Rechaza Garzón el recurso de Batasuna contra la suspensión de sus actividades

Impone el gobierno de José María Aznar un "estado de excepción" en Euskadi, acusa el PNV

La ola de críticas en los medios, "poco acordes con el respeto al Poder Judicial", dice el juez

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 6 de septiembre. El Partido Nacionalista Vasco (PNV), denunció hoy un retroceso en las libertades y derechos de los ciudadanos vascos y acusó al gobierno español de imponer el "estado de excepción", en tanto que el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, rechazó este viernes el recurso interpuesto por la coalición vasca Batasuna contra la suspensión de sus actividades.

Sólo dos manifestaciones siguen convocadas para las próximas horas en Pamplona (Navarra) y Guernica (País Vasco), en apo-yo a la coalición, luego de que Garzón declaró ilegal la marcha de este sábado en Ansoain (Navarra), y que los convocantes a otras dos, en Bilbao y San Sebastián, decidieron suspenderlas después de que un tribunal vasco ratificó su prohibición.

El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, afirmó hoy que en Euskadi se ha instaurado un "estado de excepción larvado, sin declarar, de hecho, no de derecho", en el que además no se ha respetado la separación de poderes ni el código penal y se han vulnerado los "derechos de expresión, manifestación, asociación y presunción de inocencia".

El líder nacionalista se refirió así a las re-cientes acciones emprendidas desde el go-bierno español, la oposición socialista y por Garzón, al considerar que las dos vías abiertas para la disolución de la coalición abertzale es "un grave deterioro democrático".

El pasado 26 de agosto el Parlamento aprobó por mayoría absoluta una moción en la que insta al Ejecutivo a que presente una denuncia ante el Tribunal Supremo pa-ra disolver a la formación vía la ley orgánica de partidos políticos, que entró en vigor el 29 de junio y fue creada con ese fin.

Ese mismo día, Garzón firmó un auto judicial en el que declaró la disolución de la coalición y ordenó el cierre de sus sedes y locales, incluidas las del exterior del país, así como el embargo de sus cuentas y la prohibición de realizar manifestaciones "inspiradas o impulsadas" desde Batasuna.

Precisamente, Nicaragua recibió este viernes una petición de Garzón para clausurar y embargar un local de Batasuna denominado Casa Lindavista, en Managua.

Después de una reunión con los máximos dirigentes de su partido, Arzalluz juzgó que los autos de Garzón han provocado un "clima de inseguridad", ya que son "corregidos y jurídicamente incorrectos", y de-nunció el "silencio de los dirigentes que no comparten estas actuaciones", pero que como ahora "hablar en determinados términos es estar en favor del terrorismo", temen "recibir el castigo mediático".

Advirtió que su formación pondrá condiciones al acatamiento de la Constitución, "mientras nos lleve a una democracia sólo nominal, y a un cierre a cal y canto de la legítima expresión de los derechos vascos".

Emilio Olavarría, parlamentario del PNV y ex miembro del Consejo General del Po-der Judicial (CGPJ), explicó las razones por las cuales su formación considera que no se ha respetado la división de poderes y se han vulnerado derechos básicos, y señaló que la nueva ley de partidos "se redactó únicamente para posibilitar la ilegalización de Batasuna abriendo un proceso que ha re-cordado que esto pervierte la Constitución, la ley orgánica del propio CGPJ y la quintaesencia del sistema democrático".

Por su parte, la organización sindical vasca ELA subrayó que "el proceso soberanista no avanzará sin confrontación con el Estado español", en vista de la actitud de Madrid contra el independentismo vasco.

El documento agrega que la suspensión de Batasuna demuestra que el poder español prefiere "la obediencia debida a defender los derechos y libertades, así como el cumplimiento de la voluntad de la ciudadanía".

En una ordenanza adoptada hoy, Garzón ratificó que "Batasuna es un instrumento del entramado del Movimiento de Liberación Nacional Vasco", creado por ETA, y reiteró su decisión de clausurar sus locales.

Batasuna, considerado el brazo político de ETA, podrá presentar un recurso contra el rechazo de su apelación ante la Audiencia Nacional. En caso de una nueva desestimación, podrá recurrir al Tribunal Constitucional, y luego ante la justicia Europea.

Garzón también se refirió a críticas recibidas por algunos medios, que consideró "son poco acordes con el respeto a la independencia del Poder Judicial y la división de poderes". En relación a las prohibición de las manifestaciones, dijo que se olvida que en este procedimiento "se investigan hechos delictivos y no actos políticos".

Aludió a la polémica sobre la prohibición a Batasuna de convocar a manifestaciones, que afecta sólo a dicha coalición nacionalista y "su entorno", medida que no pretende prohibir el derecho de reunión y manifestación del resto de los ciudadanos.

Recalca que tales personas "podrán hacer aquello que su libertad les sugiera", al tiempo que si transgreden los límites de la ley, "quien tenga que exigir su cumplimiento, que desde luego no esté juzgado, lo hará".

Igualmente, se refirió a la imputación que hace contra Euskal Fondoa, que consideró una tapadera diseñada por ETA para asistir a sus miembros que huyeron hacia América Latina, sobre todo a Nicaragua.

Para el juez "queda claro que la intención de ETA-HB fue instrumentar arbitrariamente a la citada asociación aprovechando el campo de acción que tiene, ajena a aquella estructura delictiva, brindaba ayudaa con sus programas en Nicaragua".