El largo y sinuoso proceso legal

Declarar improcedentes 322 de las 330 controversias constitucionales presentadas contra las reformas constitucionales en materia derechos y cultura indígenas requirió de un largo proceso legal que involucró prácticamente a todo el país, desde el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal, hasta los 330 municipios demandantes de los estados de Chiapas, Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Jalisco, Puebla, Tabasco, Hidalgo y Tlaxcala.

El 31 de junio del año pasado, el gobernador de Oaxaca, José Murat, interpuso la primer controversia constitucional en contra de dicha reforma; sin embargo, ésta fue la primera en ser desechada en razón de que fue presentada antes del 14 de agosto de 2001, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas constitucionales.

Posteriormente vinieron las controversias en cascada. El 3 de septiembre del año pasado, el gobierno de Tlaxcala y 247 municipios oaxaqueños que se rigen y gobiernan por "usos y costumbres" y apoyados por el gobierno de José Murat, interpusieron controversias constitucionales en contra del procedimiento de aprobación de las reformas referidas.

Estos municipios demandaban también la no aplicación de la reforma constitucional en razón de que contravenía una ley en la materia aprobada previamente en Oaxaca, que establece la libre determinación de las comunidades indígenas, su autonomía y su personalidad jurídica de derecho público.

Por otra parte, la línea central de los demandantes, a los que se sumaron otros 60 que presentaron después sus controversias, era que las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión no tomaron en cuenta los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Además, se cuestionó la forma en que las legislaturas locales aprobaron por mayoría simple y no por dos terceras partes, las reformas constitucionales que les envió el Congreso de la Unión.

Por otra parte, sólo 26 municipios (de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Jalisco y Veracruz), que tuvieron el respaldo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de abogados independientes, acudieron a las audiencias constitucionales realizadas en junio pasado y llevaron un proceso legal que combinó los aspectos jurídicos con mítines y plantones que tuvieron lugar en la sede de la Suprema Corte, con el propósito de "sensibilizar" a los ministros para que resolvieran la anulación del proceso de validación de la reforma indígena.

Precisamente estos municipios que interpusieron recursos de reclamación cuando no les fueron aceptadas testimoniales y pruebas en materia de derecho indígena, derecho constitucional e internacional, están todavía a la espera de que la Corte resuelva sus controversias, porque no se han llevado a cabo aún las audiencias constitucionales. Aunque, seguramente serán sobreseídas en los próximos días. JESUS ARANDA Y GUSTAVO CASTILLO