La derecha lo obstaculiza haciéndolo girar por las comisiones legislativas
Congelado en el congreso argentino proyecto de Unión Civil para parejas homosexuales

· A los sistemas de salud entran colándose por una rajadura de la ley que no habla de "matrimonio" sino de "convivientes"
· Menem vetó, en la ley de Contrato de Trabajo, la prohibición de discriminar por opción sexual y por ideas gremiales

Patricia Kolesnicov

Buenos Aires., El empleado de la Obra Social leyó la solicitud dos veces. Sí: en el casillero "titular" figuraba un nombre femenino. Y en el casillero "cónyuge", también. Sí, era una mujer pidiendo beneficios sociales -en particular, seguro médico-- para otra mujer, en su carácter de ¡esposa! La escena, claro, no transcurre en Amsterdam sino en un día frío del invierno de Buenos Aires, año 2001. El empleado titubea, dice que lo va a consultar. La solicitante sonríe, contesta que no hay nada que consultar, que la ley la ampara. Quizás tenga razón, pero es la primera vez que este empleado se topa con el caso.
La salud de los argentinos se atiende por distintos sistemas. Por un lado, hay una tradición de excelencia en hospitales públicos. El médico más prestigioso ha ganado sus medallas trabajando en estas instituciones que curan gratuitamente a toda la población y por eso es habitual encontrar, como jefes de servicio, nombres que en sus consultorios privados cobran fortunas. Pero el desguace del Estado ha dejado los hospitales en tal grado de pobreza que a veces el paciente tiene que llegar con sus jeringas o aportar gasa. Con la crisis, además, están superpoblados.
Por otro lado están las Obras Sociales, un seguro de salud completo que se paga con un porcentaje del sueldo de cada asalariado más otro, que aportan los patrones. Unos y otros aportes son obligatorios y la obra social cubre al trabajador y a su familia, por la misma plata. Cada sindicato tiene su obra social, así que fueron eficientes y poderosas obras sociales tales como las de maestros, empleados de comercio u obreros de la construcción, que eran ricas porque tenían muchísimos afiliados. La desocupación, la caída de los salarios y una rebaja en los aportes patronales, las debilitaron. A esto se sumó que, durante el gobierno de (Carlos) Menem, se permitió que cada trabajador cambiara de obra social. Así, un aeronavegante podía inscribirse en la obra social de encargados de edificios si le convenía, lo que amenazó a las obras sociales más chicas. Entonces apareció otro negocio: muchas obras sociales chicas hicieron convenios con las Prepagas: los sistemas privados de salud, caros, lujosos y con fines de lucro. Así, el aeronavegante podía derivar sus aportes a la obra social de Arbitros Deportivos quien, a su vez, los pasaba a una Prepaga. Esto, si el aporte era lo suficientemente alto como para cubrir la cuota de la Prepaga. Si no, el trabajador ponía unos pesos más de su bolsillo.
La historia del principio, la de la trabajadora que pide seguro social para su compañera, sigue con una entrevista con el director de la Obra Social, que le asegura que la va a apoyar pero que un ente estatal, la Superintendencia de Seguros de Salud, tiene que aprobar el caso. A los tres meses llega la aprobación: la trabajadora, su compañera y la hija de la compañera están cubiertas, como cualquier familia. Entonces la trabajadora pide el acceso a la Prepaga, que dice que no. La Prepaga no reconoce esa unión como una familia, ni aunque el Estado ya la haya reconocido. La intervención de una abogada no mejora las cosas: habrá que litigar.
En la Argentina no hay una legislación específica sobre el acceso de parejas homosexuales, en tanto tales, a los sistemas de salud. Pero entraron por una rajadura de la ley de Obras Sociales, que no habla de "matrimonio" sino de "convivientes". Como el sexo no está determinado, en la década del 90 algunas parejas plantearon su derecho a darle obra social a sus compañeros/as y fueron aceptados.
"Hace unos años -dice Pablo Rosales, subgerente de la Superintendencia de Seguros de Salud- hubo varios dictámenes a favor de aceptar a estas parejas. El conviviente, según la ley, lo único que tiene que probar es que convive, y eso se hace mediante un trámite administrativo, con dos testigos". Rosales aclara que las Obras Sociales no tienen por qué consultar con la Superintendencia pero "lo hacen porque tratan de evitar afiliar a alguien por quien no cobrarán nada". Como con leyes no alcanza, muchas parejas homosexuales no se acercan a pedir su afiliación, ya por desconocimiento, ya por miedo de que se enteren en su trabajo. "Este año -dice Rosales-no se presentó ni una".
Ante el éxito con las obras sociales, las parejas más audaces pidieron que también los reconocieran en el sistema de Seguridad Social, es decir, las pensiones por viudez. Esto al principio fue aceptado y finalmente, rechazado por el Estado. Una viuda -o viudo- heterosexual cobrará la pensión de su pareja, aunque nunca se haya casado legalemente. Un homosexual o lesbiana no, sin importar cuántos años hayan tirado juntos del mismo carro.
Los servicios médicos privados no se ven, por ahora, forzados a aceptar a las parejas de sus afiliados. Pablo Giordano, presidente de la Asociación de Empresas de Medicina Prepaga -una de las cámaras del sector-explicó a Triple Jornada que "no tenemos una categoría que los incluya y por ahora no nos hemos visto en la necesidad de crearla. Antes no aceptábamos cubrir maternidad a mujeres solas, hace unos años tuvimos que hacerlo". Aunque la ley argentina prohíbe la poligamia, Giordano admite que "tenemos familias árabes compuestas por un hombre y varias mujeres. Pero parejas homosexuales, por ahora no. Quizás tengamos que hacerlo en el futuro..."
Para el futuro, justamente, la Comunidad Homosexual Argentina presentó, el año pasado, un proyecto de Unión Civil ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, para la ciudad y no para todo el país. Flavio Rapisardi, ex vicepresidente de esa institución y Coordinador de Estudios Queer de la Universidad de Buenos Aires, explicó que si se aprueba la iniciativa "la gente que trabaje en organismos que dependan de la ciudad accederá a ciertos beneficios como planes de vivienda o subsidios, como cualquier familia. También tendrán derecho a ingresar a hospitales públicos como pareja o retirar un cadáver, algo que ahora no se puede hacer".
En un momento en que planes de vivienda prácticamente no hay y restringido al ámbito de la ciudad, el proyecto parece poco ambicioso. "La idea -dice Rapisardi- es ir instalando el tema en los lugares donde hay consenso, que son las ciudades grandes del país. E ir avanzando hacia un pacto nacional. No queremos un matrimonio, queremos un pacto de solidaridad que se pueda disolver con la sola voluntad de uno de los miembros".
El proyecto fue presentado formalmente por Izquierda Unida, se aprobó en las comisiones de Derechos Humanos y Asuntos Constitucionales, pasó a Legislación General y de ahí lo mandaron a la Comisión de Presupuesto. "Esto -lee Rapisardi- es una prueba de que la derecha tiene pánico de que se apruebe. Cuando no quieren que salga un proyecto, lo empiezan a hacer girar por las Comisiones. Tenemos en contra a sectores cristianos del peronismo y a la derecha del partido radical".
Por ahora, rige en el país una ley antidiscriminatoria que no contempla, como uno de los casos particulares, la opción sexual. Tampoco se la excluye, pero entender si es legal o no discriminar a una persona por su elección sexual queda a criterio de cada juez. En el ámbito laboral las cosas son peores: en septiembre de 1998 se modificó la Ley de Contrato de Trabajo para hacer más baratas las indemnizaciones por despido y los costos laborales en general. Al mismo tiempo, se incluyeron categorías nuevas en lo referido a la prohibición de discriminar en el empleo. "Orientación sexual" estaba entre estas categorías y así lo aprobaron el Ministerio de Trabajo y el Senado de la Nación. El presidente de entonces, Menem, vetó dos puntos de esa ley. Una fue la prohibición de discriminar por opción sexual. La otra --no es raro-- por ideas gremiales.