Carlos Martínez García
(In)justicia por propia mano
Conforme los medios de comunicación van ensanchando su atención noticiosa más allá de las cúpulas de poder económico, político, religioso y cultural y se interesan por documentar lo que sucede en la vida cotidiana de los ciudadanos, los móviles de su conducta, aspiraciones y formas de relacionarse, hemos ido conociendo facetas antes veladas de la sociedad mexicana. Los reflectores mediáticos crecientemente alcanzan a iluminar zonas oscuras de la conflictividad ciudadana y sus maneras de dirimirla. Una de esas caras, la más ominosa y reprobable, es la de hacerse justicia por propia mano.
Son variadas las explicaciones que desde distintos lugares se dan a los actos en que una turba enfebrecida decide ejecutar a quien sumariamente considera culpable de haber cometido algún agravio contra la comunidad. Un argumento que mueve a los linchadores y justificadores de las ejecuciones es que existe alta desconfianza en las instituciones de procuración de justicia municipales, estatales y federales. Esgrimen que la corrupción del aparato judicial y la consecuente impunidad que cubre a los delincuentes son elementos que contribuyen a que tengan lugar los linchamientos. No cabe duda que esa corrupción existe y que la impunidad es un lastre incompatible con la democracia integral a la que como sociedad aspiramos. Sin embargo, tal realidad no exime de responsabilidad jurídica y moral a quienes participan en las atrocidades que terminan en asesinatos o graves daños físicos de personas a las que se les negó cualquier posibilidad de defensa en un espacio seguro para su integridad.
Los linchamientos no ocurren nada más en lugares apartados, en poblaciones rurales y con todo tipo de carencias, sino que también suceden en medios urbanos y con indicadores sociales más favorables que en los espacios campesinos e indígenas. Fueron ciudadanos con acceso a línea telefónica en su domicilio los que la noche del 3 de agosto de 2000 hicieron que el sentido de la consulta en turno en el noticiario conducido por Joaquín López Dóriga, que preguntaba si los televidentes estarían dispuestos o no a darse justicia por sí mismos, se inclinara contundentemente con 70 por ciento de llamadas hacia la posibilidad afirmativa. Hace tres años (13 de septiembre) en la primera plana de La Jornada se publicó una fotografía estremecedora. Eran cinco hombres con la soga al cuello. El quinteto estaba compuesto por presuntos integrantes de una banda de asaltantes, que fueron aprehendidos por la policía comunitaria de Leonardo Bravo, Guerrero. Junto con los policías, habitantes del poblado Las Trincheras les pusieron las sogas a los cinco para colgarlos por sus fechorías. La acción no pudo consumarse por la intervención de agentes de la policía judicial del estado. Esa misma tarde, en el marco de la celebraciones del decimoquinto aniversario de nuestro diario, Carlos Monsiváis se refirió a la contundente fotografía: "Un diario es capaz de decidir, un día cualquiera, desplegar en primera plana esa plaga del horror, el linchamiento, donde (cinco) personas van a ser colgadas como cuatreros del siglo xix". El hecho, según la nota de Blanche Pietrich, significó para Monsiváis registrar "...de manera crítica y democrática la negación de la democracia que ya no viene sólo del gobierno, sino también de la sociedad".
El punto marcado por el autor de Lo marginal en el centro es, para mí, muy importante para quienes buscamos una democratización que no se quede en lo político y electoral. Una cultura política autoritaria, cuya mayor expresión fueron las décadas de dominación priísta, se ha adentrado en las conciencias y prácticas de una muy buena parte de la ciudadanía. Por esto sigue pendiente la tarea de construir en casi todas las instancias de la sociedad mexicana, en los espacios de poder y en la sociedad civil formas democráticas de interacción y de resolver los conflictos. Por muy loables que sean las causas de un grupo o de una persona, esto no les da ningún derecho a vulnerar las garantías que nuestras leyes establecen para cada habitante del país. Es necesario estar atento a los actos que niegan la democracia pero cuentan con apoyo popular. No todo lo que hace una mayoría se convierte súbitamente en acto democrático. Aunque la "consulta instantánea" que terminó en julio del año pasado con el atroz linchamiento de Carlos Beltrán Pacheco por parte de trastornados pobladores de la Magdalena Petlacalco, en la delegación Tlalpan, tuvo apoyo popular, esto no transmutó el homicidio en acto justo.
Para contribuir al conocimiento de la (in)justicia por propia mano en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está convocando al primer certamen de ensayo sobre el sórdido tema. Es necesario documentar esta execrable realidad, no por interés macabro sino por la necesidad de comprender y difundir un fenómeno que debemos erradicar de la civitas mexicana. Es un acierto de la CNDH estimular a quienes están investigando el tema y darle resonancia mediante la publicación de un libro, que estará conformado por los trabajos seleccionados por un jurado reconocido en el área de los derechos humanos.
