Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Viernes 27 de septiembre de 2002
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El y un síndico, acusados de despojo y abuso de autoridad

Solicita la PGJ de Veracruz el desafuero del alcalde de Córdoba

GUADALUPE LOPEZ ESPINOSA CORRESPONSAL

Jalapa, Ver., 26 de septiembre. El procurador general de Justicia de Veracruz, Pericles Namorado Urrutia, solicitó al Congreso local la "declaración de procedencia" (desafuero) para actuar penalmente contra el alcalde de Córdoba, el panista Edgar Hugo Fernández Bernal, y el síndico José Antonio Domínguez Martínez, presuntos responsables de los delitos de despojo y abuso de autoridad.

Namorado Urrutia apuntó que la Procuraduría de Justicia integró la averiguación previa 89E/2002 con motivo de una denuncia presentada por el administrador de la empresa Kormorán, Efrén Pérez Pérez, contra los servidores públicos.

Una vez practicadas las diligencias, se determinó que procede el ejercicio de la acción penal, en virtud de que quedó acreditada la probable conducta delictiva que se les imputa a Fernández Bernal y Domínguez Martínez.

A ambos se les acusa de que, en abuso del cargo que desempeñan, usaron la fuerza pública para introducirse al inmueble en disputa y desalojar al vigilante sin contar con alguna resolución judicial para el acto.

Con la finalidad de que los legisladores cuenten con los elementos de prueba para determinar si procede lo solicitado, el procurador anexó copias certificadas de la averiguación previa. La solicitud del procurador Namorado Urrutia se turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso local.

El diputado panista Sergio Penagos señaló que llama la atención que se hable de una solicitud de "declaración de procedencia" contra un alcalde que no fue denunciado y que jamás ha sido llamado a rendir declaración ante el Ministerio Público, ni en una subprocuraduría especializada para delitos de los servidores públicos.

Durante la sesión de la comisión permanente, el diputado priísta Pedro Garcés presentó una iniciativa de reforma al Código de Elecciones, para derogar la reforma de 1997, que establece la realización en una misma fecha de elecciones para gobernador, diputados locales y alcaldes.

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