¿Es una madre desnaturalizada?
Judiciales detienen a presuntos compradores de recien nacido producto de una violación y a la madre quinceañera

Con sólo 15 años de edad, A. V., quedó preñada a consecuencia de una violación que nunca pudo denunciar. Asustada, sin el apoyo de su familia, alguna vez durante el embarazo comentó: "cuanto nazca el bebé lo voy a tirar".
Originaria del estado de Puebla, A.V. informó que tenía 14 años cuando fue violada por un desconocido el primero de enero pasado y no supo qué hacer. Tenía miedo de hacer enojar a su familia si contaba lo ocurrido, por lo que decidió callarse. Vivía entonces con su hermana Leobarda, en la delegación Xochimilco.
A los dos meses, cuando se enteró que estaba embarazada, decidió irse de su casa; encontró trabajo como empleada doméstica pero no permaneció mucho tiempo, a causa de su embarazo.
En mayo, con cinco meses de gestación, conoció a María de los Angeles Casasola, dueña de un negocio de lavado de autos en la delegación Gustavo A. Madero, quien le dio trabajo y le permitió alojarse en un pequeño cuarto dentro del mismo establecimiento.
Casasola recuerda que en varias ocasiones, A.V. le dijo que no quería al bebé, pues no tenía dinero para mantenerlo y tampoco contaba con el apoyo de su familia. Aunque conocía que el embarazo de la adolescente era producto de una violación y alguna vez le oyó decir que "cuando naciera el niño lo iba a tirar", nunca la tomó en serio.
A mediados de agosto, A. V. le dijo lo mismo a una clienta del autolavado con la que platicaba mientras aseaba su vehículo. Al principio, Elsa Graciela León tampoco le creyó, pero se fue convenciendo de que la niña hablaba en serio al oírle repetir lo mismo de manera insistente. Le propuso entonces que se lo diera, "que lo iba a cuidar mucho en su casa", ofreció pagar los gastos del parto y dinero para que después del alumbramiento pudiera regresar a Puebla a buscar a su familia.
Elsa Graciela a su vez, pensó que podría hacerse cargo del niño Sara Silvia Pizano, una compañera de trabajo que alguna vez le dijo que le gustaría adoptar un bebé porque ella y su marido no habían podido tener otro hijo después de su primer embarazo.
Sara lo consultó con su marido, Alfredo Hilario Vergara Ponce, quien estuvo de acuerdo en quedarse con el bebé y pagar los gastos del hospital para el parto. Entonces, Elsa Graciela le dio a A. V. la dirección de un hospital para que fuera a consulta y a que la programaran para el parto.
La mañana del 22 de septiembre, Graciela llevó a la joven al hospital; ésta se registró con el nombre de Sara Silvia. Esa tarde, A. V. dio a luz, mediante una cesárea, a un varón al que no pudo amamantar por su estado de salud deficiente.
Al otro día, Elsa Graciela y Alfredo recogieron al niño y a su madre en el hospital. El hombre pagó seis mil 905 pesos de gastos hospitalarios y 10 mil 300 más por los gastos médicos, mientras Graciela ayudaba a la adolescente a vestirse, pues le dijo que se sentía muy débil.
Fuera, en la camioneta de Alfredo, lo esperaba su empleada doméstica, Cándida Velazco, a quien le entregó el bebé. A. V. y Elsa Graciela, en el auto de ésta, se dirigieron al cuarto de la menor, donde recogerían algunos documentos para "legalizar la adopción".
Alfredo, en su camioneta, seguía a Elsa Graciela, pues desconocía el lugar donde vivía la menor, pero en el trayecto lo detuvo una patrulla de la Policía Judicial del DF. "Bájate", le ordenó uno de los agentes, "¿Dónde está la mamá del bebé que te robaste?", le preguntó. María de los Angeles Casasola había dado parte a la policía. Ella asegura que cuando A. V. se dio cuenta de que Graciela entregó el niño a otra persona se enojó porque "ese no era el trato", y se lo dijo, por lo que decidió denunciar a la policía la "venta" del niño:
A. V. asegura haber recibido el pago de mil pesos a cambio del niño, 300 pesos semanas antes del alumbramiento y 700 el día en que abandonó el hospital; Graciela y Alfredo lo niegan. El Ministerio Público resolvió que estaba ante una privación ilegal de la libertad: artículo 366, del Código Penal vigente para el Distrito Federal: "al que con consentimiento de un ascendente que ejerza la patria potestad entregue a un menor a un tercero para su custodia definitiva a cambio de un beneficio económico", por lo que acordó la consignación de Alfredo, Graciela y Cándida, mientras que a A. V. la puso a disposición de la agencia 57 del MP especializada en Asuntos del Menor.
El juez 4º penal, anexo al Reclusorio Preventivo Norte, Enrique Cedillo García, dictó el 28 de septiembre el auto de formal prisión en contra de los dos primeros y puso en libertad a Cándida, por falta de pruebas, mientras que A. V. fue remitida al Consejo de Menores de la Secretaría de Seguridad Pública, donde no se proporcionó ninguna información sobre la situación jurídica de la menor. Sin embargo, tras la intervención del Instituto de las Mujeres del Gobierno del Distrito Federal, quedó en libertad y con apoyo del mismo se encuentra ahora en un centro de refugio para mujeres jóvenes, mientras el bebé, después de un frustrado intento de adopción en condiciones no muy claras, pasó del Albergue Temporal de la PGJDF a otro del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).(Angel Bolaños)

(al cierre de esta edición) El juez reclasifico el delito de privacion de la libertad por uno del mismo tipo pero sin agravantes en el que ambos la señora y alfredo alcanzaron la libertad bajo fianza. El ministerio público ya había considerado que no se había actuado de mala fe. Se les va a seguir el proceso en excarcelación.