Existen elementos suficientes para proceder
penalmente en su contra por parar el Metro, dice
Demanda la PGJDF desaforar al diputado local Fernando
Espino
Desatendió 2 citatorios del MP Renunció
a su derecho de ofrecer pruebas de descargo Los priístas
no meteremos las manos al fuego por el líder sindical: Rodríguez
Barrera
ANGEL BOLAÑOS, ROBERTO GARDUÑO Y CIRO
PEREZ SILVA
La Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF) solicitó ayer a la Cámara de Diputados el
desafuero del legislador local priísta Fernando Espino Arévalo,
dirigente del Sindicato Metropolitano de Trabajadores del Sistema de Transporte
Colectivo (STC), a fin de proceder penalmente en su contra tras comprobar
la existencia de elementos probatorios suficientes para demostrar el cuerpo
de los delitos de coalición de servidores públicos y ataques
a las vías generales de comunicación, por la suspensión
del servicio en dos líneas del Metro el pasado 8 de agosto, afectando
a más de medio millón de usuarios.
El
titular de la Fiscalía de la Agencia Investigadora Central número
50, Fausto Ayala Espejel, confirmó que en la averiguación
previa que se inició por la denuncia que presentó el departamento
jurídico del STC se configuraron los delitos de coalición
de servidores públicos y ataques a las vías generales de
comunicación.
Ayer, la PGJDF entregó a la secretaria general
del órgano legislativo del Congreso de la Unión, Patricia
Flores Elizondo, la solicitud para que dé inicio al juicio de procedencia
en contra del diputado priísta.
Al respecto, el coordinador de la fracción del
PRI en el palacio legislativo de San Lázaro, Rafael Rodríguez
Barrera, manifestó que sus correligionarios no meterán las
manos al fuego por el dirigente del sindicato del Metro; "se trata de que
haya legalidad y que las cosas sean conforme a derecho". El legislador
campechano adujo que se mantendrá atento a la aplicación
rigurosa de la ley.
No rindió declaración
El agente del Ministerio Público que tuvo a su
cargo la integración de la indagatoria, José Luis Flores
Tapia, requirió a Espino Arévalo en dos ocasiones -el 13
y el 15 de agosto pasado- en la fiscalía de la agencia 50 para que
rindiera su declaración ministerial. Al no atender ninguno de los
citatorios, para la dependencia Espino Arévalo renunció a
su derecho constitucional de conocer la acusación y ofrecer pruebas
para su defensa en la etapa de integración del expediente.
"Del estudio de las actuaciones practicadas en la indagatoria
de mérito, cuya copia certificada se adjunta, se desprende que se
comprobó la existencia de elementos probatorios suficientes para
demostrar el cuerpo de los delitos de coalición de servidores públicos
y ataques a las vías generales de comunicación, previstos
y sancionados por los artículos 216 y 167 fracción VII del
Código Penal para el Distrito Federal, así como la probable
responsabilidad penal de Fernando Espino Arévalo en la comisión
de estos ilícitos", señala el texto de solicitud enviado
a la Cámara de Diputados.
La procuraduría capitalina inició el 2 de
agosto pasado la averiguación previa, una vez que el Centro Estratégico
de Operaciones del STC tuvo conocimiento de que el líder de los
trabajadores del Metro acordó con los empleados del Departamento
de Transportación suspender labores durante 24 horas en la línea
B el día 8 del mismo mes, según la denuncia presentada por
Noemí Martel Espinoza, apoderada legal del Sistema de Transporte
Colectivo. La averiguación previa es la FACI/50T1/1008/2002-08.
Incluso en la citada línea se colocaron comunicados
dirigidos al personal sindicalizado para enterarlo de dicha medida, con
la firma al calce de Espino Arévalo y los secretarios general y
del Trabajo del comité ejecutivo de la sección II de Material
Rodante y Fuerza Obrera del Metro, Héctor Manuel Zavala Bucio y
José Francisco Pérez López, respectivamente, lo que
ha servido de prueba al MP para acreditar el cuerpo del delito.
El día 8 la suspensión del servicio se realizó
en las líneas B, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca, y la 9,
que va de Pantitlán a Tacubaya, lo que, según cifras del
gobierno de la ciudad, afectó a unas 650 mil personas usuarias del
transporte.
"De aprobarse el juicio de procedencia en contra del C.
Fernando Espino Arévalo, solicito se remita a esta institución
el resultado correspondiente, para los efectos de que se ejercite la acción
penal que legalmente compete a esta representación social, ante
el juez correspondiente, toda vez que se encuentran reunidos los extremos
que señalan los artículos 16 y 21 de la Constitución,
y 122 y 124 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal vigente", sobre la acreditación del cuerpo del delito y
la probable responsabilidad del inculpado.
En el caso más reciente de juicio de procedencia,
solicitado por la PGJDF en contra de Oscar Espinosa Villarreal, cuyo proceso
penal se desarrolla en el juzgado 4 penal anexo al Reclusorio Norte, el
órgano legislativo tardó 86 días en dictaminar la
procedencia del desafuero y poco menos de dos meses más para obtener
la orden de aprehensión de la autoridad jurisdiccional.
