Decisión unánime de los magistrados; queda cerrado el caso

Improcedente, la denuncia de panistas contra Robles, ratifica tribunal de manera definitiva

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El séptimo tribunal colegiado en materia penal del Distrito Federal ratificó de manera definitiva el no ejercicio de acción penal en la denuncia que presentaron ante la Procuraduría General de Justicia capitalina los diputados del PAN Federico Doring y Walter Widmer, en contra de la ex jefa del Gobierno de la ciudad, Rosario Robles Berlanga, por el presunto desvío de 55 millones de pesos durante su gestión.

De esta manera, el órgano judicial dio la razón a la procuraduría en la revisión del amparo que había concedido a los legisladores panistas el juez federal Juan García Orozco, quien ordenó la reapertura de la investigación de la dependencia, no obstante que el agente del Ministerio Público que tuvo a su cargo la indagatoria resolvió en dos ocasiones la inocencia de la actual dirigente nacional del PRD, por no encontrar elementos constitutivos de delito en la denuncia.

De manera unánime, los magistrados del tribunal colegiado ante el cual la procuraduría capitalina interpuso el recurso de revisión consideraron fundado y motivado el no ejercicio de la acción penal.

Con esto, se cierra de manera definitiva el caso, en el que también estaban relacionados el ex oficial mayor Porfirio Barbosa y el ex director de Comunicación Social Agustín Granados, por las acusaciones de Doring y Widmer, a las que se sumó el priísta Arturo Barajas.

El Ministerio Público resolvió que el monto de un contrato por 55.5 millones de pesos se aplicó con base en lo establecido en el programa de comunicación social del ejercicio correspondiente al año 2000. "Se constató que el contrato de prestación de servicios de difusión e información que el Gobierno del Distrito Federal celebró con la empresa Publicidad, Cine y Video SA de CV, fue con apego a la normatividad aplicable, sin haber transgresión a disposiciones legales de carácter penal y sin que hubiese distracción de fondos del erario local; por otra parte, el monto del contrato en mención no excedió el ejercicio presupuestal autorizado para tal efecto", argumentó el agente ministerial en su acuerdo del 11 de julio del año pasado.

Unos días antes, la Contraloría General del Gobierno de la ciudad había determinado que el proceso de ampliación de recursos al programa de comunicación social en dicho periodo se realizó de acuerdo con las facultades y atribuciones que confiere la ley.