En Venezuela, "ni situación desesperante ni ingobernabilidad", sostiene el presidente

Marcha opositora exige renuncia de Chávez y amenaza con huelga nacional

Dimite el jefe del Estado Mayor de la marina y acusa la "politización" del ejército

Auténtica preocupación por los problemas políticos en el país: Departamento de Estado

AFP, DPA, PL Y REUTERS

Caracas, 10 de octubre. Los sectores opositores venezolanos efectuaron hoy una multitudinaria marcha pacífica en el centro de esta capital, en reclamo de la "renuncia" del presidente Hugo Chávez y la convocatoria a elecciones anticipadas, en un acto que estuvo muy vigilado por la policía, las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.

Nadie debe preocuparse por los rumores de que en Venezuela se vive una situación "desesperante y de ingobernabilidad", expresó el presidente Chávez al recibir una llamada telefónica del secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan.

"No se preocupe caballero del mundo que aquí en Venezuela, a pesar de los grupos privilegiados con poder económico y mediático, que quieren dar la idea de que en Venezuela está en una situación desesperante y de ingobernabilidad, no habrá guerra", dijo al informar de la llamada de Annan durante un discurso pronunciado en el Museo Militar de Caracas al celebrarse el día del soldado.

"Que nadie se preocupe por rumores mediáticos. Los venezolanos desean paz y democracia. Aquí no habrá guerra", insistió.

Estados Unidos externó su rechazo a la violencia como medio para resolver las diferencias políticas en Venezuela, e instó al gobierno y la oposición a "ejercer sus libertades democráticas de manera responsable". El portavoz del Deprtamento de Estado, Richard Boucher, abogó también en favor de las libertades de asamblea y expresión, y la obligación del gobierno de asegurarlas.

"Vemos con auténtica preocupación los actuales problemas políticos en Venezuela", aseveró Boucher, e insistió en que el Ejecutivo de ese país trabaje con los organismos internacionales para tratar de superar la inestabilidad que se vive.

De su lado, el jefe del Estado Mayor Conjunto de la fuerza armada, vicealmirante Alvaro Martín Fossa, renunció tras criticar los consejos de investigación que se les sigue a varios militares involucrados en el golpe del pasado 11 de abril, y considerar que ha habido una "politización" del ejército y una serie de irregularidades contra los principios castrenses.

La marcha opositora comenzó cerca de las 11 de la mañana y concluyó al filo de las cinco de la tarde. Entre los incidentes reportados se dio cuenta de seis personas lesionadas en un enfrentamiento ocurrido en una carretera de acceso a Caracas que había sido bloqueda por supuestos chavistas para impedir el arribo de contingentes de las ciudades de Maracay y Valencia.

La policía intervino lanzando gases lacrimógenos y dispersó a los manifestantes de ambas partes, con lo que restableció el tránsito. Sin embargo, el canal de televisión Globovisión informó de la muerte de un hombre en otro supuesto enfrentamiento en un lugar a 160 kilómetros de Caracas, identificado como José Méndez, de 49 años.

El gobernador de Guárico, el oficialista Eduardo Manuitt, aseguró que la víctima recibió un disparo en la cabeza al ser atacado por extremistas de oposición, cuyo sector puso en duda el informe. Reportes posteriores señalaron que la víctima era un damnificado de las lluvias recientes y que observaba los choques entre opositores y partidarios del gobierno.

Chavistas, a Miraflores

Por la noche, una vez terminada la protesta de los opositores, cientos de simpatizantes del gobierno comenzaron a concentrarse en las cercanías del palacio presidencial de Miraflores. Uno de los líderes de los Círculos Bolivarianos, favorables al gobierno, Eduardo Piquetero, declaró que "estamos celebrando que no pasó nada, porque aquí hubo una amenaza de golpe de Estado".

Para los organizadores de la marcha se trató de la mayor concentración antigubernamental desde las marchas del 11 de abril pasado, que entonces culminaron con un efímero golpe cívico-militar de 48 horas. Incluso, llegaron a decir que esta vez participaron más de un millón de personas, mientras que las agencias de prensa no se ponían de acuerdo, ya que algunas repetían esa versión, mientras que otras citaban sólo unos centenares de miles, quizá unos 100 mil.

La manifestación fue convocada por los sectores empresariales aglutinados en Fedecámaras, la opositora Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y los pequeños partidos políticos opositores. El líder de la central sindical, Carlos Ortega, reclamó que antes del próximo miércoles el presidente Chávez dimita o llame a elecciones, y anunció que la oposición convocará a una huelga nacional desde el 21 de octubre.

"Elecciones ya", "Chávez fuera", eran algunas de las consignas de los marchistas, que se movilizaron bajo un intenso calor y al ritmo de salsa con silbatos, panderetas, tambores y cornetas. Tras un recorrido de ocho kilómetros, desde el Parque del Este y la Plaza Altamira, la marcha culminó en las céntricas avenidas Libertador y Bolívar, siempre bajo una estricta vigilancia policial.

Previamente el gobierno delimitó claramente la responsabilidad que le competía a cada quien sobre la seguridad de la marcha. Así, en cada uno de los distritos caraqueños se responsabilizó por eventuales hechos de violencia a cada gobierno municipal opositor u oficialista, mientras que las fuerzas armadas y la Guardia Nacional se hicieron cargo del palacio presidencial, el Congreso y zonas adyacentes, así como de las autopistas y carreteras.

El vicepresidente José Vicente Rangel, desde antes de que comenzara la marcha opositora, reiteró la negativa del gobierno a aceptar una consulta popular antes de agosto de 2003. "No está planteado un adelanto de elecciones. El adelanto de elecciones es una consigna. El gobierno tiene la consigna de respetar la Constitución", subrayó.

Puntualizó que la democracia no funciona ante desafíos y retos de "cualquiera que se pare a decir que el presidente debe salir". En cambio, señaló, el gobierno está en disposición de trabajar para la designación de un nuevo Consejo electoral, se apruebe la ley electoral y se depure el padrón electoral.

Rangel también rechazó todo tipo de perturbaciones o hechos encaminados a coartar las libertades públicas de manifestación, por lo que se deslindó de eventuales sucesos violentos en que se vean implicados partidarios del gobierno. Por lo demás, anunció que el gobierno de Chávez efectuará el próximo domingo una marcha que, aseguró, superará la realizada este día por los opositores.

El funcionario, que aceptó que la marcha opositora fue muy concurrida, afirmó que no existen condiciones para un nuevo paro nacional como el convocado por los opositores. Apuntó que esta vez se impuso la fuerza democrática entre los opositores, por lo que, subrayó, "querer extrapolar los hechos de abril o extrapolar la marcha de hoy es una temeridad".

Como medida de precaución, el palacio presidencial había sido evacuado, mientras que el Ministerio de Defensa había ordenado la colocación de contrafrancotiradores en Miraflores bajo supervisión del Ministerio Público, con la única responsabilidad de resguardar la seguridad de los ciudadanos.

El ministro de Defensa, José Luis Prieto, emitió un comunicado para llamar a la calma, evitar la confrontación, sobre todo a las fuerzas armadas para preservar el orden público. Pero también criticó a aquellos uniformados bajo investigación por conspiración, que se prestan para hacer declaraciones a los medios de prensa porque favorecen el enfrentamiento entre los venezolanos.

Este mensaje sólo fue transmitido por la televisión estatal, y fue ignorado por las televisoras privadas, pese a que el gobierno ordenó cadena nacional de los medios electrónicos. En contraposición, la televisión privada dio gran cobertura a la renuncia del vicealmirante Alvaro Martín Fossa de la jefatura del Estado Mayor conjunto, quien criticó al ministro Prieto.

También se dirigió al presidente Chávez para decir que se ha dado la imagen de unas fuerzas armadas "felices, no politizadas", pero que lo están engañando. Denunció irregularidades en los procesos que se siguen a varios militares acusados de conspiración por los hechos de abril, de quienes dijo han sufrido "persecución y que en los consejos de investigación hay minoría para ellos de seis a uno.

Fossa llamó a los militares a que "bajo ningún concepto se les ocurra disparar contra el pueblo, porque la historia no los perdonará". Del mismo modo, criticó el "proselitismo político, populismo, amiguismo y oportunismo en las fuerzas armadas", y asentó que existe "la necesidad de eliminar la palabra revolución, que es usada como una bandera o icono político en las fuerzas armadas".