Destacan rectoría del Estado en prestación del servicio

Supera plan eléctrico de Fox al de Zedillo: asesores legislativos

CIRO PEREZ SILVA

En un documento elaborado por asesores de diferentes partidos en la Cámara de Diputados sobre las iniciativas de reforma al sector eléctrico de Vicente Fox y Ernesto Zedillo, se advierte que la primera "contiene aspectos positivos que superan por mucho" el texto que envió al Congreso el ex presidente.

Uno de los aspectos que destaca el análisis es que en la iniciativa presentada por Fox se mantiene como "rector y responsabilidad exclusiva del Estado" la prestación del servicio público de energía eléctrica, a diferencia de la iniciativa zedillista, que proyectaba como actividad reservada a la nación sólo el "control de la red nacional de trasmisión de electricidad".

De acuerdo con los asesores, reservar al Estado mexicano la prestación del servicio público de energía eléctrica fragmenta el mercado y permite que existan dos tipos de usuarios: los pequeños y medianos consumidores, que serían las pequeñas y medianas empresas, casas habitación, así como el alumbrado público, y mantiene en otra parte del mercado a los grandes consumidores, para los cuales existirían las nuevas empresas generadoras de electricidad que convendrían con ellos sus contratos de abastecimiento.

El esquema propuesto permitiría que los nuevos generadores privados otorgaran el servicio a los pequeños consumidores sólo en caso de que las tarifas que se cobraran fuesen iguales o inferiores a las que mantiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Explican que en este contexto, a diferencia de la propuesta zedillista, no existiría un "mercado eléctrico" al cual tendrían que acudir productores y consumidores a vender el "fluido", por lo que el impacto en las tarifas de los hogares no tendría que ser negativo, ya que el costo para ellos continuaría dependiendo del monto del subsidio a ser aprobado por la Cámara de Diputados.

Señalan en el documento que la iniciativa foxista pretende otorgar mayor autonomía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para lo cual sería un requisito indispensable que ésta tenga un régimen tributario similar a la de cualquier empresa privada, a efecto de que pudiese contar con recursos suficientes que le permitieran crecer y modernizarse con la finalidad de poder competir con las empresas nuevas que entrarían al mercado.

Consideran, sin embargo, que debería hacer más explícito el concepto de "servicio público" que contiene la iniciativa foxista, "qué incluye y qué excluye, cómo se va a garantizar la autonomía de la CFE, qué se va a hacer con las prestaciones de los trabajadores sindicalizados, cómo se va a garantizar la competitividad de la ahora paraestatal".

Precisa que el "punto nodal" de la propuesta presidencial para que esta apertura no se convierta en una privatización "no es el cambio constitucional", sino la manera como se garantiza la competitividad de la CFE y cómo se llevará a cabo su restructuración, incluyendo el órgano de gobierno, su régimen fiscal y política tarifaria.

Cambios a la Constitución

Los asesores reconocen que uno de los aspectos que más polémica han causado es la modificación a los artículos 27, sexto párrafo, y 28, cuarto párrafo, de la Constitución. Hasta el momento el PRI y el PRD han manifestado su desacuerdo a cualquier modificación de tales preceptos, pero aun cuando la iniciativa del Ejecutivo fuese rechazada, el Congreso de la Unión debería trabajar en la modificación de dichos artículos, particularmente en el 27, luego del fallo de la Corte.

Recuerdan que en 1992 se hicieron reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, por las que los particulares pudieron participar en la generación mediante esquemas de autoabastecimiento, cogeneración y producción independiente de energía eléctrica; de hecho en la actualidad ya opera un número muy importante de empresas de generación en el sistema eléctrico nacional, a tal grado que del total de la capacidad instalada en México, 45 mil 534 megavatios, 10.6 por ciento, es decir, 4 mil 647, son producidos por independientes, autoabastecimiento y/o cogeneración.

Sin embargo, precisan, el artículo 27 de la Constitución, que es una ley de orden superior a la del servicio público de energía eléctrica, señala: "Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines".

Lo anterior quiere decir que el Estado no puede concesionar a ningún particular bajo ninguna ley o concepto la generación de energía eléctrica, lo que haría inconstitucional el 10 por ciento de la energía que actualmente se produce, mencionan los asesores partidistas en la Cámara.