Tricolor y blanquiazul se niegan a rediscutir el tema
Panistas y priístas aplauden el fallo de la Corte; el sol azteca lo impugna
ANDREA BECERRIL Y MIREYA CUELLAR
Legisladores panistas y algunos priístas aplaudieron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que desecha las controversias promovidas contra la ley indígena; mientras, los perredistas lamentaron que ese tribunal diera "tan duro golpe" al movimiento indígena y perdiera la oportunidad de hacer algo por el mismo, tradicionalmente marginado.
El coordinador de los senadores priístas, Enrique Jackson Ramírez, estaba ayer fuera del país, pero su fracción emitió un comunicado en el que manifiesta "su más profundo reconocimiento al rigor jurídico de la Suprema Corte", cuya resolución en torno a las controversias indígenas "fortalece el papel positivo del Congreso en la democracia mexicana".
El fallo, "jurídicamente impecable", es la ratificación de que "en el Congreso de la Unión se hicieron bien la cosas y con apego a derecho", agrega el Revolucionario Institucional en el documento.
Sobre el tema, el chiapaneco José Antonio Aguilar Bodegas, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, dijo que la Suprema Corte validó la legislación, por lo que se mantiene vigente y se debe aprovechar en beneficio de los grupos étnicos.
En el mismo tenor, el coordinador panista, Diego Fernández de Cevallos, expresó que dicho tribunal dio la razón al Congreso en torno a la reforma indígena, pero ello no cierra la puerta a eventuales modificaciones o adiciones a la misma, incluso de carácter constitucional.
"Ninguna legislación se debe asumir como perfecta y para siempre, por lo que, sin tratar de impulsar un círculo vicioso, que nos lleve a nunca terminar con el tema, debe haber apertura tanto para modificar esa reforma como para avanzar en la legislación secundaria", agregó, y rehusó hablar más sobre el tema.
En tanto, el diputado panista Fernando Pérez Noriega dijo que "por lo menos en esta Legislatura, el tema está agotado". En ese aspecto coincidió con los priístas Carlos Ramírez Marín y Manuel Añorve, quienes se mostraron satisfechos con "el sentido" del fallo y pidieron a los "actores políticos", en referencia al EZLN, "que no se sientan agraviados por la resolución".
Pérez Noriega aseguró que no habrá una ley federal de derecho y cultura indígenas (es decir, una legislación reglamentaria), sino que los detalles se establecerán en las constituciones de los estados.
"Lo que sí debemos hacer en el Congreso son adecuaciones a diversas leyes secundarias, para verificar que ninguna de ellas contravenga el texto constitucional; por ejemplo, en materia de derecho procesal, para efectos de que estén debidamente protegidos los derechos de los indígenas."
El panista descartó toda posibilidad de que su partido acceda a rediscutir el tema, pues "está agotado".
Se desaprovechó oportunidad de abrir Cuna rendija de luz a los pueblos indios
Los diputados priístas matizaron su satisfacción, al acotar que la situación de Chiapas "no está tranquila", que los actores deben hacer "un esfuerzo" para buscar una solución "pronta y expedita" y que ninguna ley por sí misma -"no es una varita mágica"- cambiará la situación de los indígenas del país.
El coordinador de los diputados perredistas, Martí Batres Guadarrama, manifestó que la decisión no ayuda a la solución del conflicto en Chiapas ni hace justicia a los millones de indígenas del país.
Entrevistado en la Secretaría de Gobernación, el perredista insistió en que si bien la Suprema Corte ha tomado decisiones muy importantes en torno a temas relevantes -como el de Banca Unión, el Código Penal del Distrito Federal, el caso Aguas Blancas o la industria eléctrica-, con su fallo de ayer "desaprovechó una oportunidad para abrir una rendija de luz a los pueblos indios, especialmente de Chiapas".
Aseguró que sí había elementos para considerar inconstitucional el procedimiento por el que se aprobó la reforma indígena, en virtud de que el cómputo y el conteo de los congresos locales se hizo de manera inadecuada.
En tanto, el diputado oaxaqueño Héctor Sánchez consideró que es un "duro golpe" para el movimiento indígena, que confiaba en la reapertura de la discusión, y una "mala señal" para los grupos guerrilleros de otros estados. "No han entendido que mientras los indígenas sean excluidos, no habrá paz", advirtió.
