Lucio Cabañas, el rencuentro

Ahora, con motivo de este esperado y necesario rencuentro con Lucio Cabañas (finalmente hemos logrado el reconocimiento de sus restos), considero conveniente hacer un recuento de ciertas ideas planteadas en diferentes momentos y foros. Me interesa insistir en algunas dimensiones de movimientos sociales semejantes al que encabezó Lucio Cabañas hace más de 30 años y en las represiones que en México han sido recurrentes desde el 2 de octubre de 1968 hasta Aguas Blancas, Acteal o El Bosque.

Los movimientos sociales que fueron reprimidos de manera brutal, como fue el caso de la Operación Cóndor, en Sudamérica; el de la lucha contra Sendero Luminoso, en Perú; el despliegue de los kaibiles, en Guatemala, o el de las fuerzas paramilitares en Chiapas, forman parte de procesos complejos que no siempre son conocidos o comprendidos a profundidad, y sobre los cuales no hay una información extensa suficiente y clara.

El punto fundamental es la descalificación de la resistencia social. Así ocurrió con el movimiento de Lucio Cabañas. Después de la descalificación social viene la eliminación física con armamento o con operaciones represivas específicas. Pero la primera arma que esgrime el Estado, que esgrimen los gobiernos, los medios informativos, haya guerra fría o no, es desconocer la causalidad social de los movimientos y reducirlos a delincuencia absoluta. La descalificación de su causalidad social conlleva de inmediato la adjetivación de gavilleros, asesinos, ladrones, pistoleros o, más recientemente, terroristas. Con esta descalificación fue acosado, aun después de muerto, Lucio Cabañas. De esta manera, la represión o la estrategia que se aplica para reprimir o eliminar se justifica primero como una respuesta natural contra una delincuencia que no tiene ninguna conexión o justificación social, moral o histórica. Así se confunde como un combate contra la delincuencia común la represión movimientos sociales. Por lo tanto, la recuperación justa de estos movimientos no puede alcanzarse solamente con el enjuiciamiento a los Pinochet, Videla, Quirós Hermosillo, Ríos Montt o Acosta Chaparro, sino con una recomposición total de nuestra idea de nosotros mismos, de nuestra idea de sociedad, de nuestra idea de historia, porque están arrojadas a los basureros de las páginas rojas las luchas libertarias de nuestros pueblos.

No reduzcamos a un dilema de técnica jurídica cómo en un momento integrantes de los cuerpos policiacos o de seguridad o de instituciones militares de un país cuentan por omisión o consentimiento con el respaldo de gobiernos para sustraer a individuos del marco jurídico legal, anular el estado de derecho, hacer nugatorios todos los derechos sociales e individuales y desaparecer personas. No es solamente una cuestión de técnica jurídica, es una cuestión de conciencia política, de conciencia social, de conciencia histórica. No puede nuestro esfuerzo ciudadano reducirse a cómo respetar o no, a cómo sentar en el banquillo de los acusados o no a esos criminales, sino cómo reponer en su sitio histórico las luchas que fueron sofocadas de esa manera criminal, asesina, inhumana.

¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, comprender que la guerra no es la abolición del derecho. La evolución de los acuerdos internacionales en materia de guerra son fundamentales para prepararnos ante una historia que no ha terminado. La Operación Cóndor concluyó en cierta faceta y en cierta generación. Pero está preparándose otra serie de operaciones Cóndor en otras regiones del planeta, en otros países de nuestro propio continente. Debemos tener a la vista esa etapa que empieza o que ya está fraguada quizá en este mismo momento desde la Escuela de las Américas, desde el Plan Colombia, desde el plan de ayuda de las elites militares de Estados Unidos para desarrollo agropecuario, de salud y de construcción de viviendas en Centroamérica, y que pronto quizás llegue a Chiapas.

No hay una figura jurídica extendida en todo el continente que pueda ser denominada, por así decirlo, "desaparición forzada de personas". No hay posibilidad entonces de encauzar ningún tipo de querella formal respecto a una figura delictiva así. Como lo han destacado numerosas organizaciones de familiares de víctimas, los familiares solamente pueden recurrir a la figura de muerte presunta para resolver diversos aspectos de filiación.

La desaparición forzada de personas se confunde con una función de servicio de los integrantes de agrupaciones militares o policiacas de los estados, y por lo tanto, no suele verse como una acción de Estado que está anulando precisamente lo que el Estado debe conservar, que es el derecho. En parte podemos tener claro que es necesario avanzar en esta figura jurídica en todas las legislaturas de nuestro continente, pero es necesario también tomar conciencia de esto: las luchas sociales fundamentalmente del siglo XX empezaron a ser no solamente un fenómeno local, sino un fenómeno internacional que atrajo la solidaridad de combatientes sociales desde países de varios continentes. Es lógico que la represión para esos movimientos que tuvieron un eje de solidaridad internacional también se expandiera como una estructura supranacional. Este sistema de combate contrainsurgente se fue perfeccionando a través de varios ejércitos: el estadunidense, el de Israel, el guatemalteco, el argentino, el de Brasil, el de Chile.

La Operación Cóndor no es sino una demostración evidente de que la lucha contra los movimientos sociales formaba parte de un proceso internacional de la guerra fría que no solamente en una sociedad, sino en un conjunto, en una constelación de sociedades, se proponía desarticular los movimientos libertarios. Tal contrainsurgencia internacional o supranacional debe entenderse ahora para lo que pueda ocurrir mañana. Porque los conceptos de seguridad nacional que están privando en este momento en Estados Unidos parten de la idea de una seguridad hemisférica y de una lucha arbitraria y maniquea contra el terrorismo. Una seguridad hemisférica en la que la Casa Blanca conserva al ejército estadunidense a salvo de cualquier contacto nocivo con las fuerzas del narcotráfico y en la que exige que todos los ejércitos latinoamericanos estén en contacto con esa influencia, de tal manera que en poco tiempo los ejércitos latinoamericanos solamente sean fuerzas de complemento y el único contingente militar, formalmente conservado como tal, sea el estadunidense. Si a esto añadimos la estrategia de una economía de libre mercado, que no tiene nada de libre, sino de salvajemente impositivo, una economía hemisférica a partir de los consorcios fundamentales de la americanización, entonces estamos hablando de una presión social no remota, sino inmediata.

No basta, pues, con preservar la memoria de las atrocidades que los ejércitos latinoamericanos han cometido en los últimos 50 años contra campesinos, obreros, maestros, periodistas, grupos indígenas, estudiantes. Necesitamos rescatar, sobre todo ahora, la memoria, la dignidad, la luz de las luchas mismas que fueron masacradas. En este esfuerzo debemos participar todos. Porque estamos justamente en una etapa de nuestro continente cuando surge a la luz la historia de estos movimientos: memorias, correspondencias, testimonios, diarios de combate, diarios personales, procesos judiciales, reclamos de familiares de víctimas. Esa memoria oculta, silenciada, descalificada, debe formar parte de nuestra conciencia actual, del torrente de información, de valor, de orgullo que circule en nuestras arterias vivas. No la memoria solamente del dolor, sino la memoria del valor libertario de nuestras luchas continentales. Tenemos que hacerlo porque en este momento se están descalificando las razones sociales, la causalidad social de muchos movimientos de inconformidad desde Argentina hasta el río Bravo.

Nuestro continente no ha cesado de luchar, no ha dejado de sufrir represión. Necesitamos ver esta criminalidad de Estado de nuestro continente sólo como una faceta de la revaloración de nuestras luchas. Necesitamos esfuerzos editoriales, esfuerzos periodísticos, esfuerzos universitarios, para que el material hasta hace un momento oculto e inédito, o sin trabajar o aún escondido, pueda ser ordenado, analizado, difundido.

He estado en contacto con familiares de víctimas y con sobrevivientes de luchas sociales de varios países y sé que tales materiales son apenas la primera parte de la historia que todavía conservan los sobrevivientes en su memoria. Así que la tarea de reconstrucción histórica de estos movimientos sociales es mayúscula. Solamente a la luz de este esfuerzo destacaremos con mayor claridad la criminalidad de Estado y las barreras que podríamos proponer y oponer a la barbarie que está a punto de volver.

No descartemos que el proceso acelerado de empobrecimiento de la nueva colonización, llamada ahora libre mercado o globalización, seguirá provocando un creciente descontento social mundial; por tanto, no debemos creer que no haya una estrategia ya pensada de represión también de largo alcance.

No sólo esperemos que sean juzgados por crímenes los grandes asesinos que fueron conductores de Estado en nuestro continente. Rehagamos nuestra historia, completémosla, saquémosla a luz, difundámosla. Sería una forma abarcante de defender la memoria de los que cayeron, de defender la memoria de las luchas pasadas y alertar nuestra conciencia social de hoy. Tenemos que reconstruir ese pasado que ha sido, además de masacrado, desfigurado por el Estado. Lucio Cabañas fue un luchador social incansable. Las propias autoridades de su época lo obligaron a tomar las armas y a encabezar una lucha que fue plenamente de autodefensa. Por su honestidad y valor, la lucha de Lucio Cabañas dignificó las montañas de Guerrero y la historia reciente de México. Empecemos por impedir que se sigan descalificando las luchas de hoy. Empecemos por comprender, en la pobreza que se acrecienta, la necesidad de las luchas de hoy.