Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Martes 13 de agosto de 2002
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Política

Niegan que haya acuerdos con pobladores de la biosfera, como afirman autoridades

Temen observadores desalojo en Montes Azules

La CCIODH recopiló cientos de testimonios de amenazas, presiones y patrullajes en la zona

BLANCHE PETRICH

Los observadores internacionales en materia de derechos humanos tienen en Chiapas un nuevo foco de atención que han incorporado al monitoreo que realizan desde hace cuatro años: la amenaza de desalojo a comunidades zapatistas de la reserva de la biosfera de Montes Azules.

En los recorridos que hicieron en febrero y marzo de este año, los pueblos que radican en esa zona, núcleo de la organización zapatista, entregaron a la Comisión Civil Internacional de Observación (CCIODH) el grueso de las denuncias de agresión y hostigamiento.

Helena Roux, de Nicaragua, y Genevieve Saunier, de Canadá, señalaron que lo que ahí suceda en los próximos meses ''será observado muy de cerca'' por esa y otras organizaciones internacionales.

''Son muchas las evidencias de las presiones que están sufriendo las comunidades zapatistas para desalojar la zona para favorecer proyectos de inversión privada para la explotación de la biodiversidad. Fuentes del gobierno estatal y de los responsables del Plan Puebla-Panamá (PPP) aseguran que todo está debidamente concertado con los pueblos. Lo cierto es que en los poblados afectados hay gran incertidumbre y desconocimiento sobre lo que se pretende hacer", comentaron.

En esta tercera misión de la CCIODH fue incorporado como tema específico de estudio la repercusión del Plan Puebla-Panamá en las comunidades indígenas. Se concluyó, después de tomar el pulso en la región de Montes Azules y de escuchar a las fuentes oficiales, en particular al ex coordinador del PPP Florencio Salazar, que ahora es más manifiesto ''el alineamiento del discurso institucional a las recetas estándar promovidas en todo el continente, consistentes en privilegiar el aspecto económico como motor para la resolución de los problemas sociales y en detrimento del quehacer político como vía de resolución de los conflictos''.

Los delegados que recorrieron la zona de Montes Azules recopilaron cientos de denuncias de patrullajes militares y presiones, episodios de tráfico de maderas, incendios intencionales y en medio de la confusión, el arribo de unidades de la Policía Federal Preventiva.

Explica Helene Roux: "Lo que está en juego en la biosfera de la Selva Lacandona son dos visiones incompatibles: la privatización de la zona, para beneficio de grupos políticos y particulares muy poderosos, extranjos incluso y la reivindicación de la autonomía por parte de los pueblos indios."

La previsión, añade Genevieve Saunier, es que si se produce un desalojo violento, que es al parecer la orientación hacia donde se dirige el conflicto, habrá por parte de los pobladores de las 40 comunidades amenazadas "resistencia y una reacción generalizada." Agrega que, por encima de las divisiones entre comunidades zapatistas y no zapatistas, hay un criterio unitario muy claro de qué es lo que está en juego.

Nueva correlación política y nuevos conflictos

A diferencia de la situación que encontraron en las dos misiones anteriores, ahora el estado vive una alternancia en los poderes federal y estatal contrapunteada con la hegemonía del PRI en el Congreso local. "Percibimos que esto generó en este último periodo en Chiapas nuevas correlaciones políticas... y nuevos conflictos", señaló Roux.

Uno de los síntomas más preocupantes para el grupo de observadores fue que los grupos paramilitares se han recacomodado y afianzado sus posiciones en las comunidades, siempre en clara complicidad con el ejército.

La estancia de los observadores en la zona norte del estado coincidió con la fecha, en marzo, cuando se reabrió la iglesia de El Limar, en Tila, y fue arrestado el dirigente del grupo paramilitar Paz y Justicia, Diego Vázquez.

Contra la interpretación oficial de que ese suceso marcó un hito en los procesos de reconciliación, en las comunidades, constataron los observadores, no se percibió como factor para disminuir tensiones, sino como parte de un proceso de reacomodos políticos y nuevas pugnas de control.

Una de las fallas más importantes, sostienen, es que las bases de apoyo zapatistas no están involuradas en los procesos de reconciliación y tampoco se ha hecho nada por investigar los delitos cometidos o para reparar el daño, en aras de una inexistente ''convivencia pacífica''.

Otro proceso que se presenta como indicador de la distensión por parte del gobierno es el retorno de casi mil 500 desplazados a sus comunidades. Esto, indican, tampoco es producto de un cambio en la situación, sino un movimiento de sobreviviencia ante la drástica reducción de prespuesto de asistencia. En el caso de Polhó, la Cruz Roja recortó a la mitad el apoyo que brindaba. A ello se suma la presión por la falta de tierras cultivables en un espacio pequeño, falta de leña y agua. Esas son las razones que empujaron al retorno, aun cuando persiste el riesgo de nuevos episodios violentos, porque en las tierras de los retornados continúan los grupos paramilitares.

En este punto de la entrevista se incorpora otro de los observadores, el catalán Robert Sabata: "Lo que en el sexenio anterior fue una política de desmantelamiento de los municipios autónomos por la vía violenta, ahora ha adoptado nuevas formas. Los municipios autónomos son socavados mediante los apoyos económicos condicionados y programas oficiales como Procede y Procampo''.

Lo que llamó la atención de los observadores es que en ese panorama adverso se han multiplicado las iniciativas autonómicas a escala local. Es por ello que desde afuera es difícil determinar si el municipio autónomo zapatista es una experiencia en retroceso o si por el contrario va expandiéndose a la luz de iniciativas inovadoras.

Hay otros focos encendidos, indican los observadores, particularmente en el norte, donde da la impresión que la relativa calma está prendida de alfileres. Hubo comunidades -en Roberto Barrios y Tila, por ejemplo- donde los representantes abiertamente le expresaron a la CCIODH que que si no han respondido con medidas de fuerza a las provocacions hasta ahora es por respetar el cese al fuego, pero que esta tolerancia se está agotando rápidamente.

Explica Sabata: ''En muchas comunidades están perfectamente bien ubicados los grupos que tienen y acumulan armas y hay decenas de órdenes de aprehensión sin ejecutarse. Esta es una omisión calculada, una forma de actuar para, llegado el momento, instrumentar a estos elementos armados a favor de determinada situación''.

El paramilitarismo, concluyen, es una realidad persistente en las zonas en conflicto, ningún grupo ha sido desarticulado, si bien hay una recomposición. Sus fuentes de financiamiento no sólo están ligadas al Ejército, sino a la captación de recursos de programas de desarrollo que están diseñados, pese a lo que asegura el gobernador, al control económico y político de las comunidades.

La CCIODH se organizó como una primera reacción de urgencia ante la matanza de Acteal, a finales de 1997. A la convocatoria por hacer lo único que se podía hacer en ese momento -simplemente ir al lugar de los hechos- respondieron principalmente en Europa, pero también en Estados Unidos y Canadá, 210 observadores, entre alcaldes, diputados, representantes de organizaciones e incluso obispos, como el prelado de Evreux, monseñor Gaillot.

Desde el principio, el grupo fue concebido como una organización horizontal, sin dirigentes ni representantes. Su aspiración es que una vez hecha la observación de campo y elaborados los informes y las conclusiones, el trabajo regrese a las comunidades para que los protagonistas puedan hacer con estos reportes una herramienta de lucha.

Para la segunda misión la CCIODH amplió sus objetivos con el criterio de derechos humanos entendidos también como derechos económicos y colectivos. En su tercera fase, ya a la luz de la alternancia, se han agregado investigaciones temáticas, como el Plan Puebla-Panamá, y se le ha dado seguimiento a otras esferas de observación, como algunos casos de presos de conciencia o las investigaciones en torno al asesinato de la abogada Digna Ochoa.

Números Anteriores (Disponibles desde el 29 de marzo de 1996)
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