Fueron las autoridades las que violaron la ley: campesinos

Se ejercerá acción penal contra líderes de Atenco: Navarrete

El procurador dice no entender por qué rechazaron el proyecto

El error fue el precio inicial ofrecido por la tierra, asegura

MARIA RIVERA

Desde el 22 de octubre de 2001, fecha en que se anunció el decreto expropiatorio para construir el nuevo aeropuerto de la ciudad de México, la relación entre los campesinos mexiquenses afectados y las autoridades se ha desarrollado al filo de la navaja.

La ejecución de las órdenes de aprehensión contra la dirigencia del movimiento de resistencia de San Salvador Atenco podría ser el detonante de un conflicto en el que los involucrados poseen visiones totalmente contrapuestas, según confirmaron las partes consultadas, incluyendo al procurador del estado de México, Alfonso Navarrete Prida.

Para los ejidatarios, las acciones realizadas en defensa de sus parcelas son legítimas, y si alguien infringió el orden jurídico fueron las autoridades. Explican uno a uno los motivos de su arraigo a esa tierra. Señalan hacia las orillas del pueblo, al parque de los Ahuehuetes, donde tenía sus jardines Nezahualcóyotl, el rey-poeta, de quien se sienten sus herederos.

Prefieren guardar la argumentación clave para el final. No se han amparado, concluyen, porque los humillados y ofendidos son ellos, a quienes buscan despojar de su vida es a ellos. "Para nosotros los pobres la justicia no existe", afirma Adán Espinoza del Valle, uno de los dirigentes campesinos. "Si existiera la legalidad no habrían lanzado ese decreto anticonstitucional con el que nos quieren arrebatar todo lo nuestro. Son las acciones de las autoridades las que nos han puesto fuera de la ley", argumenta.

Niega que tras sus acciones haya intereses ajenos a la defensa de su ejido o grupos infiltrados. "Hay muchos que han venido a solidarizarse, llámense como se llamen; asociaciones civiles, campesinas, obreras, si a ellos les llaman guerrilleros por defendernos, pues entonces todos seremos guerrilleros. La nuestra es una auténtica lucha por la defensa de la tierra, no es posible que quieran arrebatárnosla y no la defendamos. ¿Cómo nos vamos a defender únicamente por la vía legal si las leyes no nos toman en cuenta?"

En la contraparte de este conflicto están los funcionarios, con un discurso homogéneo, escudado en cifras, en el que son de puntual rigor palabras como oportunidad, progreso o modernidad.

No hay delitos políticos: Navarrete Prida

El procurador Alfonso Navarrete Prida, por ejemplo, no comprende cómo los campesinos de Atenco pueden estar en contra de un megaproyecto de desarrollo de 5 mil millones de dólares iniciales -"¡y en una década de restricción de capital como la actual!"-, que no sólo los incorporaría, sino que les permitiría dar un futuro a sus hijos.

Desde su perspectiva, el único detalle fuera de orden fue el precio inicial de los terrenos expropiados. Ahora, gracias a las autoridades del estado de México, aclara, se incrementó de siete a 70 pesos el precio del metro cuadrado de tierra; no hay nada más que objetar.

El olvido en que ha vivido esa región es cierto, reconoce el funcionario, y ofrece razones. El estado de México es la entidad de mayor crecimiento demográfico del país y no tiene capacidad para dotar de servicios a toda su población. "Las posibilidades de un proyecto de desarrollo regional son casi nulas, porque no se cuenta con los recursos necesarios.

"¿Qué tuvo de maravilloso el lugar? ¡Que técnicamente puede construirse un aeropuerto que considera una inversión de 5 mil millones de pesos y eso permite generar empleos, vialidades, rutas de almacenamiento, reubicaciones urbanas y atraer mayor inversión!", exclama.

Todas estas oportunidades, señala con satisfacción, convencieron a 12 de los 13 núcleos ejidales afectados por la expropiación que han pactado; los únicos renuentes son los de Atenco, que no sólo se niegan a vender, sino que además se están pasando de la raya con sus acciones, pero en cuanto se extralimiten o se acaben de integrar las averiguaciones, lo que ocurra primero, se les detiene.

Explica que las acusaciones contra la dirigencia del movimiento son por lesiones, privación ilegal de la libertad, daño en propiedad ajena y por impedir el acceso a un inmueble destinado al servicio público. "No hay un solo delito político en esto, ni motín ni subversión", advierte, y reconoce que si hasta ahora no aprehendieron a nadie ha sido por prudencia, para no crear mártires, pero que en un plazo no mayor de dos semanas estarán en posibilidades de ejercitar acción penal.

Se niega a proporcionar los nombres de los líderes a quienes se les están integrando las averiguaciones -salvo el de Ignacio del Valle, "y creo que hay un Ariel"- para evitar el martirologio. Considera que el núcleo dirigente del movimiento tiene otros intereses políticos ajenos al aeropuerto y que hay otros grupos que están manifestándose. Cita a partidos, grupos políticos, "como el CGH o radicales de la Universidad de Chapingo", más otros externos al estado. Cree que el movimiento ha tenido contacto con núcleos subversivos, pero "éstos no se han involucrado de lleno con la gente de Atenco. Sé que han tenido visitas en ese contexto, que los han ido a ver, a buscar, pero habrá que esperar el desenlace".