Emilio Pradilla Cobos
Destrucción del patrimonio ambiental y cultural
En Cuernavaca, Morelos, se desarrolla desde hace meses un movimiento cívico en defensa del patrimonio ambiental y cultural que encierra el ex Casino de la Selva, elemento reconocido de la identidad urbana, amenazado de destrucción por el proyecto de gran desarrollo comercial emprendido por la empresa trasnacional Costco, permitido, avalado y apoyado por los gobiernos estatal y local. La destrucción patrimonial avanza rápidamente. Un nuevo acto de ese proceso fue la represión policial contra el plantón realizado el 21 de agosto por el Frente Cívico pro Casino de la Selva, y el encarcelamiento de 29 manifestantes, justificado por el gobernador del estado y su procurador de Justicia -ambos del PAN- con furiosas expresiones contra los opositores al proyecto y las organizaciones sociales que los apoyan, entre ellas la de los ejidatarios de Atenco, a quienes pretenden negar el derecho constitucional de libre tránsito por Morelos.
Estos no son hechos aislados ni focalizados en la región; son expresión de la fusión entre el gran capital y los gobiernos, y del apoyo y protección que brindan los gobernantes a los empresarios en su afán de privatizar lo público y convertir el campo y la ciudad en sus territorios exclusivos, en grandes supermercados, a costa de destruir el patrimonio ambiental, inmobiliario, artístico y cultural, legado de la naturaleza o construido por las generaciones pasadas y presentes, sin importar el riesgo de sacrificar las identidades nacionales, locales o comunitarias.
Con excesiva frecuencia, los medios de comunicación informan sobre proyectos y acciones empresariales en diversas regiones o ciudades que atentan contra este patrimonio y sobre posturas gubernamentales permisivas, promocionales o protectoras de ellas. Ahora mismo los ciudadanos luchan contra la apertura de un McDonald's en pleno Zócalo de Oaxaca. Al capital sólo le interesa el patrimonio ambiental, histórico o cultural si puede lucrar con él individualmente; si no es así, lo sacrifica, lo sustituye por arquitectura y urbanismo chatarra, desechable, de bajo costo y mal gusto, pero rentable. Los gobiernos, de derecha y algunos democráticos o de izquierda, que luego de ser elegidos se colocan por encima de la sociedad -o contra ella- han abandonado su obligación social de defender el patrimonio público, creado colectivamente, y aceptan el sofisma neoliberal de que "sólo la inversión privada -la extranjera sobre todo- puede impulsar el desarrollo" o "rescatar el patrimonio ambiental o cultural"; desestiman cualquier fórmula autogestiva, comunitaria, social o participativa o le dan un apoyo restringido que las condena al fracaso. El resultado es que los gobiernos entregan el patrimonio natural o social a los empresarios sin previo proyecto integral de mediano y largo plazos, sin establecer convenios o contratos de corresponsabilidad, que resuelvan o mitiguen sus impactos negativos, sin condiciones ni plazos, sin exigir nada a cambio para el resto de la ciudadanía.
En el mejor de los casos los empresarios recuperan selectivamente aquello que es rentable o les da prestigio, y lo explotan en beneficio privado; el resto lo dejan a su suerte. En la peor y más frecuente práctica destruyen o desnaturalizan el patrimonio social para someterlo a la lógica de la ganancia individual. Lo paradójico es que esta destrucción, que beneficia a algunos inversionistas, se vuelve contra la acumulación de capital de muchos otros empresarios y de su proyecto colectivo; los ejemplos son múltiples en el campo del desarrollo del turismo ambiental, cultural o recreativo (reservas naturales, costas, áreas patrimoniales, pueblos o colonias con identidad tradicional, etcétera). Ello ocurre en todo el país y sin lugar a dudas en nuestra metrópoli, en su Centro Histórico y otras áreas patrimoniales.
Los partidos políticos, por lo general, sólo apoyan estas movilizaciones cuando convienen a sus intereses como oposición al gobierno local o nacional, pero se colocan del lado opuesto cuando son parte del gobierno correspondiente. Hoy, son las organizaciones sociales y comunitarias, las ONG, los vecinos, los intelectuales y estudiantes, los que asumen la defensa del patrimonio colectivo, encontrando frente a ellos a los gobiernos que se dicen sus representantes. Todo indica que la sociedad, cada vez más consciente de que sólo ella puede preservar para las generaciones futuras el patrimonio legado por la naturaleza o las generaciones pasadas, tendrá que tomar crecientemente en sus manos su defensa contra el capitalismo salvaje y sus instrumentos gubernamentales de derecha o de cualquier otro signo.
Nuestra solidaridad, por tanto, está del lado del Frente Cívico pro Casino de la Selva en su lucha por salvar lo que queda del patrimonio ambiental y artístico de ese lugar, para beneficio y disfrute de todos los morelenses y mexicanos.
