Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Miércoles 4 de septiembre de 2002
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ONG rechaza acusaciones del juez Garzón

El auto judicial que emitió el pasado 26 de agosto el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y que permitió la suspensión de actividades de la coalición nacionalista vasca Batasuna -desde el cierre de sus locales al embargo de cuentas bancarias- vinculó además a decenas de asociaciones y personas al supuesto entramado de la organización armada ETA. El magistrado trabaja en este macrosumario desde hace más de cinco años, cuando se convirtió en el juez que asumió la mayoría de los procesos judiciales relacionados con el conflicto vasco.

El documento de 375 páginas menciona entre las entidades presuntamente pro ETA a Euskal Fondea, organización no gubernamental que realiza trabajos humanitarios en Centroamérica, especialmente en Nicaragua, pero que para Garzón se trata de una tapadera que sirve al grupo armado para el "sostenimiento de sus militantes en Latinoamérica y, concretamente, en Nicaragua".

Lo insólito de esta acusación es que la vicepresidenta de Euskal Fondea es Ana Urchuegia, la alcaldesa socialista de Lasarte, quien ha sufrido amenazas de ETA; mientras la tesorera de la organización es militante del conservador Partido Popular, al que pertenece el presidente del gobierno español José María Aznar. En cambio, el auto judicial señala que ambos cargos son de Batasuna.

La propia Urchuegia compareció este martes en San Sebastián ante la prensa para rechazar la acusación, ofreciendo a Garzón que "revise las cuentas para evitar cualquier posible desconfianza por parte de los ayuntamientos, miembros y ciudadanos sobre el destino del dinero" que recauda Euskal Fondea.

La edil socialista, quien recientemente fue objeto de un atentado fallido por parte de un comando etarra, explicó que esa ONG agrupa a 70 entidades locales de diferentes vertientes políticas con el único objetivo del "desarrollo de la cooperación internacional", pero con la acusación de Garzón el esfuerzo "de convencimiento para que los ayuntamientos destinen 0.7 por ciento de sus presupuestos a la cooperación, se puede caer". ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

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