Ayer, en lo que un dirigente de Izquierda Unida (IU) describió como "el día más aciago para la democracia española desde la creación de los GAL (escuadrones de la muerte alimentados desde el gobierno de Felipe González para asesinar independentistas vascos), el célebre titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Baltazar Garzón, proscribió todas las actividades "orgánicas, públicas, privadas e institucionales" de la coalición independentista vasca Batasuna ?calificada por la clase política española de brazo político de la organización terrorista ETA? "sea cual sea el nombre que ésta pueda adoptar".

En forma simultánea, las dos fuerzas políticas hegemónicas del bipartidismo español, el Partido Popular (PP, en el poder) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) instaron al gobierno de José María Aznar a que pida al Tribunal Supremo la ilegalización de Batasuna por sus "ataques graves e inaceptables a los principios del sistema democrático" y porque, en opinión de los partidos españoles mayoritarios, "fomenta un clima de intimidación generalizada cuyo objetivo es eliminar las condiciones indispensables para el ejercicio del pluralismo y la democracia".

Frente a los 313 votos combinados del PP, el PSOE y dos pequeños grupos de Canarias y Andalucía, brillaron las 27 abstenciones del partido que gobierna en Cataluña, Convergencia i Unió (CiU), IU, el Bloque Nacionalista Galega y la Chunta Aragonesista, así como los diez votos en contra de las formaciones vascas Partido Nacionalista Vasco (PNV, en el poder en Euskadi) y Eusko Alkartasuna y de las catalanas Iniciativa per Cataluña-Verds y Esquerra Republicana de Cataluña.

De esa manera equívoca se inauguró formalmente en España una nueva era de persecución ideológica por parte del nacionalismo español contra el nacionalismo vasco, y se abrió la puerta para sacar del escenario institucional y legal a cualquier grupo político que moleste a las organizaciones mayoritarias españolas: PP y PSOE, y que bien podrían ser, en un futuro próximo, el propio PNV y acaso también los partidos del autonomismo catalán. Con la fuerza de los votos en el Congreso y mediante procedimientos judiciales que ni siquiera pasaron por la demostración en un juicio de los alegados vínculos entre Batasuna y ETA, se suplantó una atribución que debiera ser exclusiva del mandato popular por medio del sufragio: la desaparición de una fuerza política de la escena parlamentaria.

Ya en 1997 el juez Garzón encarceló a los 23 dirigentes de esa organización legal acusándolos de estar ligados a ETA. Año y medio después un alto tribunal de justicia ordenó su liberación debido a que no halló sustancia en las pruebas aportadas por quien se considera juez de jueces.

A 26 años de la muerte de Francisco Franco, la España de Aznar ("que procede de una familia que ha sido nomenclatura del régimen franquista, que fue el que originó precisamente a ETA", como señaló el portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti) recupera, por la vía parlamentaria, el monolitismo, la intolerancia y la ceguera que caracterizaron al régimen del Caudillo de España por la Gracia de Dios frente a las expresiones nacionalistas de los vascos.

El citado Anasagasti recordó en tribuna que, en el siglo pasado, su partido fue proscrito en dos ocasiones, durante las dictaduras de Primo de Rivera y Franco. El paralelismo no deja de ser preocupante y, como dijo Gaspar Llamazares, líder de Izquierda Unida, el Congreso español se arriesga además a que el Tribunal Constitucional deje sin efecto la votación de sus señorías y a que el Tribunal de Derechos Humanos del Parlamento Europeo cuestione una decisión que además no logró el consenso deseado por el PP y el PSOE. La vida política peninsular transita a lo que Arnaldo Otegui, líder de la coalición abertzale, proscrita ayer, calificó justificadamente de "democracia a la turca", en alusión a la selectividad discrecional con la que la tiranía de Ankara legaliza o prohíbe las organizaciones políticas. La demo- cracia en España empieza a convertirse en simulación.

La sociedad española, bombardeada a todas horas por unas autoridades que han sido incapaces de derrotar política o policialmente al terrorismo, y por conglomerados mediáticos obsecuentes ante el poder público, se manifestaba mayoritariamente, en efecto, por iniciar una campaña de persecución de todo lo que oliera a nacionalismo vasco, por más que éste tenga expresiones mucho más diversas que la brutalidad criminal etarra. Pero la sociedad vasca no comparte esa convicción. En tal circunstancia, la clase política española cometió ayer la imperdonable necedad de ahondar la brecha entre ambas sociedades, de socavar los principios elementales del régimen de partidos y de regalar un balón de oxígeno a los terroristas, quienes cuentan desde ahora con nuevos argumentos, con mayor credibilidad y con una militancia potencial multiplicada, toda vez que los independentistas de izquierda -que no necesariamente comulgaban con ETA- se han quedado sin más camino que la clandestinidad.

Las consecuencias de estas determinaciones demenciales serán, pues, inevitablemente trágicas para los españoles, para los vascos y para la institucionalidad española en su conjunto.

Hace unos días en este espacio se destacaba la urgente necesidad de que la institucionalidad nacional vuelva a poner interés en el conflicto chiapaneco, el cual está cerca de llegar a su noveno año y, tres gobiernos después del alzamiento del primero de enero de 1994, sigue sin resolverse en sus causas profundas y, guste o no a la clase política, a los Poderes de la Unión, a los partidos y al México visible, constituye el recordatorio de una convivencia injusta, oprobiosa y racista entre la nación y sus pueblos indígenas, así como una señal de alarma sobre los descontentos profundos -y de sobra justificados- que están presentes en diversos puntos de la geografía física y humana de nuestro país. Se hacía referencia entonces a la reactivación de los grupos paramilitares de filiación priísta, a los crecientes episodios de violencia -que habían causado ya varias muertes--, a la incapacidad de las autoridades estatales de resolver por sí mismas un conflicto que es de carácter nacional y al poco interés de la Federación por una insurrección que ha sido declarada resuelta por decreto.

Ayer en la mañana los paramilitares segaron otras dos vidas en una comunidad zapatista, la del municipio autónomo Ricardo Flores Magón, e hirieron a otros siete pobladores del lugar. De manera coincidente se reportaron intensos movimientos de tropa del Ejército en las regiones de conflicto.

Es especialmente grave y preocupante que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) haya ofrecido a los medios una versión "intercomunitaria" de esos hechos de sangre, que inexorablemente recuerda los balbuceos y las distorsiones de las autoridades zedillistas de procuración de justicia cuando intentaron presentar la masacre de Acteal como un ajuste de cuentas entre grupos indígenas rivales.

El poco verosímil comunicado de la PGJE afirma que las muertes son producto de un pleito por una dote y una novia raptada y posteriormente desairada.

La inocultable escalada de violencia que recorre la zona de las cañadas debe ser tomada en serio por el gobierno federal. Si éste persevera en su decisión de minimizar el persistente conflicto chiapaneco se verá ante una confrontación de dimensiones magnificadas por la apatía, la simulación, el continuado desprecio del México oficial al México indígena, que difícilmente podrá ser circunscrita al territorio chiapaneco. Es tiempo de cambiar la reforma del año pasado en materia de derecho y cultura indígenas y de establecer, de una vez por todas, un estatuto de dignidad y justicia para los pueblos indios del país.