Vigilaría el Estado la realización de una película en sus diversas fases de producción

''Ambigüedades'' en el contrato que firmarán Fidecine y productoras

Está bien fiscalizar los recursos invertidos, mas no la parte creativa, dicen cineastas y actores Víctor Ugalde, del fideicomiso, niega que habrá control de contenidos

JUAN JOSE OLIVARES

Con el nuevo contrato de coproducción que firmarán el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) con los llamados sujetos de apoyo (productores, distribuidores, exhibidores que soliciten ayuda financiera del Estado), el desarrollo fílmico estará más controlado debido a ciertas observaciones "ambiguas" que dependencias como RTC, Secodam y SHCP realizaron a este convenio, coincidieron en señalar personalidades del medio cinematográfico.

Tales observaciones -algunas de las cuales no fueron aceptadas por el mismo Imcine- implicarían riesgos para las productoras al firmar este contrato, las de la cláusula decimoctava de dicho pacto de coproducción, que dicta:

"Acceso a información: El Fidecine en todo momento podrá verificar la realización de la película en sus diversas fases de producción como son: preproducción, rodaje, post producción hasta su conclusión, pudiendo tener acceso a reportes de cámara, de sonido, de laboratorio, rushes de la película y demás materiales; obligándose el sujeto de apoyo a proporcionar la información contable y demás que estime conveniente y le solicite el Fidecine".

A decir de algunos sectores de la comunidad cinematográfica, es bueno que se regulen y vigilen los recursos y apoyos que el Estado da a las productoras para hacer cine, pero, sólo en cuestiones administrativas.

"Lo que menos necesitamos son políticas coercitivas o de control en contenido. Entendemos que hay que vigilar la aplicación de los recursos del Estado en su modalidad administrativa, mas no en la de contenido. Ya lo vivimos, había un censor de Gobernación que le ponía sellitos a las cajas del negativo. No podemos regresar a esos tiempos y cualquier idea al respecto es totalmente retrograda", dice el productor Matthías Ehrenberg, de Titán Producciones.

Para la presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la actriz Diana Bracho, "puede ser un contrato justo en el sentido que es una coproducción. Puede haber representación de las dos partes con igualdad de derechos para checar cómo va la producción y cómo se asignan los recursos, eso puede ser benéfico. No obstante, esa cláusula es muy ambigua porque igual puede ser que tenga que existir supervisión ideológica o que tienes que mostrar tus rushes cada semana y alguien va a juzgar si vas bien o le cortas".

Pero el secretario ejecutivo de Fidecine, Víctor Ugalde, defiende el contrato: ''En las reglas de operación de Fidecine hay una cláusula que habla sobre un productor delegado. En nuestras reglas de operación está marcada y por recomendación de RTC la incluímos. Nuestros contratos deben estar apegados en lo general a las reglas de operación. Esas fueron unas de las observaciones que entraron, además de las administrativas, que fueron muchísimas, pero que no tienen que ver con control de contenidos".

A su vez, Matthías Ehrenberg afirma: ''Nos vemos inhabilitados porque hay una falta de compromiso y de conciencia del sector institucional de darse cuenta de qué es el cine. Me parece delicado que se insista en restablecer mecanismos de censura o control sobre la libertad de creación y de los proyectos cinematográficos de este país, aquellos que dependen en gran medida de los estímulos institucionales. Hasta donde yo sé, estas observaciones sólo quedaron en intento. La cuestión es cómo hacer para que el cine que se está produciendo en México tenga un apoyo institucional serio y establecer una dinámica industria, regulada y auspiciada por el gobierno, que permita la inversión y el despliegue de proyectos".

Polvos de aquellos lodos

Fidecine, según sus reglas de operación, está encaminado al fomento y promoción permanentes de la industria cinematográfica nacional, con perspectivas de recuperación.

"Fidecine -dice Víctor Ugalde- es un fideicomiso que sirve como detonante, entonces nuestras funciones son: leer los guiones y, si son buenos y tienen viabilidad comercial como dicen nuestras reglas de operación, apoyarlos. Todo lo demás ya no nos compete. La comunidad cinematográfica en pleno desde toda la vida ha estado en contra del control de contenidos''.

Agrega: ''Lo que pasé es potestativo del comité técnico y estará siempre en función del tipo de producción y también del control administrativo. Lo que nos preocupa es que los recursos sean bien aplicados. De repente te conviene mandar a un productor delegado a una filmación porque, por ejemplo, si van a llenar la Plaza México para que no se cargue la nómina con extras, porque te pueden poner 4 mil cuando en realidad están usando 400; ahí es cuando se mandará a un productor delegado".

Para el cinerrealizador Felipe Cazals, el asunto es delicado: ''Estoy en desacuerdo con la intención, pero lo que yo sé es que se les propuso que se añadiera una cláusula donde de alguna forma tendría derecho o acceso alguna instancia del gobierno a la lectura del guión, además que tendrían derecho a cotejar que el corte final y ese guión fueran similares. Esto tiene un mensaje ambiguo. Tengo la impresión de que todo esto no se refiere a algo de orden económico ni administrativo, sino a un control de orden temático".

Abunda: ''Deben ser los polvos de aquellos lodos del asunto de El padre Amaro. El control de la economía a través de los rushes no tiene ningún sentido. No puedes disminuir el flujo económico en relación a los rushes, eso es absurdo, van a decir: no les sigo dando dinero poque hicieron un close up de la actriz, o qué. No hay nadie que frente a los rushes pueda dictaminar si la película tiene la calidad o no que requiere, por mil razones de orden técnico o de laboratorio, y por razones de contenido que no te permiten juzgar por los rushes. Esta es una manera de querer infiltrar una especie de centinela".

En tiempos de Emilio Cárdenas...

Defensora de que el Estado destinara recursos al cine nacional, la actriz María Rojo comenta: ''Una cinta es responsabilidad del director; a la hora de la filmación puede modificarla porque es un acto creativo y porque se te pueden ocurrir cosas. Ni los directores más malos o los más buenos se atienen al guión. Es una forma velada de censura. Ya tienen la regla de que cuando no acaban a tiempo se les interrumpe su película. Mucha gente sacrifica las ganas de filmar y dice denme dinero para filmar y no importa lo demás, y eso no puede ser porque es cuestión de principios".

Matthías Ehrenberg afirma: ''Una cosa es que el Estado como socio tuyo tiene derecho a tener la información contable del rodaje (lo que se llaman reportes de producción), pero de ahí a que tenga derecho a autorizar o regular los cortes de la cinta, pues no. Se ha demostrado que nuestro cine funciona, tiene espectadores y genera ingresos y riqueza para el país. Pese a esa demostración nos vemos inhabilitados para poder estructurar el despegue de una industria cinematográfica como la tuvo México. Si pasan o no las observaciones, lo delicado es que exista la posibilidad. Sabemos que hay una persona que tiene este tipo de actitudes anacrónicas.

''No se trata de crear fondos paliativos para la producción cinematográfica, sino de crear una industria de cine que tenga dos vertientes: el apoyo institucional a proyectos comerciales y otro a los que son más de autor y que no tienen las vías posibles de comercialización. Lo que menos necesitamos es cualquier intención, exista o no exista, se haga o no se haga".

Por su lado, el director y productor Fernando Sariñana, de Veneno Producciones, dice que "es deber del Estado apoyar al cine, creador de identidad nacional. Hay una tendencia a considerar al cine como un negocio. Cuando deciden darle el poco apoyo siempre lo condicionan con 80 mil pendejadas. Es parte de la lucha diaria darle otro contexto. Cada vez que inviertes en una cinta y consigues financiamiento del Estado, es a base de créditos y siempre terminas debiendo hasta la camiseta".

Víctor Ugalde insiste en que no habrá censura ni control: ''Nunca se habla de control de contenidos. Cuando existía el Banco Cinematográfico era una forma de inflar los presupuestos (de las producciones), que es lo que no queremos. Deseamos que el dinero esté bien administrado; esa sería la función del productor delegado y es bajo dictamen del comité técnico, no es obligatorio porque hay cintas con cuatro personajes que no tiene caso mandar a un productor delegado porque son cintas para rodar en una semana, por lo que no tienes por qué incrementar el costo de la filmación. En esos términos es como se piensa al delegado, con funciones administrativas".

María Rojo abunda: ''Yo llegué a filmar con un monito que entonces era de Gobernación y que siempre estaba allí de baboso, como vigilando. Eso era inadmisible. Es una aberración y luego basándose en el Fidecine".

Pero Ugalde acepta que "son reminiscencias del pensamiento de Emilio Cárdenas -director de Cinematografía de RTC-, que decía que esto se hacía antes y sí funcionaba. La sociedad ha empujado en cuanto a libertad de expresión en el cine. Cinematografía estaba en su derecho de pedir lo que creía pero los únicos que pueden decidir en el comité técnico del Fidecine son los siete integrantes que marca la ley".

El comité técnico está conformado por un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, uno de Imcine, uno de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, uno de productores, otro de exhibidores y uno más de distribuidores.

Se buscó a Emilio Cárdenas, a través de Fernando Castañeda, secretario particular del director de RTC, Manuel Gómez Morín, sin respuesta.