar su proceso penal en libertad.

Sin embargo, con las nuevas órdenes de aprehensión que libró el juez décimo tercero de distrito en materia penal, José Luis Moya, tanto los ex directivos de Pemex como los ex dirigentes priístas prácticamente tienen cancelada la libertad provisional, explicaron los funcionarios entrevistados; salvo que un juez les conceda un amparo contra esa orden de aprehensión o Estados Unidos niegue la extradición por peculado electoral.

En otro orden se informó que entre el 11 y el 13 de junio de 2000 Ricardo Aldana y Carlos Romero Deschamps repartieron entre líderes seccionales petroleros parte del préstamo de 640 millones de pesos que Pemex otorgó al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), y que ahora es investigado ante la presunción de que 500 millones de pesos de ese capital fueron utilizados para la campaña de Francisco Labastida.

De acuerdo con un testigo de la llegada del dinero a las instalaciones de la calle de Zaragoza número 15, en la colonia Guerrero, el martes 12 de junio de 2000 se encontraron en esa dirección los dirigentes nacionales con los seccionales. En la reunión se discutió acerca de la falta de recursos para apoyar la campaña presidencial de Francisco Labastida.

Pero, indicó el informante, quien forma parte del comité ejecutivo general, el día 13 de junio llegaron camionetas de Cometra y de ellas se bajaron varios costales de dinero, los cuales fueron llevados hasta el cuarto piso del edificio, donde se ubican las oficinas de la secretaría general y de la tesorería.

Según esta versión, el dinero fue repartido horas más tarde y al cuarto piso sólo accedieron los dirigentes seccionales, a quienes se les entregaron distintas sumas de dinero, las cuales variaron debido al número de sindicalizados que cada sección sindical posee.

''No hay elementos contra Labastida''

Abogados de los dirigentes petroleros Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana indicaron que los señalamiento que han hecho testigos protegidos en contra del ex candidato presidencial priísta Francisco Labastida Ochoa no son válidos para imputarle que conocía el origen de los 500 millones de pesos que sus colaboradores obtuvieron de cuentas del STPRM para su campaña.

Los litigantes comentaron lo anterior al insistir en el hecho de que aun cuando los retiros millonarios se hubieran efectuado utilizando la camioneta de Labastida, tampoco se podría fincarle cargos al priísta, porque no se ha demostrado documentalmente que él tuviera conocimiento de que los recursos venían de Pemex y se obtuvieron mediante actos irregulares.

Explicaron que la dificultad de la PGR para consignar penalmente a Labastida por el presunto uso ilícito de recursos provenientes de Pemex radica en que se debe demostrar que hubo voluntad de delinquir y pleno conocimiento de dichas transferencias.

Insistieron en que la legislación no prohíbe que organizaciones sindicales destinen dinero a partidos políticos, como sería el caso de los petroleros con el PRI, pero tampoco se ha demostrado que los convenios que avalaron los préstamos de Pemex al sindicato petrolero por más de 2 mil 200 millones de pesos se hubiera efectuado fuera de lo que establece el contrato colectivo de trabajo.

Los abogados señalaron que es ''insustentable''' la acusación de que dichos convenios son irregulares, razón por la que defensa de los dirigentes petroleros no prevé -como se ha dicho- regresar dinero a la paraestatal, porque esos recursos ya fueron regresados oportunamente a Pemex mediante la firma de un convenio del cual se descontó ese dinero.

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