Consejeros estudiantiles rechazan la iniciativa, pues "no garantiza nada a alumnos"
Aprueba el IPN reformas que no contemplan su autonomía y dan concesiones a PRI y SNTE
JOSE GALAN
El Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional (IPN) aprobó una iniciativa de reformas a su ley orgánica acotada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lograron impedir que en el documento final quedara incluida la palabra autonomía.
El artículo primero de la iniciativa, que consta de 20 artículos y ocho transitorios, dice que el IPN será "un órgano de Estado" no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que presta servicio público de educación e investigación tecnológica, figura inspirada en las reformas recién aprobadas a las leyes del Conacyt y de Ciencia y Tecnología.
En el artículo 16 se aprobó, por 131 votos en favor y 28 en contra, la reinstalación de todos los ex directivos surgidos del PRI en los órganos de consulta del consejo y como "asesores" de la dirección general, tres meses después de haber sido recortados del presupuesto por ésta. Costaban 7 millones de pesos anuales al instituto.
El artículo 18 plantea que las relaciones laborales entre el IPN y los empleados se regirán por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución mexicana, y que el instituto permanecerá incorporado al régimen de la ley del ISSSTE; es decir, los politécnicos continuarán en el SNTE y adscritos a un organismo de seguridad social controlado por el sindicato magisterial.
Cabe señalar que en el artículo siete transitorio queda establecido, por si fuera poco, que la expedición de esta ley -en caso de sea aprobada por el Congreso de la Unión- no afecta los derechos laborales ni sindicales adquiridos por los trabajadores del IPN.
Se reitera el carácter público, laico y gratuito del instituto, pero en ese mismo artículo, el número dos, se señala en la fracción cuarta la vinculación del IPN con la sociedad y los sectores productivos, sobre todo mediante los servicios y la tecnología que generen los politécnicos, además de que se garantizará, por iniciativa de los consejeros estudiantes, que los servicios educativos, como la enseñanza de lenguas extranjeras, serán gratuitos para los alumnos de escasos recursos.
La iniciativa de reformas, aprobada luego de cuatro días de deliberaciones en la sala del consejo general en Zacatenco, rodeada de secreto y sin acceso a la prensa, será enviada hoy martes a primera hora al presidente Vicente Fox, quien a su vez deberá mandarla al Congreso de la Unión para su aprobación. Luego de las concesiones al priísmo y al magisterio, se espera que pase sin problemas.
"La decisión está ahora en manos del Congreso de la Unión", afirmó el director general del instituto, Miguel Angel Correa Jasso. En conferencia de prensa, celebrada anoche, advirtió que el IPN realizará "un intenso cabildeo entre todas las fuerzas políticas para sacar adelante la iniciativa, una vez que haya sido enviada por el Presidente de la República".
Correa Jasso reconoció que, para su aprobación, la legislación estará sujeta al escrutinio de fracciones partidistas, "en ocasiones muy encontradas", pero advirtió que esta iniciativa responde a la "pluralidad y libertades" de la comunidad del IPN. "Cabe señalar que prácticamente ninguno de los artículos fue aprobado por unanimidad, lo cual refleja la intensidad con que los politécnicos han vivido este proceso", añadió.
Sin embargo, mientras maestros, directores y trabajadores del consejo lograban imponer con mayoría su postura conservadora y evitaban la plena autonomía del instituto, los 24 consejeros estudiantiles anunciaron, por conducto de René Vargas, su pleno rechazo al documento, porque, dijo el consejero a La Jornada, "no garantiza nada a los estudiantes".
La reunión de los 159 miembros del consejo general consultivo, que se efectuó a puerta cerrada, constituyó la culminación de un proceso interno de toma de opinión que se inició prácticamente en mayo de 2000, cuando Vicente Fox, en el Día del Politécnico, "sugirió" a la comunidad comenzar a discutir la posibilidad de alcanzar la autonomía plena mediante la revisión de su ley orgánica.
Es cierto que hubo avances, como la creación de un ombudsman de los derechos de los politécnicos, que será nombrado a propuesta del consejo general consultivo, que busca, a su vez, convertirse en el consejo general resolutivo, pero se acordó que, de acuerdo con el artículo ocho fracción primera, el director general de esa casa de estudios será designado, como hasta hoy día, por el Presidente de la República, con base en "una lista" que le será proporcionada por el propio consejo general consultivo. La redacción final del documento, cuya copia está en poder de este diario, contempla como punto de partida para cualquier reforma la condicionante de que se respeten y fortalezcan los derechos de los cerca de 30 mil trabajadores -entre académicos y de apoyo- afiliados al SNTE, cuya líder es, en los hechos, la secretaria general del PRI, Elba Esther Gordillo.
Otro avance sería, en caso de que lo aprueben primero la Presidencia y luego el Congreso de la Unión, que podrá contar con una partida presupuestal propia dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y no, como sucede actualmente, que dependa de la Secretaría de Educación Pública (SEP). También tendrá facultades para expedir títulos profesionales y de grado, como antes lo hacía la SEP en su nombre.
La figura de "órgano de Estado" permitirá al IPN entrar en posesión de todos sus bienes muebles e inmuebles, instalaciones y terrenos, que hasta ahora forman parte del patrimonio de la SEP. Además, tendrá facultades para ejercer sus recursos autogenerados.
Otra de las reformas que generó largas discusiones establece, en el artículo 13, que para el caso de funcionarios, excepto el rector, no será necesario contar exclusivamente con un título del IPN, sino que podrá provenir de otras escuelas o instituciones de educación superior públicas.
En el artículo sexto transitorio se plantea que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las adecuaciones necesarias para el establecimiento del ramo presupuestario del IPN como órgano descentralizado del Estado no sectorizado. El Congreso de la Unión "hará lo que corresponda para determinar el presupuesto del IPN para 2003"; es decir, el instituto podría gozar de libertad financiera pero no política.
