Las declaraciones de Carlos Jonguitud Barrios publicadas el domingo pasado en estas páginas, y en las cuales el viejo ex líder charro involucró a los "grupos de control" de la actual secretaria general del PRI, Elba Esther Gordillo, en el asesinato del profesor Misael Núñez Acosta, perpetrado el 30 de enero de 1981, parecen haber sido un elemento importante en la decisión de algunos integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de presentar --ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado-- una denuncia contra ambos ex dirigentes magisteriales por el homicidio referido. Al mismo tiempo se ha manifestado una reverberación mediática en la que caben tanto las entrevistas de glorificación -y hasta de desagravio, diríase-- a la dirigente priísta, como las descalificaciones formuladas por algunos opinadores sobre la honestidad y el profesionalismo de La Jornada y sobre la pertinencia de su decisión de publicar la entrevista que desató el escándalo.

Algunos hallan el aliciente de sus sospechas en el hecho de que, en esa entrevista, Jonguitud haya hablado más de Elba Esther Gordillo que de sí mismo, y decretan que los señalamientos de éste contra la actual secretaria general del PRI son inverosímiles porque proceden de un personaje político, corrupto y descalificado; otros insinúan que este diario explotó el declive de Jonguitud con propósitos editoriales ocultos, descubren sagazmente un destiempo en la denuncia penal presentada antier, auguran el fracaso al procedimiento legal iniciado por el magisterio democrático y terminan perdidos en disquisiciones un poco leguleyas y un poco canónicas sobre la naturaleza de la guerra sucia que se libró, desde el poder público, contra los disidentes del sindicato magisterial.

Cabe preguntarse en qué medida el coro mencionado responde a los lineamientos formulados (el 17 de mayo de mayo de 1989, ante dirigentes magisteriales de Coahuila, en la sala de juntas del quinto piso del edificio del CEN del SNTE, en la calle de Venezuela, según lo consignó Proceso en su edición del 5 de junio de ese año) por la propia Elba Esther Gordillo para tratar asuntos con los periodistas: "Desmintiéndolos, saturándolos con gente nuestra. Ese es un medio. El otro, pues con dinero, ¿me explico? Hablando con los reporteros; a ver qué se traen, cómo está y cuánto cuesta el asunto, ¿o no?"

Sea como fuere, y ante los ensayos descarados o discretos por descalificar la información y las motivaciones editoriales de este diario, es importante formular dos consideraciones. La primera es que La Jornada, como cualquier otro medio, realiza su tarea con intenciones específicas y que, en nuestro caso, están a la vista de todo mundo. En el episodio de referencia, el propósito de publicar la entrevista con Jonguitud fue contribuir al esclarecimiento de la verdad, y especialmente de un episodio de la guerra sucia -en su vertiente de represión a la disidencia magisterial--, así como poner en el debate público una sospecha generalizada que, hasta el pasado domingo, sólo se expresaba en voz baja, y que, según el principio de que nadie debe ser considerado culpable en tanto no se prueben sus delitos en un juicio legal, agravia a los demandados -Gordillo Morales y Jonguitud Barrios--; la sospecha ha sido además, hasta ahora, el único sucedáneo de justicia en un asesinato que permanece impune y cuyo esclarecimiento -tardío o no- debiera ser una exigencia irrenunciable para todas las personas de buena voluntad, empezando por las que presumen y pontifican con sus pretendidos conocimientos legales.

Otra consideración irrenunciable es que, quienes se dedican a formular insinuaciones sobre los motivos por los cuales este diario destacó en su primera plana las acusaciones de Jonguitud Barrios contra Gordillo Morales, dan la espalda, sin pudor ni rigor, a los aspectos centrales del debate: la necesidad de establecer y sancionar la responsabilidad intelectual por los homicidios de Misael Núñez Acosta y de Isidro Dorantes; la pertinencia de procurar e impartir justicia ante ese y otros crímenes urdidos desde las estructuras corporativas del poder priísta, y la recuperación de la memoria en torno a las gestas sindicales democratizadoras de las décadas pasadas, gestas que costaron muchas vidas inocentes y que contribuyeron en forma significativa al desarrollo democrático del país en su conjunto.